LA POBREZA DE LAS NACIONES
AVALANCHA DE ILEGALES, PUERTAS ABIERTAS Y EFECTO LLAMADA
4. Hagamos un puente
Dadas las dificultades que rodean el proceso migratorio y que aumentan, en ocasiones, con las respuestas que las instituciones y la sociedad ofrecen, resulta necesario preguntarse por (y buscar respuesta a) la compatibilidad de la defensa de la soberanía del Estado con la protección de los derechos humanos de todas personas. Las amenazas que ya adelantábamos reflejan la idea de un Estado securitario (Fernández Bessa, Silveira Gorski, Rodríguez Fernández y Rivera Beiras eds., 2010) en el que existe una suerte de inflación de los controles y de generación de miedo. Ante ello, la respuesta del Estado no debiera ser el sacrificio de derechos y libertades en nombre de la seguridad, sino la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la ignorancia.
En este sentido, y con el fin de acabar con los tristes tópicos acerca de la migración en condiciones de irregularidad, han de tomarse medidas en dos frentes: el interno y el internacional. No es el lugar donde abordar todas las medidas posibles para prevenir los flujos migratorios en condiciones de peligrosidad para las personas, pues nos llevaría a analizar cuestiones profundas sobre las relaciones internacionales. No obstante, resulta adecuado recordar a los Estados, las organizaciones regionales (como la Unión Europea) y la comunidad internacional la oportunidad de tratar la normativa y la política migratorias con una perspectiva más amplia, que no se ataña a las circunstancias coyunturales, sino a las estructurales. Con ello, quizá, podamos dejar de escuchar y leer sobre migrantes ilegales, puertas abiertas, efecto llamada y dejar de ver muros y concertinas.
El ejercicio de la soberanía mediante el control de las fronteras solo es permisible, o debiera serlo, por la comunidad internacional en aquellos casos en que para ejercerla no se violan los derechos humanos. La
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Véase García Vázquez (2014, 365-396) sobre la adaptación (o falta de la misma) de nuestro ordenamiento a las Directivas europeas que protegen a estos grupos vulnerables.
utilización de conceptos jurídicos apropiados no es una cuestión menor, como hemos pretendido señalar. Por un lado, todos los agentes implicados (mediáticos, políticos, sociales) debieran reflexionar y hacer un uso adecuado del lenguaje. La didáctica, en este sentido, es una de las medidas clave que osamos proponer con el fin de terminar con estos tristes tópicos. Por otro lado, el Estado no debiera permitir, mucho menos legitimar bajo la cobertura de una ley que los recoja, las devoluciones en
caliente que enmascaran expulsiones exprés, los procedimientos sumarios
en los que no se permite siquiera la solicitud de asilo o la percepción de circunstancias como la minoría de edad o la de víctima de trata, entre otras cuestiones. Hemos de entender que solo un Estado que defiende y protege los derechos humanos está legitimado para defender su soberanía, pues solo aquel puede ser considerado respetuoso con los valores de la concepción contemporánea de Estado democrático y de derecho. Y hemos de comprender asimismo que esto solo es posible retrocediendo unos cuantos pasos para tomar otro camino, un camino en el que dejemos de lado egocentrismos, patriotismos, identidades que pretenden subsistir en un mundo que se muestra interconectado y cosmopolita, en el que las diferentes culturas no tienen fronteras, como no las tienen los bienes, las finanzas, las noticias, como tampoco los vínculos personales, un mundo en el que tampoco debieran tenerlas las personas, pues por muchas vallas y concertinas y muchos muros que construyamos resulta de ciegos ignorar que seguimos haciendo puentes.
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