Estudio jurisprudencial en el que se invoca causales de exoneración de

desequilibrio económico.

Se analizarán los siguientes casos:

Laudo 6281/1989 en el que se analiza que la excusa alegada como fuerza mayor, para no cumplir con la prestación, excusa que no era ni repentina, ni sustancial, ni previsible.

Caso CLOUT 480 en el que se presenta la confusión de exoneración de responsabilidad con incumplimiento de obligaciones contractuales y situación de modificación sustancial de las condiciones del contrato sin cláusula de equilibrio económico.

El primer caso se refiere a un contrato de venta FOB de acero concluido entre un nacional yugoslavo y otro egipcio. El comprador anunció que deseaba ejercer su derecho a adquirir una nueva cantidad de acero al precio y condiciones fijadas en el contrato. El vendedor se negó a ello. Se presenta la confusión de incumplimiento de contrato por excesiva onerosidad con una situación de fuerza mayor.. Se presenta el aumento de precio en el mercado, excusa alegada para no cumplir con el mismo, que a su vez no era un hecho ni repentino, ni sustancial, ni previsible.

En el Laudo 6281/1989259_{, el Tribunal consideró que no cabía la existencia de}

fuerza mayor, ya que el aumento de precio en el mercado, excusa alegada para no cumplir con el mismo, no era ni repentino ni sustancial ni previsible. Se basó en los supuestos de fuerza mayor. La Convención de Viena establece que una parte no será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, si prueba que el incumplimiento es causado por una dificultad o impedimento ajeno a su voluntad, y que no podía en el momento de la celebración del contrato, evitarlo o superarlo. Es decir que, para efectos de que exista exoneración y que puede reputarse a todas las partes, respecto de sus obligaciones, debe haber estado fuera de su conocimiento y sin forma de preverlo, impedirlo o evitarlo; es decir, la exoneración estaría motivada por un hecho ajeno a su voluntad, que además es imprevisible y que aun pudiéndose prever, no puede superarse. Adicionalmente, el hecho requeriría ser probado por la parte que lo invoca y quien vaya a alegar que no puede cumplir con sus obligaciones por existir una situación de fuerza mayor, deberá comunicar a la otra parte este hecho en un plazo razonable.

Se da, por lo tanto la confusión de situación de fuerza mayor como exoneración de responsabilidad con incumplimiento de contrato por excesiva onerosidad (aumento de precio en el mercado, excusa alegada para no cumplir con el mismo, que a su vez no era un hecho ni repentino, ni sustancial, ni previsible).

259_{Consulta: 28 de noviembre de 2015}

Asunto CCI 6281/1989 (Yearbook, 1990, p.83)

En el caso 54: CCIM 260 el hecho supuesto se refería al incumplimiento por parte de un vendedor italiano de su obligación de entregar las mercancías a un comprador sueco, el demandado. El vendedor italiano demandó la anulación del contrato alegando “eccesiva onerositá sopravenuta”, puesto que el precio de las mercaderías había aumentado entre el momento de la celebración del contrato y de la entrega en un 30%. El Tribunal no aplicó el Convenio de Viena y consideró que, aun suponiendo que fuera aplicable, el vendedor no podía alegar la existencia de gravosidad como motivo de anulación del contrato, puesto que el Convenio no contempla tal situación de remediación ni en su art. 79 ni en otro articulado.

La sentencia del Tribunale de Monza, de 14 de enero de 1993 (II Foro Italiano 1994, 1 p 916) establece la diferencia entre fuerza mayor y otras situaciones afines.261 _El

Tribunal estimó que la CCIM no era aplicable, ya que en el momento de la celebración del contrato la Convención estaba en vigor en Italia pero no en Suecia (art. 1.1a de la CCIM). El Tribunal excluyó también la aplicación de la Convención argumentando que las partes habían escogido la ley italiana para regir su contrato estimando que el artículo 1.1d de la CCIM se aplica únicamente a falta de elección de la ley por las partes. Un tribunal nacional no podría integrar en la CCIM disposiciones de derecho interno que recogieran un derecho de anulación del contrato en caso de gravosidad dado que ésta no es materia expresamente excluida del alcance de la Convención en su artículo 4.

