De las estrategias a las políticas para el sector informal

Se requiere trasladar ocupados del sector informal al formal, pero además será necesario aumentar la productividad y los ingresos de las actividades informales, donde sea posible. El desafío es cómo hacerlo.

La vía más frecuente es el fomento productivo de las actividades informales. Existe una literatura abundante sobre la vasta experiencia acumulada en el ámbito mundial y en particular, en América Latina. Por ese motivo se mencionarán solo brevemente. Las políticas de fomento se concentran en torno a los ejes mencionados más arriba: el acceso a los recursos productivos, el acceso a mercados más dinámicos y a nuevas formas de organización, acompañadas por políticas sociales con efectos productivos sobre los informales en su doble condición de productores y de obtener ingresos insuficientes.

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El acceso al capital, a las calificaciones y a la tecnología son claves para el desarrollo productivo de las actividades informales pues la exclusión es una característica determinante de su bajo nivel de productividad. Las políticas y programas se han concentrado particularmente en el primero dada la discontinuidad observada en el crecimiento de las empresas que requiere montos de capital por trabajador que escapan de las posibilidades de los pequeños productores informales. El acceso al crédito se aborda en diferentes dimensiones entre las que se destacan: la falta de garantías patrimoniales para acceder al crédito, el alto costo del endeudamiento informal, la segmentación del mercado de crédito y la falta de adecuación de las instituciones de crédito para atender las demandas del sector. No existe receta única para enfrentar estos temas y la experiencia ha sido diversa en cuanto a las respuestas que proporcionan desde créditos sin avales en algunos casos, a la constitución de garantías solidarias en otros, o al reconocimiento “ad hoc” del capital informal. El costo se ha enfrentado en algunos casos mediante tasas de interés subsidiadas, aunque estas han tendido a desaparecer, y principalmente mediante la intermediación más eficiente de los recursos disponibles. Las formas institucionales también muestran una gama de arreglos desde la adaptación de los bancos tradicionales, hasta la creación de una banca especializada para los pobres. Las evaluaciones muestran ventajas e inconvenientes, lo que dificulta la determinación de mejores prácticas, pero permite contar con antecedentes para responder a las diversidades locales.

El acceso a mercados más dinámicos es la segunda vía de fomento, pues se requiere romper el círculo vicioso de productores informales para consumidores pobres. Para ello se diseñan programas de comercialización sea generando poderes compradores centralizados, incluso de compras públicas y de penetración de mercados de exportación, o mediante la concentración física de productores para atraer una mayor demanda por ventajas de localización. La tercera vía se dirige a la introducción de cambios de organización sea de la producción, o de la demanda. Ambos buscan la ruptura del aislamiento que emerge de la forma de producción en pequeña escala. Por un lado, se promueve la asociación horizontal de productores bajo diversas formas. Por otro, se refuerzan las tendencias de descentralización de la producción mediante la promoción de vínculos de subcontratación y la constitución de cadenas de producción entre pequeñas y grandes empresas. Un caso especial es la promoción de empresas que suministran servicios de mano de obra o muy cercanos a estas, las maquilas cuyo componente de mano de obra constituye un factor determinante en su producto. En estos casos, el desafío consiste en alcanzar un equilibrio entre el aprovechamiento de las ventajas de descentralización, sin introducir relaciones de explotación y desprotección.

Por último, como se señaló más arriba, las políticas de bienestar social dirigidas a los ocupados en el sector informal y sus familias se inscriben dentro de las políticas contra la pobreza dada su condición de hogares y personas de bajos ingresos. Sin embargo, en las unidades informales la familia y la empresa aparecen mezcladas. Un pequeño negocio es una combinación de relación laboral y familiar; los bienes de capital son a la vez bienes de inversión y de uso familiar. Los recursos son fungibles. Por ello, la falta de cobertura de bienestar social o de un mercado de seguros adecuado a las necesidades, puede constituirse en un obstáculo para el buen funcionamiento económico. Una adecuada cobertura de salud protege al productor informal y su familia, pero también contribuye a evitar el colapso de su sistema productivo unipersonal y familiar.

Menos experiencia existe sobre la necesidad de promover un cambio cultural en el empresariado informal para asegurar una transformación productiva auto sostenida. La actividad informal enfrenta la paradoja de que el cambio de régimen económico, al aumentar la preferencia por la producción basada en la diversificación del producto, en la cercanía con el cliente y en la atención posventa, les genera mejores posibilidades para competir. Son esas justamente las características principales de la informalidad. Pero ellas se producen en un ambiente de relaciones personales y de autarquía. La transformación a través del mercado demanda comportamientos

diferentes y disciplina de plazos de entrega y de calidades. El cambio hace necesario ampliar la red de vinculación con otros productores y con instituciones financieras y del gobierno, que operan con códigos diferentes y constituyen un mundo ajeno para el productor informal.

