1 PUNTO DE PARTIDA CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
1.6 Fabricio, el hermano incómodo de Rafael Correa
En 2009, un equipo de investigación del diario Expreso descubre que Fabricio Correa, hermano mayor del presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, tiene contratos privados con el Estado por más de 100 millones de dólares; figura que está prohibida en la Constitución debido al conflicto de intereses que genera. La pesquisa dura más de dos meses.
El perjuicio para el Estado, según la Contraloría General del Estado (CGE), fue de 167 millones de dólares. El Gobierno verifica la ilegalidad en las contrataciones y termina unilateralmente con todas las adjudicaciones que tenía Fabricio a través de sus empresas que van desde la construcción de carreteras y puentes, hasta canales de riego. Esto provoca un distanciamiento entre los dos hermanos y un enfrentamiento verbal.
Es más, Fabricio, de 53 años de edad, crea un movimiento político de derecha denominado Equidad, Progreso y Orden (Equipo), para enfrentar en la arena política a Rafael como un referente opositor, recordando que el menor de los Correa es de izquierda moderada. Sin embargo, su agrupación no fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no pudo enfrentarse en las elecciones generales del 17 de febrero de 2013.
Si esto hubiera ocurrido, hubiese resultado un acontecimiento inédito en la historia política de Ecuador con dos hermanos -candidatos- enfrentados entre sí para llegar a la Presidencia. Algunos analistas dicen que Correa impidió que su hermano se enfrentara con él porque Domingo Paredes, titular del CNE, fue un ex colaborador de su Gobierno; más no porque no completó el número de firmas necesarias para legalizarse como tienda política.
46 La LOC rompe paradigma tecnomercantil de medios. Publicado por diario El Telégrafo. Sección Política. Quito 8 de noviembre de 2013.
El meollo de esta pesquisa se extendió a un debate público en torno a que si el Primer mandatario conocía de los contratos de su hermano que, según una Veeduría Ciudadana, se vieron favorecidos en su adjudicación. Es más, la investigación llega a las cortes de justicia del país porque dos de los cuatro periodistas investigadores, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, después de publicar la serie de 5 entregas en diario Expreso de Guayaquil, también editan un libro titulado: “El Gran Hermano”.
Esta pesquisa puso en aprietos al Gobierno porque la Contraloría General del Estado (CGE) ratifica su autenticidad. Lo único que no se logró esclarecer es si conocía de los contratos. Rafael lo niega, pero Fabricio afirma que sí sabía.
El equipo de investigación también estuvo conformado por María Elena Arellano y Mario Avilés. Los cinco reportajes salieron a la luz en Expreso del 14 al 17 de junio de 2009 bajo el título: “Fabricio Correa: el Holding”. Lo cierto es que en la página 458 del libro de 460 páginas (Paradiso Editores; 2010) Calderón y Zurita aseguran que Rafael conocía de los contratos de Fabricio y no hizo nada por evitar las adjudicaciones y sancionar a los responsables47.
Por esa afirmación, realizada a manera de pregunta, Rafael enjuició a Calderón y Zurita por daño moral y solicitó en la Corte de Pichincha 10 millones de dólares como indemnización. La segunda Sala de lo Civil, de la mencionada jurisdicción, falló a favor del Presidente y los condenó a dos años de cárcel y a pagar $ 2 millones por daño moral (…). Después de la condena, el 27 de febrero de 2013, el Jefe de Estado anuncia un “perdón sin olvido” para los periodistas investigadores, por lo que se anuló el fallo a su favor.
1.7.1 El “Gran Hermano”
La investigación empieza en Loja, ubicada al sur de Ecuador, cuando Freddy Bravo, candidato a asambleísta, en ese entonces, por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian, de derecha), declara el 21 de abril en el noticiero Hora 7 de Teleamazonas
47 ¿Qué hubiera pasado si la investigación periodística no hubiese revelado esta relación de negocios entre el hermano contratista y funcionarios del Gobierno del hermano Presidente? ¿Fabricio Correa habría seguido acumulado millonarios contratos a través de empresas vinculadas y el Gobierno habría simulado no darse cuenta?, cuestionan ambos autores en la página 458 del Libro Gran Hermano.
que Fabricio Correa, hermano mayor del presidente de la República, Rafael Correa, compra Cosurca, una empresa constructora de esta ciudad, para “beneficiarse de los contratos” - que eran seguros por una declaratoria de emergencia- para realizar una serie de obras prioritarias en todo el país.
El equipo de investigación del Expreso, liderado por Juan Carlos Calderón, toma nota de la declaración de Bravo y conforma un equipo de trabajo para explorar el caso y analizar sus posibilidades e impedimentos. Suma a tres periodistas de este medio: Christian Zurita, María Elena Arellano y Mario Avilés.
El equipo se acerca al candidato opositor, enemigo político de Rafael, para que les facilite la documentación que este posee y empezar a armar el rompecabezas. Después de sus declaraciones públicas, Bravo es enjuiciado por Fabricio ante el Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil, donde solicita un millón de dólares de indemnización por daño moral.
Bravo facilita al equipo un listado con una docena de empresas en las que Fabricio es accionista. Entre ellas Quality Outsourcing, Ivanhoe, Megamaq (antes Swimwear), Aplitec, Consorcio Rellenos y Plataformas, Consorcio Amazónico, International Energy Overseas Corporation (IEOC). Esta última creada en Panamá, hasta donde viajaron a verificar su constitución y más datos que les podrían servir como hilo conductor. En Ecuador la investigación los desplaza a 11 ciudades, a saber, Quito, Guayaquil, Durán, Loja, Manta, Quevedo, Babahoyo, Coca, Celica, Alamor y Zapotillo.
