3. Capítulo Comparación entre incentivos económicos (precios) y no
3.3 Los incentivos económicos para la conservación y ahorro de agua a través de
Uno de los objetivos supuestos de igualar la tarifa al costo marginal se plantea porque genera una asignación eficiente de los recursos, puesto que los usuarios son inducidos a usar el agua de manera eficiente; en caso contrario, tenderán a usar mayor o menor agua que la socialmente deseable (aunque en la práctica, la racioanlización del consumo funciona es con el mecanismo de bloques crecientes). Así, según Sibly, “para los economistas, la fijación de precios es el mecanismo central que determina la disponibilidad y asignación de agua urbana. El uso de la fijación de precios económicamente eficientes hace más efectivo el uso de la provisión de agua existente” (2006b, 227).
En criterio de Borisova y Rawls (2009), alguna estructura de tarifas que ofrezca un incentivo económico para conservar el agua se considera como una estructura de tarifas de conservación. Las estructuras de conservación se centran en las siguientes características: 1) la estructura de la tarifa de agua por volumen (bloques de consumo), 2) la proporción del volumen de consumo en el total de la factura del consumidor, 3) la proporción de la cuota fija y del volumen de consumo en los ingresos del servicio y 4) la comunicación efectiva de la señal precio a través de la factura de consumo.
La estructura de tarifas por volumen de consumo tiene un propósito de conservación que se asocia con tarifas uniformes, bloques decrecientes y bloques crecientes y con tarifas estacionales por volumen de agua. Con tarifas uniformes, los usuarios pagan una carga fija por cada unidad de agua usada. Con tarifas de bloques decrecientes la carga pagada por unidad de agua disminuye en ciertos umbrales de uso. En una estructura de tarifas con bloques crecientes, los incentivos económicos para conservar el agua dependen del tamaño y del número de precios de los bloques (Borisova y Rawls, 2009).
Sin embargo, Olmstead y Stavins (2009) afirman que la literatura suministra recomendaciones limitadas para el diseño de estructuras de bloques crecientes. Para estos autores, el suministro eficiente del agua se alcanza, en la mayoría de los casos, cuando el precio se valora como igual al costo marginal de largo plazo; aunque, en algunos casos, el suministro puede resultar eficiente al convertir el precio igual al costo marginal de corto plazo. El costo marginal de largo plazo refleja el total de los costos de suministro de agua –el costo de transporte, tratamiento y distribución; alguna parte del costo de capital de reserva de los embalses y sistemas de tratamiento, así como de aquellas futuras inversiones en instalaciones (equipamientos) requeridos para patrones corrientes de uso; y el costo de oportunidad–. Sibly (2006b) sostiene que los precios de agua urbana permanecen por debajo del costo marginal de largo plazo en gran cantidad de países. Según Renzetti (1992b), en el corto plazo, sin aumento de precios actuando como señal, la conservación del agua sólo tiene lugar bajo la “adquisición” de alguna forma de “satisfacción moral” o de “regulación directa”. En el largo plazo, en criterio de Olmstead y Stavins (2009, los precios ineficientes del suministro urbano de agua alteran las decisiones de uso de la tierra y de localización industrial. La suma de decisiones individuales afecta la sostenibilidad local y regional de los recursos de agua.
Cuando existen bienes públicos, un equilibrio de Lindhal, óptimo de Pareto, requiere que cada persona revele su beneficio marginal proveniente del disfrute del bien público provisto. En equilibrio, el precio personal se iguala con el beneficio marginal. Pero ese supuesto de revelación de información personal no tiene lógica en un contexto en el cual las personas egoístas encuentran incentivos para ocultar el beneficio marginal realmente disfrutado, con la pretensión de obtener una menor contribución –hacer free-riding, o “vivir a cuestas”– en relación con las otras personas que financian la producción del bien (Marhuenda y Pérez, 1999).
Si los responsables de la política utilizan los precios para gestionar la demanda de agua potable, la variable clave de interés radica en la elasticidad precio de la demanda. Un incremento en el precio de agua lleva a los consumidores a una menor demanda. Si la demanda no responde al precio, la elasticidad precio se torna cero y la curva de demanda representa una línea vertical –la misma cantidad de agua será demandada a cualquier precio–. En teoría, tal situación puede ser verdad para una cantidad de subsistencia de agua potable, pero no ha sido observado más ampliamente para la demanda de agua en cincuenta años de análisis económico empírico en los Estados Unidos (Olmstead y Stavins, 2009). Para Vickrey, el uso del agua es relativamente inelástico al precio, “no podemos
afirmar que los cambios de tarifas puedan sustituir completamente a las campañas de conservación del agua, en épocas en que amenace la escasez, pero las tarifas elevadas deben constituir un refuerzo significativo de tales campañas, en caso necesario. Tales tarifas constituyen, seguramente, un medio más eficiente de racionamiento que los métodos tales como la prohibición de ciertos usos en ciertos momentos, o, en casos extremos la cesación del servicio…” (1963, 237).
Olmstead y Stavins (2009) encuentran que la elasticidad precio de la demanda residencial varía substancialmente por el lugar y el tiempo pero, por término promedio, en los Estados Unidos de un 10% de aumento en el precio marginal de agua en el sector residencial urbano puede esperarse una disminución de la demanda aproximada de tres a cuatro por ciento en el corto plazo. Esto se torna similar a las estimaciones empíricas de la elasticidad respecto del precio de demanda de energía residencial (Bohi y Zimmerman 1984, Bernstein y Grifo 2005).
Sin embargo, Olmstead y Stavins (2009) consideran importante mencionar algunas salvedades. Primero, las elasticidades varían a lo largo de una curva de demanda; y cualquier estimación representa una elasticidad a un precio específico, en particular, a precios reales. Sin embargo, estos precios eran precios para aproximarse a niveles eficientes –y en ese caso la demanda de agua probablemente sería mucho más sensible a las subidas de precio–.
Segundo, los consumidores son relativamente más sensibles al precio del agua en el largo plazo que en el corto plazo: en periodos de tiempo más grandes, las inversiones de capital no son fijas. Por ejemplo, los hogares podrían cambiar los aparatos tecnológicos, reequipar los accesorios de uso del agua o alterar el jardín y el césped con plantas tolerantes a la sequedad; las empresas, por su parte, pueden esperar los cambios en las tecnologías de consumo de agua, al aumentar el reciclaje, o pueden relocalizar áreas en las cuales el agua sea más abundante. En el largo plazo, con un 10% de subida en el precio puede esperarse una caída de la demanda aproximada del seis por ciento.
Tercero, las elasticidades del precio varían con otros diversos factores. En el sector residencial, los hogares de altos ingresos tienden a ser mucho menos sensible a las subidas de precio del agua que los hogares de bajo ingreso. También, la elasticidad precio puede aumentar en 30% o más cuando la información del precio se anuncia en las facturas de agua (Gaudin 2006). Y la elasticidad precio puede ser más alta bajo precios de bloques crecientes –en el cual el volumen marginal del precio del agua aumenta con el consumo– que bajo los precios uniformes por volumen (Olmstead et al. 2007). Las elasticidades del precio deben ser interpretadas en el contexto en el cual han sido obtenidas.