HIDROCARBUROS: EL NUEVO PROTAGONISMO ESTATAL
Durante el auge de las privatizaciones de los años noventa, algunos países optaron por vender las empresas estatales de hidrocarburos. En Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue comprada por la española Repsol, mientras que en Bolivia, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se fraccionó en Transredes, Chaco y Andina, nuevas empresas que quedaron en manos de propietarios de origen tanto extranjero como nacional. En Brasil, el 40% de Petrobras es de propiedad federal y el resto de las acciones está en manos de inversionistas extranjeros y nacionales. Por el contrario, PEMEX y PDVSA, de México y la República Bolivariana de Venezuela respectivamente, operan bajo el control exclusivo del Estado.
En el 2004 ha habido una reivindicación del papel del Estado en el rubro de hidrocarburos en los dos países en los que se había cedido el protagonismo a privados. El discurso político del presidente boliviano reivindica la soberanía nacional y postula una mayor participación estatal en el ámbito de la energía. Tras el referendo de agosto del 2004 cobró fuerza la idea de refundar YPFB como un nuevo ente productor, que pasaría a ser la tercera empresa en el país, tras Petrobras y Repsol YPF. Los recursos necesarios provendrían, en primer lugar, de la estatización e incorporación a la nueva operadora de las acciones que el Fondo de Capitalización Colectiva (una administradora de fondos previsionales) posee en Transredes, Chaco y Andina y cuyo valor se estima en 700 millones de dólares. Sin embargo, las transnacionales BP y Repsol YPF son socios en las dos últimas empresas, lo que ha generado un conflicto entre estas y el Estado. La segunda fuente de recursos corresponde a la petrolera china Shengli International, que aportaría 1.500 millones de dólares. La nueva empresa realizaría operaciones de exploración, explotación y producción, que permitirían obtener beneficios de las cuantiosas reservas de gas natural que tiene el país, estimadas en 30 billones de pies cúbicos. La nueva ley de hidrocarburos también contempla la creación de Petrobolivia, organismo fiscalizador que tendrá a su cargo la exportación de los hidrocarburos. YPFB y Petrobolivia, junto con la nacionalización de boca del pozo y el aumento de la regalía, entre otras medidas adoptadas, permitirían al Estado boliviano recuperar el control sobre los hidrocarburos.
En Argentina, la situación de desabastecimiento imputable a la falta de inversiones llevó al presidente a anunciar, en mayo del 2004, la formación de una nueva petrolera estatal. El congelamiento de las tarifas de gas y electricidad durante los dos últimos años ha causado un incremento del consumo y desincentivado la inversión. El desabastecimiento ha provocado roces con Chile y Uruguay, que vieron cortados los suministros de gas natural de origen argentino. La decisión de recuperar protagonismo en el sector de los hidrocarburos se materializó en octubre del 2004, con la aprobación de la ley que crea Energía Argentina SA (ENARSA), cuya actividad abarcaría toda la cadena de exploración, producción, transporte, distribución y venta de hidrocarburos. La empresa adoptaría la forma de una sociedad anónima, en la que el Estado tendría una participación de 53%, las provincias de la República compartirían un 12%, y el restante 35% se cotizaría en el mercado bursátil. ENARSA participaría en asociaciones y empresas de riesgo compartido en cumplimiento de sus objetivos en la producción de energía, en la que PDVSA sería un socio estratégico. Además, contaría con la titularidad de todas las áreas marítimas de petróleo y gas.
La iniciativa estatal en el sector surge como respuesta común a problemas de distinta índole. Mientras que en Bolivia la reivindicación de la soberanía es el eje principal del discurso, en Argentina la probable creación de la petrolera estatal es una respuesta pragmática a una situación particular de crisis energética. Sin embargo, en ambos casos, se reactiva el papel estatal en el sector de la energía, no solo en lo que respecta a la actividad reguladora sino también a la participación en la producción.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de prensa especializada y BP, “Energy in focus. BP statistical review of world energy: June 2004” [en línea] (http://www.bp.com/statisticalreview2004).
En el sector de hidrocarburos, las actividades llevadas a cabo por los actores que participan en el sector, en el que las empresas estatales han tenido una fuerte injerencia, como es tradicional, permiten distinguir las distintas estrategias aplicadas en la región.
