La evaluación debe ser utilizada, ante todo, como una herramienta que promueve el bienestar social, que mejore la calidad de vida de las comunidades y que genere un aporte efectivo en el desarrollo de las personas y de los grupos de personas que comparten un objetivo común (Donaldson, 2012). El desarrollo de procesos de evaluación en proyectos sociales, afirman Alsop, Frost y Holland (2006), es vital para recrear la imagen presente y futura que las comunidades poseen sobre sí mismas y
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su entorno, facilitando la identificación de sus problemáticas, necesidades y potencialidades, estableciendo compromisos conjuntos y definiendo las iniciativas y soluciones que permitan mejorar las situaciones adversas.
En torno a la manera de evaluar proyectos sociales, es importante reconocer el análisis planteado por Cohen y Martínez (2010), quienes explican que a diferencia de la evaluación inicial, en la cual se trabaja con objetivos y metas a alcanzar de acuerdo con la planeación, en la evaluación final se utilizan los datos reales, medidos en el proyecto, en donde se miden y estudian los datos relativos a la gestión. Para el desarrollo de un buen proceso de evaluación se deben considerar la disponibilidad de información confiable y válida, que permita generar recomendaciones eficientes que ayuden en el mejoramiento de los proyectos.
Por su parte, Licandro y Echevarriarza (2006), afirman que la evaluación se establece con el fin de determinar si en realidad es conveniente continuar con el proyecto, definiendo estrategias y ajustes que permitan cumplir de manera más efectiva con los objetivos propuestos. Específicamente, en la evaluación de proyectos sociales se deben medir y sistematizar los resultados en torno a factores como cobertura, focalización, eficacia, eficiencia, efectos, impacto y relación entre los costos y el impacto. En todo caso, los resultados de la evaluación deben ser difundidos al interior de la organización, con el objetivo de analizarlos y hacer las correcciones necesarias para generar un efecto positivo en la eficiencia y el impacto.
En este sentido, el principal factor para tener en cuenta en la evaluación de proyectos sociales, es que su principal actor, participante y gestor, sea la propia comunidad que día a día enfrenta las consecuencias de la pobreza y de la vulnerabilidad (González y Rangel, 2006). El Estado, por lo tanto, debe actuar detrás del escenario, cumpliendo el papel de facilitador y asesor, brindando las herramientas técnicas y tecnológicas que se precisan, además de las capacitaciones útiles para promover los conocimientos en torno a temas de producción y de mercadeo entre la población, pero siempre dejándole la última palabra y la toma de
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decisiones a la comunidad, que debe ser la propia gestora de su desarrollo y de su bienestar.
Cohen y Martínez (2010), consideran tres pilares desde los cuales se deben evaluar los proyectos sociales. El primero de ellos es el trabajo, pues es un medio clave del desarrollo social, humano y económico de toda comunidad. El segundo pilar es la participación, la cual debe ser garantizada para cada una de las personas que estén interesadas en promover y generar distintos tipos de iniciativas, y es la base para que cada quien puede expresar libremente sus ideas y opiniones. Por último, el tercer pilar es la solidaridad, ya que cada proyecto debe contar con la cooperación activa de varias personas interesadas, además del apoyo y la asistencia de entidades e instituciones, con el fin de que sea posible cumplir de manera adecuada con los objetivos planteados.
Es importante tener en cuenta el enfoque planteado por Cousins y Whitmore (1998), quienes reconocen la importancia de la evaluación participativa, como una estrategia efectiva para incluir en los procesos de análisis las opiniones, percepciones y experiencias de aquellos que cumplieron una parte activa en el proyecto, como los organizadores, los participantes, los financiadores y los miembros de las comunidades. Es un proceso que debe contar con un diseño y una metodología flexible, pues se basa en el desarrollo de procesos colaborativos basados en la inclusión y en el análisis de diversas perspectivas que permitan evaluar de manera profunda lo que sucedió en la ejecución del proyecto. Principalmente, las razones que plantean estos autores para aplicar un proceso de evaluación participativa son las siguientes:
Permite desarrollar una evaluación más realista, que se ajuste a los hechos, partiendo del análisis de los datos y la información generada por los participantes.
Permite construir una mayor organización y capacidad individual.
Democratiza el proceso de evaluación.
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Permite obtener un entendimiento claro y conciso sobre el proyecto.
Permite consolidar relaciones basadas en la confianza.
Según Donaldson (2012), en lugar de generar una distancia entre investigadores y participantes, por medio de la evaluación participativa se establece un proceso de democratización, una relación horizontal y simétrica en la cual no hay un sujeto que analiza y define las características de un objeto, sino simplemente sujetos que interactúan y que, partiendo de una situación de interpretación específica, se encuentran y se comunican para analizar un proceso o proyecto en particular.
Sin embargo, para obtener las diferentes ventajas que se generan a partir de un proceso de evaluación participativa, es importante realizar un proceso de selección adecuado en donde se establezcan quiénes son los participantes con los que se puede contar para el desarrollo de la evaluación, generando escenarios de diálogo en donde las personas puedan expresar libremente sus opiniones, con el fin de que los análisis realizados sean profundos y efectivos, y manteniendo un control riguroso de los datos, con el fin de poder comunicar los resultados de la manera esperada.
