Las expectativas de Colombia en torno a la negociación de un Tratado de Libre

UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS

El debate sobre la pertinencia o inconveniencia de la suscripción de tratados de libre comercio, en especial con naciones económica y socialmente más desarrolladas, por supuesto está permeado de ideologías políticas. El propósito del presente trabajo es, precisamente, abordar uno de los tratados de libre comercio que ha celebrado Colombia desde una perspectiva pragmática antes que ideológica. Sin embargo, dentro de esa búsqueda necesariamente hay que hacer alusión a las voces disidentes de este TLC, las cuales, en nuestra opinión, gozan de la suficiente autoridad como para evidenciar cuáles fueron los errores o falencias en los que el Estado colombiano incurrió en la negociación y suscripción del TLC con los EE.UU. Así las cosas, en el presente acápite se hará constante referencia a los estudios elaborados por los académicos Luis Jorge Garay Salamanca y Fernando Barberi, quienes cuentan con importante experiencia y estudios en la temática aquí propuesta y que de contera, dada la rigurosidad de sus investigaciones, es posible no endilgarles un tinte ideológico en sus afirmaciones.

Desde los albores de las tratativas del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el MADR, en ese entonces en cabeza del Dr. Carlos Gustavo Cano, se preocupó por encargar estudios que dieran luces para abordar la negociación de dicho Tratado, de manera que el sector agrícola colombiano se viera beneficiado por tal acuerdo comercial. De esta forma, en el año 2004, bajo el auspicio de dicho Ministerio, se publica una interesante investigación elaborada por Garay Salamanca y

Barberi Gómez, titulada “El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos”, donde se proponen lineamientos para encarar las negociaciones.

Por esta época, dentro de los países en vías de desarrollo existía gran expectativa en la celebración de acuerdos comerciales, más cuando en la Declaración de Doha de 2001, 146 países se habían comprometido, por consenso, a:

(…) celebrar negociaciones encaminadas a lograr: mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio (…) Convenimos que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones (…).

En este sentido, hablar de tratados de libre comercio con países desarrollados dejaba de ser una utopía, pues se decía que los países en desarrollo tendrían un trato especial y diferenciado que les permitiría sacar ventajas en las negociaciones con los primeros, más aún cuando las distorsiones de precios provocadas por las subvenciones a las exportaciones y los subsidios a la agricultura terminarían.

Ello era muy relevante si se tiene en cuenta que EE.UU., según lo afirmado por Garay y Barberi en su publicación de 2004 (p. 114 – 115), es el mayor productor y exportador de bienes agrícolas en el mundo y el agente dominante del mercado, incluso fijador de precios, en productos fundamentales del comercio agrícola internacional como lo son la soya, el maíz, sorgo, trigo, la carne de aves y res, algodón, cereales y nueces, la mayoría de los cuales reciben importantísimos subsidios que les permite vender sus productos por debajo de los costos de producción.

La Declaración de Doha no fue más que un canto a la bandera, ya que tan sólo un año después, Estados Unidos aprobaba la nueva Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural (Farm Bill 2002), otorgando a su sector agrícola subsidios un 75% mayores que los que les reconoció entre 1996 y 2002 con la antigua ley. Como respuesta a ello, las naciones europeas hicieron lo propio, negándose a disciplinar las ayudas directas otorgadas a sus agricultores, como lo habían prometido en el 2001 (Garay Salamanca, L.J & Barberi Gómez F., 2004, p. 6).

Las esperanzas, por consiguiente, estaban puestas en el mantenimiento o creación de mecanismos de estabilización de precios, derechos antidumping automáticos, derechos compensatorios, contingentes arancelarios, mecanismos de administración de los mismos y salvaguardias especiales agropecuarias automáticas. Todas éstas, medidas que permitieran romper con las distorsiones de mercado provocadas por las ayudas internas que los países desarrollados se negaban a abandonar.