En México, el marco legal no permite la participación privada en la exploración y producción de petróleo y gas, de modo que la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) mantiene el monopolio en esos ámbitos. La actividad privada se circunscribe a los “contratos de servicios múltiples”, diseñados para incrementar la producción de gas natural.14 La búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de gas natural es, junto con el suministro de petróleo a Estados Unidos, el rubro más destacado del subsector en el país.
En América del Sur pueden señalarse dos estrategias distintas. La primera corresponde a la empresa brasileña Petrobras, y abarca la expansión en la región, por medio de la compra de activos en países vecinos. La segunda es la señalada en el caso de las empresas estatales de los países andinos, principalmente la República Bolivariana de Venezuela, y que se caracteriza por la vocación exportadora.
La expansión por países de América del Sur ha sido uno de los ejes de la estrategia de negocios de Petrobras; esto le ha permitido consolidar su crecimiento tanto fuera como dentro de sus fronteras nacionales, por cuanto las transnacionales ocupan aún una porción marginal del mercado local. En el 2004 se creó en la compañía una nueva división, destinada a administrar sus activos en la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina, mejorar la sinergia entre las operaciones y ejecutar un programa de inversiones de 3.000 millones de dólares hasta el año 2010. Petrobras ha aumentado su presencia en estos países mediante asociaciones con empresas locales o transnacionales y la adquisición de activos. En Colombia, por ejemplo, Petrobras forma parte de un acuerdo de exploración de gas y petróleo en aguas del Caribe, junto con la estatal Ecopetrol y ExxonMobil (Estados Unidos). Se trata del mayor contrato firmado por el gobierno de Colombia desde el inicio de la actividad petrolera en 1905 y está orientado a incrementar las reservas, cuya merma pone en peligro la condición de exportador neto del país. Con el fin de atraer las inversiones necesarias, se redujo la participación obligatoria de la empresa estatal y se establecieron regalías más favorables para las empresas. En Argentina, Petrobras adquirió en el año 2002 la petrolera Pérez Companc (PeCom Energía) (CEPAL, 2003). Esta, bajo el nombre de Petrobras Energía, es la segunda petrolera en el país tras la española Repsol YPF y sus ventas ascendieron a casi 1.900 millones de dólares en el 2003. Además de participar en la actividad extractiva, la empresa brasileña también cuenta con intereses en la distribución, ya que controla varias cadenas de estaciones de servicios. A estas se podrían unir las estaciones Shell, que puso en venta su casa principal Royal Dutch/Shell como parte de su plan de liquidación de activos en la región (véase el recuadro I.4). Asimismo, Petrobras participa en el desarrollo de una matriz energética en el Cono Sur, proyecto que también entraña inversiones de la española Repsol YPF en la subregión (véase el capítulo III).
La incertidumbre política en la República Bolivariana de Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas de petróleo y gas en América Latina, no ha afectado la realización de nuevos emprendimientos por parte de algunas empresas transnacionales. Gracias a la Ley de hidrocarburos de 1999, el sector privado ha podido incursionar en esta rama de actividad y hacer nuevas inversiones. Ante la insuficiencia de recursos de PDVSA, la participación privada ha permitido las inversiones necesarias para mantener la producción y exportación de gas y petróleo. Entre las asociaciones más importantes sobresale el proyecto extractivo Sincor, que PDVSA lleva adelante junto con la francesa Total y la noruega Statoil. Este proyecto se inició en el 2001, y se ha anunciado una inversión de 4.000 millones de dólares para su expansión, que tiene por objeto aprovechar las buenas condiciones del mercado mundial
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Los contratos de servicios múltiples (CSM) agrupan en un solo instrumento los servicios de obras públicas que PEMEX contrata con terceros. El contratista recibe un único pago fijo por las obras realizadas y los servicios prestados y la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo nacional, tal como se establece en la Constitución mexicana (http://www.csm.pemex.com).
del petróleo, así como lograr la cooperación técnica y financiera necesaria. En este contexto, se destaca la alianza entre PDVSA y las petroleras indias ONGC Videsh e Indian Oil Corp., para establecer una empresa conjunta dedicada a exploración petrolera en la República Bolivariana de Venezuela, lo que responde a la política gubernamental de estrechar lazos entre petroleras del tercer mundo.