Si en líneas generales el término accesible alude a la cualidad que hace a algo fácil de usar, manejar o comprender, esta palabra adquiere connotaciones especiales cuando se emplea en el ámbito de un grupo concreto de la población: las personas con discapacidad. En este caso, lo prioritario es que todo sea fácil de usar, pero por todo el mundo, sin exclusiones, con independencia de las capacidades personales de movilidad, comunicación o aprendizaje. Porque de lo contrario, el punto de partida llega a ser una meta en sí mismo, y poder llegar se convierte entonces en el esfuerzo al que se subordina el resto de la vida.
De ahí la importancia de añadir la acotación “universal” al concepto de accesibilidad, porque sin ese matiz muchas personas (alrededor de un 10% de la población según el INE) no participan de los bienes y servicios de la sociedad en las mismas condiciones que el resto.
Y es que en la ofensiva de la accesibilidad “universal” y el diseño para todas las personas, las personas con discapacidad se disputan algo más que la viabilidad o el manejo, en este caso es la igualdad de oportunidades lo que está en juego, pues las políticas públicas que promueven cláusulas sociales en la contratación, reserva de puestos de trabajo, pensiones o ayudas económicas... en todo caso serán insuficientes si la premisa no es la accesibilidad universal. Lo universal permite además que no se rompa la “cadena de accesibilidad” en la que la fractura de cualquiera de los eslabones, por imprescindible, hace inútil la labor del resto. De qué sirve, por ejemplo, que las universidades reserven un 5% de sus plazas a estudiantes con discapacidad si el transporte público hasta ellas no es accesible, si sus proyectos curriculares no incluyen adaptaciones necesarias o simplemente el ascensor no funciona con regularidad.
Responder a un patrón común de juventud, destreza corporal y habilidad en el manejo de las tecnológicas es una misión prácticamente imposible, la realidad demuestra que sólo está al alcance de algunas personas y, por lo general, en momentos puntuales de su vida. La vejez, por el contrario, puede llegar a ser el privilegio de la mayoría de la población si se dan las condiciones necesarias para que los afortunados que resisten no deban so- portarla como una onerosa carga. Sin embargo, la sociedad sigue afrontan- do este hecho sin estar preparada porque insistimos en el equívoco de creer que detrás de las demandas de accesibilidad sólo hay un grupo minoritario de personas que, fundamentalmente, tienen problemas para desplazarse.
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Por ello, es necesario seguir insistiendo en las ventajas sociales y económicas que comportan las medidas de accesibilidad, que benefician no sólo a las personas con discapacidad sino a la toda población en su conjunto. Según las estimaciones recogidas en el I Plan Nacional de Accesibilidad (2004- 2012) casi un 40% del total de la población española puede considerarse directamente afectada por las actuaciones de accesibilidad considerando la existencia de tres colectivos implicados: personas con discapacidades permanentes, personas con discapacidades transitorias (motivadas por accidentes, enfermedades, embarazos) y personas de edad avanzada. Este concepto de accesibilidad entendida más allá de la simple eliminación de barreras físicas, se hace extensible a todos los entornos teniendo en cuenta la diferencia en la dificultad para el acceso cuando desde la heterogeneidad se pretende la conquista de lo cotidiano.
Por ello, aunque tradicionalmente se haya relacionado la accesibilidad con la arquitectura y la eliminación de barreras en el medio físico (urbanismo, edificación y transporte), la accesibilidad debe extenderse a todos los entornos: físicos, de la información y comunicación, y también a los productos y servicios. Porque no sólo hay que llegar a los edificios, sino también poder disfrutar y utilizar sus servicios. Es curioso, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo no se contemplara en las piscinas la exigencia de una grúa de acceso al vaso, hecho éste que simultaneaba la posibilidad de llegar al recinto y la implícita prohibición del baño.