El tribunal presumió que el artículo 79 impone un criterio menos estricto que el de la “imposibilidad” al decidir que el comprador estaba exonerado de abonar intereses por un pago tardío del precio, incluso cuando el pago oportuno hubiese sido claramente

260 _{Consulta: 29 de noviembre de 2015}

Caso 54: CCIM, artículos 1 1ª); 11 b); 4;70 Dist GENERAL

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/4 30 de agosto de 1994

ESPAÑOL Original:INGLES

Italia: TribunaleCivile di Monza 14 de enero de 1993

NuovaFucianiS.p.A. con Fondmetal Internacional A.B.

Publicado en italiano: Giurisprudenza Italiana 1994, I, 146 e Il Foro Italiano 1994, I, 916

Comentado por Bonell en Giurisprudenza Italiana 1994, I, 145 y Di Paola en Il Foro Italiano 1994, I, 917.

<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/biblio/bibl-rev.html>

261_{Carlos Espugles Mota, Contratación Internacional, 330. Consulta: 5 de diciembre de 2015}

posible, aunque el pago no podía esperarse razonablemente, atendidas las circunstancias.

La Corte de apelación (Cour d’appel de Colmar, Francia, 12 de junio de 2001) niega la exoneración del comprador cuando su cliente rebajó considerablemente el precio que pagaría por los productos que incorporaban como componente las mercaderías en cuestión. El tribunal señaló que esa modificación de las circunstancias era previsible en un contrato a largo plazo como el celebrado por el comprador y el vendedor, y concluyó que “correspondía al comprador, como profesional experimentado en la práctica mercantil internacional, prever garantías de ejecución de las obligaciones del vendedor o modalidades de revisión de dichas obligaciones. Como no lo hizo, le corresponde asumir los riesgos de un incumplimiento.”.

En el caso 480262_{: CIM se presenta la confusión de incumplimiento de} obligaciones contractuales y situación de modificación sustancial de las condiciones del contrato sin que exista cláusula de equilibrio económico con exoneración de responsabilidad. El demandado, un fabricante francés de equipo de aire acondicionado para la industria del automóvil concertó un “acuerdo de colaboración” con su proveedor, una empresa suiza (el demandante), el 26 de abril de 1991. Este último se comprometió a entregar al menos 20.000 cárteres en un período de ocho años, de conformidad con las necesidades del cliente del demandado, un fabricante de camiones. Se llevó a cabo una descripción detallada de las mercaderías y se fijó el método de cálculo del precio para la duración total del contrato inicialmente previsto por las partes. Se trata de un contrato a largo plazo en el que no se insertaron cláusulas claras en cuanto a la entrega y puesta a disposición de las mercaderías al comprador para efectos de asumir los riesgos, tampoco se insertaron cláusulas que determinen claramente los ajustes de precio a fin de que no exista desequilibrio económico en el contrato. Como

262_{Consulta: 30 de noviembre de 2015}

Caso 480: CIM 1 1); 30; 53; 61; 77; 79 Francia: Courd’Appel de Colmar Romay AG v. SARL Behr France 12 de junio de 2001

Original en francés

http://www.witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/120601.htm (texto en francés) <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/biblio/bibl-rev.html>

consecuencia de una fuerte caída del mercado del automóvil, el fabricante de camiones se vio obligado a modificar radicalmente sus condiciones de compra, imponiendo al demandado un precio para el equipo de aire acondicionado inferior en un cincuenta por ciento al precio de los componentes incorporados vendidos por el demandante, el demandado manifestó, en un escrito de 6 de diciembre de 1993, su deseo de dejar de utilizar los cárteres fabricados por el demandante en la producción de equipo de aire acondicionado. Al 31 de diciembre de 1993, sólo se habían entregado 8.495 de los 20.000 cárteres. El 19 de junio de 1996, el demandante interpuso una demanda contra el demandado ante el Tribunal de Distrito de Colmar reclamando el pago de una indemnización por daños y perjuicios que ascendía a 3.071.962 Francos suizos.

