EXPLOTACIONES GANADERAS EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Un largo conflicto, que ha renovado su interés en los últimos meses en Navarra, es el de las explotaciones ganaderas enclavadas en los núcleos de población. En él apa- recen contrapuestos, de un lado, los intereses sanitarios y ambientales de la población en la que están instaladas las explotaciones y, de otro, intereses sociales y económicos de sus titulares, al tratarse de explotaciones modestas y con escasas perspectivas de futuro. Desde el punto de vista jurídico el problema radica en la concurrencia de nor- mas –sanitarias y ambientales– y de competencias de órganos administrativos de distin- tos tipos. De ahí el interés que tiene este conflicto en el desenvolvimiento de un princi- pio como el del desarrollo sostenible que trata de conciliar tres perspectivas distintas: la social, la económica y la ambiental.

Los antecedentes del problema se encuentran en el Decreto Foral 188/1986, de 24 de julio, que estableció las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales exigibles para la autorización de explotaciones pecuarias. Entre dichas condiciones se encuentra el régimen de distancias mínimas que las explotaciones pecuarias deben mantener con los suelos urbano o urbanizables, con los núcleos rurales y viviendas ais- ladas y con otras infraestructuras e instalaciones (vías de comunicación, mataderos, pozos y manantiales, etc.)98_.

Pero dicho régimen es exigible únicamente a las explotaciones pecuarias de nueva implantación. Para las explotaciones ya existentes se prevé un régimen especial que distingue entre las explotaciones ubicadas dentro de núcleos rurales y las situadas en núcleos urbanos, considerándose rurales los núcleos que no superen los 300 habitan- tes de derecho99_:

— Las explotaciones existentes en núcleos rurales podían permanecer en ellos previo trámite de legalización: se les concedía un plazo de seis meses para solicitar la licencia de actividad clasificada y prácticamente se les garantizaba su concesión100_{. Si}

98. Artículo 8: «1. Las explotaciones nuevas, cuya implantación se promueva a partir de la entrada en vigor de este Decreto Foral, mantendrán una distancia mínima hasta el perímetro del suelo clasificado como urbano o urbanizable de los núcleos de población urbanos de: 100 metros en el caso de núcleos de más de 300 y menos de 500 habitantes; 300 metros en el caso de núcleos de más de 500 y menos de 1.000 habitan- tes; 500 metros en el caso de núcleos de más de 1.000 y menos de 5.000 habitantes, y 1.000 metros en el caso de núcleos de más de 5.000 habitantes.

2. La distancia mínima a mantener por las explotaciones respecto a los núcleos rurales y viviendas ais- ladas será de 50 metros. En zonas de viviendas diseminadas, se podrá disminuir esta distancia contando con la autorización escrita de los propietarios de las viviendas implicadas.

3. Además de las distancias señaladas, deberán mantenerse para los supuestos específicos que se seña- lan a continuación, las siguientes:

-A vías de comunicación de la red principal, nacional, comarcal y local, las dictadas por la normativa general.

-A cursos de agua naturales y pozos no destinados a consumo, 35 m. y si son zonas de baño tradiciona- les, 200 m.

-A pozos y manantiales de abastecimiento, 200 m. y se prohibirá, en cualquier caso, dentro del períme- tro de protección, cuando lo haya.

-A espacios protegidos y parques de uso intensivo o recreativos, 200 m. con carácter general. -A mataderos, 1.000 m.

4. El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente podrá modificar estas limita- ciones de distancias en casos concretos, aumentándolas o disminuyéndolas, en función de la peculiar topo- grafía del terreno, orientación de los vientos dominantes, diferencia de cotas, o circunstancias similares.»

99. Artículo 3 del Decreto Foral 188/1986.

100. El artículo 6.1 terminaba afirmando que dicha licencia «será concedida siempre que las condicio- nes higiénico-sanitarias no sean gravemente deficientes».

no solicitaban la autorización en el plazo de seis meses o se les denegaba se les pasa a aplicar el régimen previsto para las explotaciones en núcleos urbanos101_.

— Las explotaciones existentes en núcleos urbanos (recuérdese que son los de más de 300 habitantes) que no dispusieran de licencia de actividad, se les permite la permanencia en determinadas condiciones durante un período de tolerancia, terminado el cual debían abandonar el núcleo urbano. Así lo ordenaba el artículo 7.1 del Decreto Foral:

«Las explotaciones pecuarias existentes dentro de los núcleos de población urbanos o a distancia de éstos inferiores a las señaladas en el número 1 del artículo 8 de este Decreto Foral, que no dispongan de licencia de actividad legalmente tramitada o no se ajusten a lo determinado en ésta, deberán desaparecer en un plazo de quince años, sin perjuicio de que se les pueda exigir en todo momento el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y ambientales que sean precisas. En razón de las características de ciertos núcleos de población urbanos a los que afecte esta norma, los Ayuntamientos respectivos podrán realizar ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente una solicitud razonada para que dicho plazo sea ampliado o redu- cido.»

Según estas previsiones, por tanto, las explotaciones pecuarias que no contaran con licencia de actividad clasificada debían desaparecer de los núcleos urbanos el 6 de agosto de 2001. Y en el mismo plazo desaparecerían las explotaciones pecuarias de los núcleos rurales que no hubieran solicitado la legalización de su actividad antes del 6 de febrero de 1987.