Asimismo, también es necesario suprimir la culpa individual y trasladar al entorno y a quienes lo diseña su parte de responsabilidad. Es el diseño y no las personas quienes tienen que hacer el esfuerzo de rehabilitarse y adecuarse a las necesidades de la población. En este sentido, no es una cuestión menor la alusión de prejuicios contra la accesibilidad, tales como limitar las exigencias sólo para determinados espacios (zonas de compras, pero no de trabajo) o concebirla como un obligado cumplimiento que de algún modo puede ser obviado como es el caso de colocar rampas en la puerta trasera o programar careciendo del entorno adaptado. Porque ser igual que el resto significa poder comprar, pero también vender, y acudir no sólo al médico o a centros educativos sino también ir al teatro, por ejemplo, y no sólo a ocupar el palco o las butacas de platea sino también a formar parte del elenco que se mueve por el escenario.
Por otro lado, es imprescindible asumir que la accesibilidad universal cons- tituye un requerimiento tan importante como otros (medidas de seguridad, salubridad...) y evitar que a posteriori se tengan que llevar a cabo actuacio- nes de adaptación o de reforma (abogamos por entornos accesibles no por los “adaptados”). Este planteamiento enlaza con el concepto de “accesibi- lidad preventiva”, ya que, como señalaron la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en 2011: “la discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida y las que lleguen a la senilidad experi-
mentarán dificultades crecientes de funcionamiento”. Por otra parte, la reforma siempre es una actuación más costosa y difícil de llevar a cabo que las ac- tuaciones de accesibilidad en el origen.
En Andalucía estamos promoviendo actualmente la aprobación de una nueva Ley sobre los Derechos y la Atención de las Personas con Discapacidad. Uno de nuestros objetivos es generar un nuevo relato de la discapacidad, por lo que para nosotros es fundamental que nuestra Ley sirva para hacer apología de la importancia de la accesibilidad, de forma que el entorno y la sociedad dejen de penalizar a las personas en función de sus capacidades funcionales. La accesibilidad deber garantizar algo más que el desenvolvimiento o la seguridad, debe garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
Al mismo tiempo, pretendemos mantener la existencia de condiciones autonómicas de accesibilidad. Valoramos, por supuesto, la existencia de unas condiciones básicas estatales que garanticen mínimos en todo el territorio nacional, pero no queremos renunciar a la oportunidad de añadir complementos que entendemos necesarios para mejorar esas condiciones en nuestro territorio. Por ello, la Ley andaluza obligará a desarrollar condiciones de accesibilidad en espacios naturales en los que se realicen actividades para el público, o en las instalaciones temporales que están fuera del Código técnico de la edificación.
Por último, entendiendo que la accesibilidad exige la actuación de toda la sociedad en su conjunto, hemos promovido el Pacto Andaluz por la Accesibilidad que tiene por objetivo implicar a instituciones, movimiento asociativo, agentes sociales y económicos y colectivos profesionales directamente relacionados con la materia. En concreto, el Pacto ha sido suscrito por nuestra Consejería junto con la de Economía, Innovación,
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Ciencia y Empleo, la de Fomento y Vivienda, el CERMI-ANDALUCÍA, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, UGT y CCOO, la CEA, así como los Consejos andaluces de colegios profesionales de Arquitectura, Aparejadores y Arquitectura técnica. Las entidades adheridas al Pacto se comprometen a impulsar actuaciones de accesibilidad, de acuerdo con sus competencias, en los ámbitos de concienciación y formación, normativa, fomento y participación. En la actualidad, se encuentran adheridos al mismo 115 Ayuntamientos.
Actuaciones todas estas que van en la dirección de promover una actitud ante la discapacidad entendida como complemento circunstancial de la persona, eventualidad que en modo alguno es esencia definitoria, sino estado. En la medida en que comprobamos que en cuestión de metros pasamos de marginados a virtuosos, cabe entender que si la discapacidad fuese inherente a la persona, solamente por coherencia identidaria, nos acompañaría en cualquier entorno y no en función de las coordenadas espacio-personales dependientes del medio.
De manera que en las medidas adoptadas en relación con la discapacidad no podemos dejar que términos sólo descriptivos se conviertan en señas de identidad o en carta de presentación, sobre todo si además se trata de conceptos por definición, erróneos. En definitiva, la verdadera igualdad debe partir de medidas y acciones que consideren la discapacidad como punto de arranque y no como un destino.