El Tribunal de Primera Instancia, competente al tenor de lo dispuesto en una cláusula de competencia aplicable en virtud del artículo 17 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Lugano), desestimó la reclamación del demandante para recibir una indemnización. El tribunal se abstuvo de aplicar la CIM en razón de que el acuerdo de colaboración no podía considerarse un contrato de compraventa debido a que no se había determinado la cantidad total de mercancías a entregar. El acuerdo –un acuerdo marco de producción y distribución- se regía por el artículo 4 del Convenio de Roma sobre obligaciones contractuales, y el derecho aplicable al caso era el derecho suizo. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el acuerdo no daba origen a ninguna obligación formal de compra por parte del demandado.

El Tribunal de Apelación revocó dicho fallo, por considerar que la CIM debía aplicarse al “acuerdo de colaboración” como fue denominado. A pesar de la denominación del acuerdo, el Tribunal lo definió como un contrato de compraventa con arreglo a lo dispuesto en la CIM y afirmó que lo importante era determinar el verdadero contenido del acuerdo y verificar si las partes habían consentido en obligarse como comprador y vendedor de acuerdo a los artículos 30 y 53 de la CIM. La designación de las partes como fabricante y comprador, la determinación precisa tanto de las mercancías que se han de entregar como del método de cálculo del precio y la fijación de una cantidad mínima de 20.000 cárteres llevó a la conclusión de que el acuerdo tenía todas las características de un contrato de compra venta. El Tribunal reconoció que el acuerdo no contenía ninguna cláusula que obligara expresamente al demandado a

comprar. No obstante, “cabe deducir del equilibrio económico general del contrato -y de la estipulación particular relativa a la obligación de acumular existencias- que la obligación de entrega asumida expresamente por el demandante conlleva una obligación implícita del demandado de comprar las mercancías que el demandante se comprometió a entregar”. Además, el Tribunal observó que “la obligación de entregar las mercancías -y no de ponerlas a disposición- impuesta a una parte implica el acuerdo anterior de la otra parte de recibir las mercancías al precio convenido y, por lo tanto, el compromiso de esta última de pagar el precio de las mercancías que se le han de entregar”. El Tribunal de Apelación señaló, posteriormente, que el demandado había recibido la cantidad de 8.495 cárteres al finalizar la relación contractual. El demandado no cumplió su obligación, puesto que se había comprometido a recibir y pagar 20.000 unidades. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 61 de la CIM, el demandante tenía motivos para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, salvo que una modificación sustancial de las condiciones de adquisición del cliente del demandado pudiera considerarse motivo suficiente para justificar una exención en virtud del artículo 79 de la CIM. No obstante, el Tribunal hizo hincapié en que esta modificación, que significaba un costo muy elevado para el demandado si continuaba incorporando componentes fabricados por el demandante, no era ni excepcional ni imprevisible en un contrato cuya duración se había fijado en ocho años. El tribunal observó que “correspondía al demandado, como profesional experimentado en la práctica mercantil internacional, prever garantías de ejecución de las obligaciones del demandante o modalidades de revisión de dichas obligaciones. En caso contrario, le corresponde asumir los riesgos de un incumplimiento”. Por consiguiente, el Tribunal de Apelación concluyó que la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios era, en principio, fundamentada. No obstante, el Tribunal consideró necesario llevar a cabo una evaluación de expertos antes de pronunciarse sobre el monto de la indemnización. En el artículo 77 de la CIM se obliga al demandante a reducir las pérdidas. El Tribunal observó que el perjuicio alegado por el demandante –el lucro cesante y el costo de las materias primas inutilizables– podría no haber sido tan elevado si las existencias se hubieran revendido y si la suma invertida en la ejecución del acuerdo se hubiera podido amortizar de otro modo.