CAPITULO IV. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS:
4.1. El financiamiento de la política: Un tema serio y controversial
4.3 Tipos de financiamiento político.
4.4 Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas. 4.5 Financiamiento político y corrupción.
CAPÍTULO IV.
FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS.
“En política el dinero no sólo es enemigo de la justicia, sino también del debate genuino”.
Ronald Dworkin
En la medida que la democracia requiere de partidos políticos fuertes y estables, la inversión gubernamental en los mismos se considera necesaria e indispensable. De ahí, que abordar el tema del financiamiento político se torna más que necesario para las democracias. La falta de regulación efectiva en esta materia bien pudiera convertirse en un obstáculo para el ejercicio democrático de las actividades políticas partidarias. Una clara normatividad, como elemento ético del financiamiento de las actividades políticas, permitirá transparentar el uso del dinero en la política y evitará que fondos provenientes de fuentes y actividades indebidas, tales como los el narcotráfico, el lavado, así como los aportes ofrecidos a cambio de prebendas y otras prácticas corruptas.
4.1. El financiamiento de la política: Un tema serio y controversial.
Por su vinculación con la fortaleza y con el debilitamiento y contaminación de la democracia, el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales se ha convertido en un tema neurálgico del debate político actual. Siendo que los partidos políticos son indispensables para la democracia, recae, principalmente, sobre las finanzas públicas el hacer posible la existencia de los mismos, para que puedan desarrollarse y competir en
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igualdad de condiciones. La democracia cuesta, pero los beneficios derivados de ella para los ciudadanos bien vale invertir lo necesario para garantizar su existencia, su mejora y su fortalecimiento, así como las condiciones de libertad, equidad e igualdad que hace posible.
Pero la garantía de la inversión en la democracia requiere, a su vez, otra garantía: la de una fiscalización y control que permita que los recursos que se proveen sean invertidos correctamente. En esta vigilancia se considera indispensable la participación de la sociedad civil y otras instancias de la administración pública. En este sentido, Eduardo Guerrero Guiérrez1, afirma que: “Mientras no haya respuestas satisfactoria la demanda ciudadana de fiscalizar más enérgicamente los partidos políticos y sus campañas, y los escándalos políticos pos-electorales continúen vinculándose con los gastos excesivos de los partidos con su recurrencia sistemática fuentes de financiamiento ilícitas, la solidez y la viabilidad de las instituciones electorales seguirán poniéndose en entredicho los partidos continuará exacerbándose”. La permanente discrepancia entre los recursos que los partidos reciben y lo que realmente hacen por la ciudadanía es una muestra palpable de que el tema debe ser revisado. En cuanto a evitar el financiamiento de fuentes ilícitas sólo podrá lograrse parcialmente siempre y cuando los aportes privados deban ser sincerizados y auditados.
Por tanto, la fiscalización, la transparencia y rendición de cuentas no sólo se refiere a los aportes del sector público, sino que deberá incluir también el financiamiento privado, para evitar dinero proveniente de fuentes ilícitas que pueden contaminar la reputación de los políticos, y hasta la misma democracia, como sucede con recursos aportados por el narcotráfico y el lavado de dinero, a cambio de prebendas y protección; así como instituciones
1 GUERRERO G. Eduardo. ( 2003). Fiscalización y Transparencia del Financiamiento a Partidos Políticos y Campañas Electorales. Dinero y Democracia. Serie Cultura de la Rendición de Cuentas. Ed. Auditoría
que invierten en la política a cambio de recibir beneficios excepcionales al margen de la ley. En este sentido viene al caso lo expresado por Susane Rose-
Ackerman2: “Los grupos que contribuyen con fondos a los políticos elegidos
esperan ayuda en proceso legislativo. También pueden esperar un trato especial en problemas concretos con la burocracia o cuando buscan que se les otorgue contratos o concesiones”. Este hecho resulta un entorpecimiento a la ética pública y por tanto tiene un efecto debilitante de la democracia
Los aportes que alimentan la corrupción son considerados por los donantes como inversiones en relaciones mutuas que les benefician a largo plazo, y que cuando los políticos llevan a desempeñar cargos procuran favorecer a quienes les hicieron aportes, que pueden ir desde exenciones fiscales así como contratos concesionados a cambio de sobornos. Puede decirse, entonces, que las contribuciones abren puertas. Conviene señalar, sin embargo, que hay contribuciones no necesariamente son ilícitas por tener un carácter de transparencia y legalidad.
Las consideraciones anteriores vienen a ser reforzada por lo expresado por
Dworkin3: “Los grandes contribuyentes compran lo que de forma eufemística
de denomina acceso a los cargos públicos; en realidad lo que a menudo compran no es solamente acceso, sino también control. Las grandes fortunas también envenenan la política de otra forma que suele pasar inadvertida”. Otras veces son los propios gobiernos y sus funcionarios los que desvían fondos públicos para influir en las elecciones mediante el clientelismo político y otras fórmulas indecorosas. De ahí que la imparcialidad del aparato público sea indispensable para la regulación del financiamiento político.
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Existen otras muchas modalidades de uso indebido de fondos públicos, y que bien pueden catalogarse realmente como corrupción. Los gastos de publicidad, los programas sociales, el uso de los recursos de las instituciones: vehículos, infraestructura y personal, así como apoyo constituyen formas de uso indebido del aparato administrativo, que por demás violenta el criterio de equidad que debe regir la contienda electoral. La neutralidad del sector público es un elemento indispensable en el establecimiento de la regulación del financiamiento político.
El financiamiento de la política constituye un reto para la democracia. Y si bien es cierto que el dinero no puede erradicarse totalmente de la política, no es menos cierto que el mismo debe obtenerse y usarse de manera ética y responsable. Esto abarca también a los votantes, ya que estos pueden no poner resistencia a los métodos de financiamiento porque a la larga se benefician del clientelismo político que se traduce en donativos y compra del voto por parte de los candidatos.