Según Alsop, Frost y Holland (2006), la evaluación de los proyectos sociales que involucra un enfoque participativo promueve el empoderamiento de las personas, en el sentido en que permite analizar las construcciones históricas y sociales por medio de las cuales se establecen las percepciones de los grupos involucrados en torno a un fenómeno en específico. En este sentido, la evaluación surge como un proceso de reconocimiento y de aprendizaje, en donde se integran los conocimientos teóricos de los investigadores sobre una situación o un problema, con las experiencias y saberes que han elaborado las comunidades en medio de su cotidianidad y de sus vivencias particulares.
Un aspecto fundamental de la evaluación al servicio del empoderamiento es su poder transformador, pues le permite tanto al investigador como a las
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comunidades e interesados poner sus conocimientos al servicio de cambios fundamentales en el desarrollo de unas mejores condiciones de vida, con el fin de reconocer y establecer las estrategias que favorecen el progreso, teniendo en cuenta las particularidades del contexto, las necesidades de la población y la manera de aplicar los aprendizajes en el desarrollo social, humano y económico del entorno (Alsop, Frost y Holland, 2006).
Por medio de una evaluación de este tipo se producen una serie de conocimientos que no sólo son de carácter interdisciplinario, sino que también poseen un sentido emancipador, en la medida en que su principal objetivo es el de reivindicar las percepciones y experiencias de las culturas y poblaciones subordinadas ante las representaciones hegemónicas de la modernidad.
Es precisamente a través de esta articulación entre los conocimientos científicos y humanísticos con los conocimientos empíricos, tradicionales, y populares; entre el diálogo que se establece entre los aprendizajes teóricos de los investigadores con la práctica cotidiana y cultural de las comunidades, que se produce el empoderamiento, en medio de la cual los conocimientos se conciben como prácticas, como experiencias vitales que se incorporan a las estrategias de desarrollo y progreso.
Por otro lado, en cuanto a las consideraciones técnicas y metodológicas, la evaluación de los proyectos sociales depende primordialmente de los estudios previos realizados, en donde se contemplen las características de la población, del ambiente y del mercado. En este sentido, las dos primeras condiciones que posibilitan el examen a través de un proceso evaluativo son: que sus propuestas sean congruentes con las problemáticas y los contextos, y que sean sustentables en relación con el medio natural (García y Ramírez, 2009,).
El desarrollo exitoso de proyectos sociales diseñados por la población vulnerable, sólo puede darse mediante el papel de organizaciones que ayuden a compensar las carencias que enfrenta este tipo de población, brindándoles una
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asesoría efectiva para poder alcanzar los resultados propuestos. Por otro lado, los principales aspectos en los que deben fijarse la evaluación de los proyectos sociales, acorde a RedeAmérica (2010) son:
1) El alcance, analizando qué grupos sociales se beneficiaron y qué actores se involucraron en el proceso.
2) La amplitud, delimitando con precisión cuál fue el conjunto de capacidades humanas que se promovieron y potenciaron.
3) La apropiación, enfocándose en el papel de los individuos como actores claves en su propio desarrollo.
De lo anterior se puede deducir que el éxito de los proyectos depende de la cooperación y la solidaridad que exista entre los participantes, y de la ayuda eficiente de entidades y de instituciones que presten el apoyo financiero y técnico necesario para poder planear y ejecutar las estrategias que permitan obtener una serie de beneficios útiles para los participantes. Por ello, es posible afirmar, según García y Ramírez (2009), que el desarrollo exitoso de diversos emprendimientos no depende únicamente de las capacidades de la población, sino también de un tejido de relaciones existentes entre instituciones, organismos del estado, organizaciones sociales y entidades. El análisis y evaluación de estas redes es vital para establecer recomendaciones que ayuden al fortalecimiento de los proyectos, puesto que ayudan a incentivar la vocación y el espíritu emprendedor y productivo de la comunidad, favoreciendo la mejora en la calidad de vida de la población local.
En conjunto, el análisis que se ha planteado en este apartado permite comprender e identificar una serie de criterios que deben tenerse en cuenta para el
desarrollo del proceso de evaluación al proyecto “Mambrú NO va a la guerra… Este
es otro cuento”, estableciendo los aspectos que se deben analizar para poder
proponer un conjunto de recomendaciones efectivas que ayuden a mejorar el diseño y planteamiento de esta tipo de intervenciones sociales.
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Finalmente el modelo de evaluación para el proyecto “Estrategia de promoción
de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se desarrollara a través de la formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales de la CEPAL, en el cual especificara los alcances, el cumplimiento de los objetivos del proyecto y que diseños de la estrategia se quedan cortos a la hora de la formulación, implementación y evaluación.
5.1 ¿Que es un proyecto social?
Según la CEPAL en su manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema. Un proyecto social debe cumplir las siguientes condiciones:
1. Definir el o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto).
2. Tener objetivos de impacto o de productos claramente definidos (proyectos con objetivos imprecisos no pueden ser evaluados).
3. Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto (la que teniendo las necesidades no puede satisfacerlas autónomamente vía el mercado). 4. Especificar la localización espacial de los beneficiarios.
5. Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización.
Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solucionar autónomamente, con una caracterización y localización espacio-temporal precisa y acotada.
El proyecto de la “Estrategia de promoción de derechos del los niños, niñas y
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conjunto con el análisis que se realizara en el capitulo 6 del presente documento, mostrará las dificultades en el diseño de la evaluación, su formulación e implementación y el fracaso en especificar indicadores de impacto, en un proyecto en el cual su metodología es cualitativa y descriptiva.