Pero tempus fugit y al fin, ese plazo de tolerancia –que no cabe sino calificar de generoso– llegaba a su término102_{. La ecocondicionalidad exigida por la normativa}

comunitaria –y la navarra de aplicación– exigía contar con la licencia de actividad para poder acceder a las ayudas públicas. Y las explotaciones en núcleos urbanos o en núcleos rurales que no se legalizaron en su momento, ya no podían ser autorizadas.

Pues bien, la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal irrumpe en este escenario y amplía el plazo de tolerancia en dos años (y un día) más. Pero deja claro que las explotaciones en cuestión no podrán ser beneficiarias de ningún tipo de ayuda pública relacionada con la ganadería. Esto es lo que dice el primer párrafo de su Disposición Transitoria Primera:

«Las explotaciones pecuarias que existan el 7 de agosto del año 2003 dentro de núcleos de población y que carezcan de licencia de actividad clasificada o de aper- tura o autorización administrativa equivalente, o no se ajusten a lo determinado en éstas, no podrán ser beneficiarias, salvo que exista informe favorable del Departa- mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de ningún tipo de ayuda pública relacionada con la ganadería, que se otorgue por la Administra- ción de la Comunidad Foral de Navarra con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra o al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola».

Para garantizar esa imposibilidad de acceso a las ayudas se prevé, en el segundo párrafo de esta Disposición, que dichas explotaciones sean «calificadas de oficio en el Registro de Explotaciones Agrarias como explotaciones ganaderas que incumplen la normativa vigente sobre condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales».

101. O más exactamente sólo se les aplicaba el régimen previsto en el artículo 8.1 del Decreto Foral 188/1986.

102. Antes había cambiado la legislación reguladora de las actividades clasificadas en Navarra con la aprobación de la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la protec- ción del medio ambiente y su Reglamento, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero. No obs- tante, esta legislación no se inmiscuyó en el régimen de las explotaciones pecuarias en los núcleos urbanos.

Finalmente, el párrafo tercero prevé la clausura de las citadas explotaciones previa audiencia del interesado, y sin que corresponda a éste ningún derecho a indemnización.

La Ley Foral de Sanidad Animal no derogó, ni modificó las disposiciones del Decreto Foral 188/1986, de 24 de julio, que recuérdese, establecía no sólo las condicio- nes higiénico-sanitarias de la autorización de las explotaciones pecuarias, sino también las ambientales. Con esta disposición se pasaba la «patata caliente» al Departamento de Medio Ambiente que, junto a los municipios, es competente para ejercer la inspección y vigilancia de las actividades clasificadas y, en su caso, para clausurar y sancionar las actividades no autorizadas.

El Departamento de Medio Ambiente, sin embargo, optó por modificar el Decre- to Foral de 1986, mediante el Decreto Foral 268/2001, de 24 de septiembre, con la fina- lidad – según indica su exposición de motivos– «de conciliar la norma precedente a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal, que refleja la voluntad del Parlamento de Navarra de prorrogar por dos años más el plazo de quince años que se fijó en 1986». De manera se dio una nueva redacción al artículo 7 del Decreto Foral 188/1986, que ahora dispone que «las explotaciones pecuarias existentes dentro de los núcleos de población urba- nos(...) que no dispongan de licencia de actividad legalmente tramitada o no se ajusten a lo determinado en ésta, deberán desaparecer antes del 7 de agosto del año 2003, sin perjuicio de que se les pueda exigir en todo momento el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y ambientales que sean precisas».

La ampliación del plazo de tolerancia es, de todas formas, un mero parcheo a un problema que tiene difícil solución cuando se carece de voluntad suficiente para adop- tar decisiones que, por más justificadas que estén, no dejan de ser duras.

Las explotaciones ganaderas afectadas por no haber podido legalizar su situación son aproximadamente 921. Pues bien, la prensa navarra ha informado en el mes de octubre de 2002, de que los sindicatos agrarios y el Gobierno de Navarra han llegado a un acuerdo –no escrito, o al menos no publicado– por el que las explotaciones que no hayan interrumpido su actividad y no cumplan las distancias exigidas podrán seguir funcionando hasta que el titular cese o se jubile, sin que pueda ceder la explotación a terceros, salvo cónyuges o hijos. Estas explotaciones quedarán registradas ante el Gobierno de Navarra y contarán con un «documento» que hará de licencia a todos los efectos. De esta manera queda cumplida formalmente la exigencia de la licencia y se garantiza que no perderán las ayudas públicas.

No obstante, todavía no se han aprobado las medidas –legales y reglamentarias, que son precisas para aplicar ese acuerdo. Y habrá que ver la reacción de los munici- pios. Porque es a ellos a quienes corresponde en primera instancia la legalización de las actividades y esa «legalización» del Gobierno puede vulnerar las competencias locales. Téngase en cuenta que ni los municipios, ni los vecinos afectados por la vecindad de las explotaciones han participado en dicho acuerdo. Y no cabe descartar que algún municipio opte por eliminar esas explotaciones de sus núcleos.

VII. EPÍLOGO: INTENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO