Gobiernos progresistas

Dentro del presente análisis, resulta ineludible un análisis de los mencionados “gobiernos progresistas” que han dirigido o dirigen varios estados de la región, dentro de los que se incluye Ecuador. A este análisis, se debe aunar una revisión de las características que marcan las relaciones de estos gobiernos con las ONG.

Ante la diversidad de criterios, tanto teóricos como basados en evidencia empírica, es difícil establecer una definición única (integral e integradora)15 de lo que se concibe como gobierno progresista en Latinoamérica. Frente a esta diversidad, se ha optado por determinar ciertos elementos que pueden caracterizar a estos gobiernos, entre los que destacan: profundo descontento popular; ofrecimientos y acciones tendientes al pago de la “deuda social” en ámbitos como la salud y la educación; discurso anti-neoliberal y contra la hegemonía estadounidense, auto identificación ideológica de izquierda (Bringel & Falero, 2016, pág. 29). Bajo la denominación de gobiernos progresistas se encuentran los de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner (y, posteriormente, su esposa Cristina Fernández) en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Luis Ignacio “Lula” Da Silva en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael

15 _{Debe considerarse, además, la heterogeneidad de los contextos geográficos, históricos,}

políticos, sociales y económicos de los gobiernos que comparten la denominación de “progresistas” en América Latina.

43 Correa en Ecuador; y hasta se ha catalogado en este grupo al gobierno cubano, a cargo de los hermanos Castro16 (Hollender, 2018).

Uno de los elementos que distinguen el discurso de los países denominados progresistas es la recuperación y el fortalecimiento del estado, discurso que caló profundamente en sociedades que habían observado el desmantelamiento del aparato estatal y varios de sus organismos que se dio en la época neoliberal: “La fe que los movimientos sociales y gran parte de la izquierda depositaron en la promesa de transformación social que realizaron los gobiernos ‘progresistas’ en América Latina, se dio básicamente en razón del proceso que se puso en marcha para recuperar el estado” (Sierra, 2011, pág. 2).

Tras una revisión de literatura relacionada, se puede destacar que esta recuperación del estado ofrecida por los gobiernos progresistas se decantó hacia dos puntos que se relacionan directamente con la actuación de las ONG: el papel central que asumió el estado sobre las actividades de desarrollo en los países con gobiernos progresistas; y, la asunción de que el estado no solo tiene la facultad sino la obligación de supervigilar y controlar amplios espacios sociales, económicos, políticos y de toda índole.

En lo que respecta a la posición central del estado en el proceso de desarrollo de la nación que es reclamada por los gobiernos progresistas, dicha apropiación desplazó en cierta medida la participación de ONG y, especialmente, de organizaciones sociales que se vieron desalojadas de sus ámbitos tradicionales de acción en materia de desarrollo y de derechos humanos, incluyendo los temas ambientales (Meschkat, 2015, pág. 3). De manera adicional, las ONG se vieron obligadas a concertar sus acciones con los lineamientos establecidos por los gobiernos progresistas bajo la amenaza de no poder operar17.

16 _{Pese a la relación que se ha verificado entre Cuba y los demás países mencionados, el}

caso cubano y el régimen que ostenta el poder desde hace más de cincuenta años presenta una situación diferente de los demás por sus particularidades históricas, sociales y políticas. Estas particularidades hacen que en el presente análisis de los países progresistas y su relación con las ONG, no se incluya a Cuba.

17 _{Esta amenaza, no siempre explícita, sí llevaba implícita la idea de que el estado (el}

gobierno) tiene la potestad sobre las acciones de desarrollo, bajo la idea central de recuperación y fortalecimiento del estado.

44 Por otro lado, los gobiernos progresistas en la región, cobijados con la bandera de la recuperación del papel del estado, han implementado varios controles y acciones de vigilancia a diversos grupos y estamentos18. En el caso de las ONG, las actividades de control superaron la vigilancia sobre el buen uso de fondos públicos entregados a estas organizaciones e incluyendo registro, definición de fuentes de financiamiento, miembros, actividades realizadas, entre otros (Orgaz, 2016).

Lo señalado en los párrafos anteriores se verifica en la relación, tensa por decir lo menos, entre los gobiernos “progresistas” y ciertas ONG (destacan, especialmente, los casos de pugnas entre dichos gobiernos y ONG internacionales) que se ha descrito a lo largo de este capítulo. Esto, sumado a la determinación general de las pugnas entre los estados y las organizaciones, así como a la conceptualización de estado, ONG y los derechos de asociación y de participación política, conforma el conjunto de insumos para el desarrollo del próximo capítulo que busca establecer si la actuación del gobierno ecuatoriano en el período de estudio (2007-2014) ha aportado a la construcción de un estado conflictivo con las ONG y, sobre todo, atentatorio contra los derechos de asociación y de participación.

18 _{No solo productivos y económicos, exigencia de grupos de izquierda que buscaban}

mayores controles a las empresas privadas y, particularmente, a grupos financieros-económicos (Sierra, 2011, pág. 2).

45

Capítulo segundo

Estado ecuatoriano frente a las ONG, 2007-2014

En este capítulo, se realiza un análisis de la situación institucional, el uso del poder y la construcción del estado en lo relacionado con las ONG19, con el fin de verificar la situación de los derechos de asociación y participación política.