Italia se ve en la necesidad de cooperar con un tercer país puesto que existen varios aspectos geográficos y estructurales que así lo requieren. Italia tiene una infraestructura limitada para recibir el gran número de migrantes que llegan y altos costos para mantener tanto los centros de detención como los procesos judiciales llevados a cabo para formalizar la situación de los extranjeros que entran de manera irregular. Hay que tener en cuenta también que Italia tiene un mercado laboral limitado, y asimismo, un área costera larga que facilita la entrada de los migrantes y que requiere vigilancia especializada. Por estos factores es que el gobierno italiano tiene tanta dificultad para controlar los flujos migratorios dentro de su territorio. Además, como se ha dicho anteriormente, las costas italianas son el puerta de las fronteras europeas, por lo tanto, existe una presión constante por parte de los Estados miembros de la Unión Europea manifestando que el gobierno italiano debe implementar controles migratorios más estrictos para hacerle frente a la migración irregular.
La externalización del control migratorio consiste en “cambiar el lugar en donde se
hace el control de los viajeros, del país al que se quiere entrar, al país de donde proviene el
viajero. El proceso se ha definido como “vigilar a distancia” puesto que los controles son
ejercidos fuera del territorio27” (Paoletti 2011, pág. 273). Esto se evidencia en el caso de
Italia y Libia ya que el gobierno italiano se encarga de brindarle ayuda para fortalecer su seguridad, contribuyendo con técnicas de vigilancia, entrenamiento policial, asistencia técnica y financiación para la construcción de centros de detención, entre otros, a cambio de que Libia intercepte a los migrantes que intentan llegar a las costas italianas. Italia hace una transferencia de responsabilidades ya que es el gobierno libio quien tiene que recibir a los migrantes y hacerse cargo de ellos cuando son capturados en el Mediterráneo.
33 “La externalización de los controles migratorios libera a los Estados de algunas de
las restricciones legislativas y judiciales que se enfrentan a nivel nacional” (Tucci 2013,
pág. 49). Mediante este proceso no se está incurriendo en la ilegalidad pero sí se están evadiendo las responsabilidades que tienen los Estados con los migrantes y personas que
buscan refugio y asilo. Este proceso de externalización “tiene como objetivo conciliar las
responsabilidades de los Estados europeos de proveer protección a los refugiados, con la minimización de sus consecuencias económicas y sociales y políticas.”(Tucci 2013, pág.
49).
La externalización está compuesta por dos dimensiones. La primera hace referencia al fortalecimiento de la capacidad, la cual se refiere al desarrollo y fortalecimiento de las redes de protección de migrantes y solicitantes de asilo en un tercer país para que los Estados miembros de la UE puedan firmar acuerdos de readmisión. Y la segunda es la transferencia de los solicitantes de asilo de la UE a centros de transito administrados por miembros de la UE en un país tercero. (Tucci 2013 págs. 49-50) En el caso ítalo-libio, la primera dimensión no aplica puesto que como se ha dicho anteriormente, Libia no hace parte de la Convención de 1951 del status de refugiados. Es poco factible que Italia logre que el gobierno Libio firme y ratifique la convención y por lo tanto no puede fortalecer esos mecanismos de protección. En cuanto a la segunda dimensión, Italia sí ha financiado centros para migrantes indocumentados en Libia: en el 2003 en Gharyan, ciudad que se encuentra cerca de Trípoli, y en años siguientes campos adicionales fueron financiados en Kufra y Sebah. (Klepp 2010, pág. 80)
La transferencia de responsabilidades de Italia a Libia se hace evidente por medio de la política de externalización. Italia se está encargando de fortalecer el aparato policial y de seguridad de Libia para que pueda hacerle frente a la migración irregular. El control de las fronteras y la intercepción de los botes recaen en el gobierno libio, quien ahora decide qué hacer con los extranjeros que son interceptados. Y es aquí donde se critican los acuerdos existentes entre Italia y Libia, ya que no existe ninguna institución que regule las condiciones en las que se encuentran los migrantes que son capturados. Además, algunos de los acuerdos que existen entre ambos países son de carácter informal y los formales no
34 están publicados; lo cual hace más difícil la tarea de monitorear los Derechos humanos y el destino que corren estos individuos.
Otra de las formas que los Estados Europeos y en particular Italia traspasan y evaden la responsabilidad de tratar con los migrantes y los solicitantes de asilo es mediante
el concepto de “tercer país seguro”28. Es decir, que los Estados miembros tienen el derecho de rechazar la solicitud de asilo y enviar al demandante a un tercer país en el cual tenga la oportunidad de aplicar a la protección que brinda el asilo, con la condición de que el Estado haga parte de algún tratado internacional para los refugiados. Sin embargo este mecanismo una vez más demuestra que los Estados de la UE están transfiriendo la responsabilidad a terceros países, comprometiendo el sistema de asilo y exponiendo el bienestar de los individuos que solicitan asilo y refugio si se les envía a un país que no tiene las condiciones para mantenerlos a salvo.
El gobierno italiano tiene varios acuerdos de readmisión con Estados africanos que permiten regresar a los migrantes o solicitantes de asilo al tercer país seguro. Estas medidas comprometen la vida de los individuos que son enviados a Libia, pues no tiene un sistema de asilo ni hace parte de la Convención del Status de Refugiado. Italia entonces estaría incumpliendo tratados internacionales al transferir la responsabilidad de los solicitantes de asilo a su país vecino.
La securitización de la migración trae como consecuencia la externalización de esta misma, ya que el Estado receptor, en este caso Italia, la considera como una amenaza a su
territorio y población. Italia toma la decisión de dejarle el “trabajo sucio” a Libia, teniendo
en cuenta que es un país con dificultades en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Paradójicamente, el gobierno italiano incurre en altos costos por la cooperación y la financiación a pesar de que los resultados no sean los esperados, la migración irregular continúa llegando a las costas italianas y de la misma manera siguen sin existir garantías para mejorar la situación de los migrantes y solicitantes de asilo que son capturados.
35 3. INFLUENCIA DE LA COOPERACIÓN MIGRATORIA ÍTALO-LIBIA EN