La pesquisa empieza a revelar que las empresas de Fabricio tienen contratos con instituciones públicas como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Petroproducción (filial de Petroecuador, la empresa estatal de petróleos), Predesur e Hidrolitoral-Cedege, entre otras instituciones dedicadas a la contratación y construcción de carreteras, puentes, canales de riego, viviendas, entre otras obras de infraestructura.
En más de un mes de investigaciones, para mayo, los seguimientos van demostrando las relaciones y vínculos que permiten a Fabricio sacar provecho en pos de sus intereses valiéndose de “empresas de papel y testaferros”, según afirman los investigadores. El equipo de Calderón manejó una lista de 50 fuentes humanas y documentales.
Entre las fuentes humanas está Homero Arellano, ex comandante General de la Marina; Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero; Luis Jaramillo, ex presidente de Petroecuador. Y entre las documentales constan documentos de la Dirección de la Marina Mercante, de la Superintendencia de Compañías, del Registro Mercantil y del Servicio de Rentas Internas (SRI, lo que sería en Argentina la AFIP). Estas últimas dos entidades se dedican al registro de empresas y tienen casi toda la información de sus accionistas.
El 14 de junio de 2009 se publica en el diario Expreso la primera de las cinco entregas bajo el título: Fabricio Correa: el Holding. Esto provoca un remezón en el Gobierno. Para la opinión pública resultó inevitable no hablar de ello. El siguiente día Rafael sale en la defensa de su hermano asegurando que él es contratista con el Estado desde hace 13 años y que una de sus empresas, Aplitec, está bajo la dirección de su consanguíneo desde hace 25 años.
“Exijo que se aclare lo fundamental, el perjuicio al Estado. Si se ha perjudicado en sólo centavos al país”, dijo el Presidente. Asimismo solicitó aclarar si los contratos adjudicados a su hermano tuvieron algún favoritismo y si sus empresas tienen algún tipo de irregularidad legal.
La investigación reveló que Aplitec estaba en la lista de la Contraloría como empresa contratista incumplida y que en 2008, cuando Rafael ya estaba de Presidente, salió de esa lista tras un juicio planteado en la Corte de Guayaquil y derivado posteriormente al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).
El 16 de junio la Contraloría inicia las investigaciones orientadas al análisis de procesos de contratación y ejecución de contratos, para lo cual se establece un plazo de 20 días para verificar la correcta utilización de los recursos públicos invertidos por las entidades en los proyectos que están en manos de las empresas de Fabricio. A la par, la Secretaría de Transparencia y Gestión del régimen, liderada por Alfredo Vera, también empieza a indagar.
Fabricio Correa convoca a los medios de comunicación de Ecuador para asegurar que los contratos fueron adjudicados legalmente; y en sus declaraciones brinda la información que le faltaba al equipo de investigación para completar las entregas finales. Esa información es tomada por los periodistas e incluida en los posteriores reportajes y, más concretamente, en el libro. Asimismo, revela que su patrimonio familiar es de 14
millones de dólares. Hasta ese entonces se desconocía cuánto dinero tenía el hermano mayor que vive en una zona residencial de Guayaquil.
La Contraloría concluye que las empresas de Fabricio tienen contratos con el Estado por al menos 167 millones de dólares, pero una Veeduría Ciudadana asegura que son por $ 667 millones en adjudicaciones contractuales con al menos cuatro empresas estatales. Esta última entidad, cuestionada por el Gobierno, afirma que el perjuicio para el Estado es por $ 143 millones. Desde entonces Fabricio se convierte en “una piedra en el zapato” para el Gobierno.
En julio de 2009, el Gobierno Nacional termina unilateralmente los contratos que las empresas de Fabricio Correa mantenían con el Estado. Además, le suspenden un crédito por 10 millones de dólares que Megamaq, una de sus empresas, había adquirido en la Corporación Financiera Nacional (CFN, una institución financiera del Estado). Sobre este préstamo Rafael sí acepta que conocía de su existencia porque, según afirma, fue legal. Calderón y Zurita no fueron los dos únicos enjuiciados por Rafael por la afirmación de que el Jefe de Estado conocía sobre los contratos de Fabricio con el Estado. También fueron llevados a la justicia los miembros de la Veeduría Ciudadana liderada por Pablo Chambers (ex funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, líder del PSP). Este afirmó que el enjuiciado debió haber sido el hermano mayor del Presidente y no los miembros de este organismo que fue nombrado por Participación Ciudadana, el Cuatro Poder del Estado en Ecuador, para realizar una pesquisa de la investigación del Expreso.
Los miembros de la Veeduría Ciudadana fueron enjuiciados no sólo por solicitud del Ejecutivo sino también por la Fiscalía. Ellos buscaron asilo en Costa Rica, Panamá y Chile, pero estos países no les facilitaron el salvoconducto.
A la actualidad no existe persona vinculada al Gobierno que presuntamente haya favorecido a Fabricio Correa en la adjudicación de los contratos que esté enjuiciada por violación al artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, la cual prohíbe a familiares de altos funcionarios obtener contratos públicos.
Y en 2009 el “Gran Hermano” se dedicó por un gran tiempo a recorrer los medios de comunicación nacionales y extranjeros para resaltar los errores del gobierno de Rafael, criticar las relaciones comerciales y políticas con Venezuela y hablar de corrupción.
Lejanos quedaron aquellos días de fraternidad cuando en 2006 José Fabricio Correa gerenciara la primera campaña presidencial que llevó a su hermano menor a Carondelet.