Aprender y adaptarse a este nuevo entorno significa un cambio cultural que es necesario promover. La apertura económica de los años 80 mostró como los grandes empresarios latinoamericanos fueron capaces de enfrentar el cambio cultural que significó pasar de operar internamente con protección, a competir en los mercados internacionales. Este cambio no fue, sin embargo, solo resultado de la apertura sino también de la acertada intervención pública en promover el desarrollo de nuevos sectores, productos y de nuevos mercados. Este cambio cultural de los informales como productores debe inscribirse en una estrategia más amplia que promueva la formación de ciudadanía económica a la que en la actualidad sólo tienen acceso limitado.12

El sector informal opera más allá de la regulación. Así evita costos, pero pierde oportunidades de incorporarse plenamente al proceso de modernización. Esta exclusión no es plena, sino que prevalece una integración a medias. Es el resultado de una estrategia que minimiza las sanciones eventuales al cumplir con los requisitos exigidos por las leyes y procedimientos, pero no con todos, o en otros casos al recurrir a adecuaciones de los requisitos.

Las políticas tradicionalmente aplicadas han fluctuado entre ignorarlo, perseguirlo o blanquearlo, dependiendo de la orientación de los gobiernos de turno y de la fuerza de los potenciales afectados por su competencia. Estas tres respuestas constituyen aproximaciones parciales a un problema de mayor envergadura, que es el de facilitar el tránsito desde la informalidad a la modernidad, proceso al que nos referiremos a continuación.

Una primera opción que surge es si el sistema de regulación del sector informal debe constituir un sistema especial diferente del vigente para el resto de las actividades y personas ocupadas en sectores más organizados. Esto implica introducir sistemas duales o preferenciales. En general, dicha diferenciación resulta inconveniente tanto por razones de eficacia reguladora como de principios. La diferenciación introduce una apertura a la elusión en la recaudación tributaria y establece barreras al crecimiento de las micro empresas cuando fija montos máximos de capital. En el terreno laboral, afecta principios porque acepta un trato diferente de los trabajadores ante la ley, dependiendo el tamaño de la empresa en que estén ocupados. Por ello en estos ámbitos, y particularmente en el laboral, la preferencia es por un sistema único de regulación (OIT, 1991).

Ello no excluye diferenciaciones de tratamiento como la introducción de sistemas simplificados de impuestos o programas de créditos con tasas preferenciales. Aún en los temas laborales, depende de los derechos que se afecten, pues, por ejemplo, en la negociación colectiva existe una tendencia a aceptar la forma que mejor se adapte a las pequeñas unidades productivas.

Las posibilidades de políticas diferenciadas para la incorporación de los informales a un régimen único son diversas. La primera es el reconocimiento de una situación dual de hecho, pero sin sanción legal. Se reconoce la existencia de la falta de cumplimiento, pero se tolera. Esta lógica de tolerancia se aplica a ciertos derechos laborales que constituyen metas a alcanzar y el grado de progreso hacia las mismas es materia de seguimiento, promoción y fiscalización. Obviamente, este criterio no es aplicable a los derechos fundamentales del trabajo, pues los mismos representan el traslado de los derechos humanos al campo laboral y tienen carácter de obligatorios y universales.13

Una segunda opción, no excluyente de la anterior, es la adaptación de los requisitos de formalización para acercarlos a las posibilidades de los informales. Esto se refiere usualmente a los costos que significa cumplir con la legalidad, a los procedimientos y a los mecanismos de

12

Para un desarrollo más detallado de esta propuesta véase V.E.Tokman, 2001.

13 _{Estos derechos incluyen la libertad de asociación y de negociación colectiva, la prohibición de trabajo esclavo, la no-discriminación}

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formalización. Los costos de la legalidad pueden reducirse sin afectar la unicidad si se reducen para todos los sectores y no sólo para los informales. Esta es la orientación predominante en el campo laboral, donde la tendencia hacia la flexibilización y a la reducción de costos no salariales se introduce para aumentar la competitividad de las empresas grandes, pero deberían redundar en una reducción de barreras de acceso para los informales. La simplificación de los procedimientos disminuye también las barreras de acceso. Regímenes simplificados de registro, reducción y unificación de trámites y procedimientos, se están introduciendo con el objetivo de reducir costos y tiempos involucrados. Estos resultan más onerosos para los informales que carecen de posibilidades de delegación o de asistencia profesional.

Por último, existen posibilidades de acción con relación a los mecanismos de formalización. El reconocimiento de títulos de propiedad como mecanismo de acceso al crédito es de creciente difusión (De Soto, 1986 y 2001). La innovación de la propuesta consiste en simplificar el procedimiento de titulación que reconoce la existencia legal de la propiedad y a adecuarlo a la difundida realidad de propiedad “de hecho” de los informales. La titulación abre las posibilidades de reconocimiento de garantías reales y por esa vía, de acceso al crédito.

Otro mecanismo de formalización que puede modificarse con el mismo objetivo es el reconocimiento contractual de la relación laboral. En Perú, por ejemplo, el 90% de los contratos de trabajo en actividades informales no son escritos, requisito indispensable para tener acceso a las leyes de promoción del empleo. Existe, sin embargo, el contrato verbal por acuerdo de partes, para cuyo reconocimiento bastaría la evidencia de pagos mensuales, la declaración de testigos o el cumplimiento de horarios. La “formalización” de la relación laboral constituye el primer paso necesario de la informalidad a las relaciones laborales reguladas y protegidas.

Otro ejemplo de acción se refiere a la separación patrimonial entre la persona y el empresario que se obtiene generalmente mediante la constitución de sociedades de diversa naturaleza jurídica. Las mismas no responden, por lo general, a las necesidades de la empresa individual que requiere delimitar la responsabilidad patrimonial del empresario. Para ello existen en Perú y Chile, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta figura jurídica habilita para el paso a la formalidad y sus requisitos podrían reducirse aún más, otorgando personería jurídica de manera automática con el registro del empresario.

Las orientaciones anteriores conducen a una visión diferente de la formalización como instrumento para facilitar la incorporación de los informales al proceso de modernización. La extensión de la formalización se justifica, no ya desde la perspectiva de los sectores organizados sino, por el contrario, a partir de los beneficios que el acceso a dicha formalidad puede significar para el desarrollo de las actividades y las personas ocupadas en el sector informal.

Las campañas de fiscalización dirigidas a los informales se justifican usualmente por la necesidad de aumentar las recaudaciones. El costo de estas campañas es alto y su rendimiento escaso. Por el contrario, su beneficio más importante es la incorporación de la actividad informal como sujeto contribuyente lo que induce a la producción de información contable. Ella es requisito indispensable para el desarrollo de negocios al proporcionar un instrumento clave para que el micro empresario incorpore el cálculo económico en su gestión empresarial.

Algo semejante ocurre con el reconocimiento de los contratos laborales, ya que el objetivo no debería ser tanto sancionar la ilegalidad, sino más bien constituir sujetos o ciudadanos que poseen credenciales para incorporarse a la protección laboral en el caso de los trabajadores, o a la lógica de los negocios en el caso de los micro empresarios que deben adecuarse a una relación de trabajo formal.

De manera similar, el reconocimiento de títulos de propiedad permite obtener credenciales de acceso al crédito. La separación patrimonial de la persona y la actividad empresarial, mediante

el reconocimiento de personería jurídica, lo habilita para efectuar contratos y acceder a los mecanismos de promoción. En el caso del comercio ambulante, el reconocimiento de un espacio físico estable y legalizado para desarrollar su actividad, reduce los costos de la informalidad y a la vez puede abrir oportunidades de acceso a nuevos mercados y recursos productivos.

La orientación estratégica presentada anteriormente se dirige al logro de una transformación cultural. Se trata de contribuir a generar nuevas actitudes y comportamientos que permitan el desarrollo de las micro empresas y de los que allí laboran en un ambiente más propicio para su desarrollo integral. La formalización puede abrir una puerta de entrada a la ciudadanía económica plena, la que constituye, a su vez, un requisito previo para estar en condiciones de competir con mayores posibilidades de éxito.

Se propone alterar los énfasis actuales e introduce nuevos derechos y obligaciones. Se propone trasladar la acentuación prevaleciente de las obligaciones a los derechos, pues estos resultan ser instrumentales al desarrollo y al progreso. La habilitación de los derechos puede adicionalmente crear círculos virtuosos, que junto con extender la cobertura del marco de regulación, generen las condiciones para que todos los ciudadanos puedan cumplir con las obligaciones, pero también se beneficien. Esto constituiría el incentivo necesario para que los propios informales sean los principales interesados en efectuar este esfuerzo de formalización y transformación. Serían ellos los principales agentes del cambio para su beneficio y el de sus familias.