En particular, Colombia tenía una gran esperanza de recibir un trato benevolente en las negociaciones del TLC con EE.UU., gracias al papel histórico de aliado político y comercial con esta nación y su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

No menos importante, es necesario tomar en consideración para la negociación de un TLC bilateral que Colombia es un país importante para los Estados Unidos no solamente por su participación en el déficit de la balanza comercial agropecuaria estadounidense (7.4%), sino también por su ubicación geográfica, su acceso a los dos océanos y fundamentalmente por su tradición democrática y sus relaciones políticas que lo constituyen quizá en el más fuerte aliado con que cuentan en América Latina. En estas circunstancias, resulta crucial enfrentar la negociación con una posición proactiva con

propuestas innovadoras y constructivas y partiendo de la premisa de que la celebración del Tratado debe beneficiar al país, garantizando un tratamiento adecuado y equitativo a Colombia por el papel que desempeña en la agenda política, económica y de seguridad de los Estados Unidos y el Hemisferio Americano, en general (Garay Salamanca, L.J & Barberi Gómez F., 2004, p. 176).

Indispensable resultaba también la preservación del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) (o de uno igual, similar o equivalente) a través del cual fuera posible defender al producción nacional de la competencia desigual originada en las ayudas internas de los EE.UU., así como la creación de una salvaguardia especial agropecuaria automática para proteger a los productos no cobijados por el SAFP de las ayudas distorsionantes (Garay Salamanca, L.J & Barberi Gómez F., 2004, p. 187 y 188). Lo anterior, particularmente sustentado en el hecho que mientras Colombia protege sus productos agropecuarios a través de medidas arancelarias (que desaparecerían con el TLC) y mecanismos de estabilización de precios (SAFP), los EE.UU. lo hacen esencialmente mediante el otorgamiento de ayudas internas, las cuales no están dispuestos a eliminar.

Es muy significativa la diferencia de la participación de las transferencias al sector [agrícola] en el valor de la producción y el PIB agropecuarios entre los Estados Unidos y Colombia (51% vs. 11%). La política de protección a la agricultura de los Estados Unidos está basada en ayudas internas, mientras que la de Colombia se sustenta en protección de frontera (aranceles) (Corchetes fuera del texto) (Garay Salamanca, L.J & Barberi Gómez F., 2004, p. 131).

Como ulteriormente lo admitirían estos autores en su publicación del año 2006, Colombia inició negociaciones con expectativas muy altas que a la postre no se vieron reflejadas en la realidad material del Tratado e incluso cediendo en la supresión de los mecanismos estabilizadores de precios con los cuales contaba para hacerle frente a la competencia inequitativa con los Estados Unidos:

En términos generales pude afirmarse que quizá la posición inicial colombiana resultó excesivamente ambiciosa y las expectativas que se generaron fueron demasiado optimistas, posiblemente por la confianza que existía en el sentido de que los Estados Unidos reconocerían los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como por la importancia del campo colombiano para la estabilidad política, económica y social del país (Garay Salamanca, L.J et al., 2006, p. 44).

Adicionalmente, el estudio aludido concluyó que las posibilidades de Colombia de incrementar y diversificar de forma significativa sus exportaciones agropecuarias (pues se establece que las exportaciones de Colombia a ese país están concentradas en pocas partidas arancelarias), dependía de que en la negociación se incluyera la eliminación tanto de las barreras arancelarias como no arancelarias, la armonización y homologación de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la cooperación técnica y financiera para ajustar la producción nacional a los estándares requeridos (Garay Salamanca, L.J & Barberi Gómez F., 2004, p. 149).

La importancia de la homologación y armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias radica en que es a través de ellas que el comercio bilateral, aún cuando se celebre un TLC, se obstaculiza de manera significativa dados los altos parámetros exigidos por las autoridades sanitarias de los países desarrollados, en este caso de los EE.UU. Sin la cooperación en esta

materia, la materialización de un TLC, es decir, el real acceso a los mercados, resulta muy complicada.