Incorporación segmentaria de las juventudes

El presidente Alan García, representante del histórico Partido Aprista Peruano, partido político definido como de centro izquierda, fue uno de los candidatos que, en las elecciones presidenciales del 2006 en Perú, dirigió un discurso especialmente pensado para las juventudes. No era raro en él porque cinco

7 _{Las “barras bravas” son agrupaciones de jóvenes que simpatizan con algún club deportivo de fútbol y que generalmente}

terminan protagonizando enfrentamientos violentos con otras barras; las “manchas” son agrupaciones de jóvenes que giran en torno a relaciones de pares o amistad no necesariamente consolidadas y que son expresadas en espacios de socialización como fiestas o conciertos de música; las “pandillas” son agrupaciones de jóvenes unidos por lazos emocionales fuertes que establecen niveles de organización y jerarquía interna, y buscan afirmar una identidad ligada generalmente a territorios definidos así como consolidar el dominio sobre el mismo; muchas veces protagonizan delitos menores.

8 _{Kliksberg (2008) sustenta la tesis de que la desigualdad, variable determinante de la pobreza, junto a la inseguridad y}

la violencia, han aumentado en América Latina en los últimos veinticinco años de manera epidémica, en paralelo al crecimiento económico.

años antes, en la campaña del 2001 que le resultó adversa, apeló también a recursos musicales y dancísticos juveniles. Su campaña incorporó expresiones del movimiento hip hop; un tema compuesto en género rap fue uno de los pilares de sus actos proselitistas, al igual que la inclusión de MC (Master of

Ceremony o Maestro de Ceremonias propios del hip hop), además del breack dance, en mítines y actos proselitistas.

Las propuestas que esgrimió eran mensajes directos centrados en intereses juveniles: la eliminación de la intermediación laboral realizada por las services, empresas de servicios y colocación laboral, señaladas como las principales extorsionadoras de los jóvenes trabajadores y trabajadoras; la ampliación y mejora del acceso a la educación y la tecnología; el apoyo a la participación juvenil en la vida política y la administración pública.

García gana las elecciones del 2006, en segunda vuelta, imponiéndose primero a Unidad Nacional, alianza de partidos de derecha, liderada por Lourdes Flores; y después a Ollanta Humala, un militar retirado, con un acentuado discurso nacionalista, que canaliza la protesta de diversos sectores sociales contra el modelo económico neoliberal, heredado de Fujimori y que Toledo no modificó.

García, con extrema habilidad, orientó su propuesta en un primer momento a la crítica al modelo económico neoliberal, arrinconando a Lourdes Flores como representante de los “ricos”; y en un segundo momento, frente a Humala, propuso el “cambio responsable”, convenciendo a las clases medias y altas de que no había más remedio que votar por él, al menos sino querían que Humala y las masas populares levantadas ganaran las elecciones.

La gestión del presidente García fue iniciada con la puesta en la agenda pública de varios asuntos donde los protagonistas eran las juventudes. Su discurso de asunción de mando, pronunciado el 28 de julio del 2006, incluye dos iniciativas legislativas: la Ley del concejal joven, que busca mejorar la participación política juvenil; y el incentivo a los mejores estudiantes de universidades públicas, a fin de que inicien sus carreras como funcionarios y funcionarias en la administración del Estado.

El presidente García logró que el Congreso de la República aprobara la primera. Él indica, para sustentar su iniciativa legislativa, que de las doce mil regidurías que hay en las municipalidades del Perú, sólo el cinco por ciento están ocupadas por jóvenes. Por esta razón, plantea como mecanismo de discriminación positiva establecer una cuota del veinte por ciento en las listas de candidatos y candidatas a regidores de municipalidades distritales y provinciales.

La propuesta fue aprobada por el Congreso el 10 de agosto del 2006 y promulgada al día siguiente como la Ley que promueve la participación de la juventud en las listas de regidores y regidoras provinciales y municipales Nº 28.869.

La norma —como lo indicó la entonces Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas— no establece la alternancia en la elaboración de las

listas de candidatos; es decir, que se alternen personas adultas y jóvenes, a fin de evitar que a los jóvenes y las jóvenes se les ubique en la cola de cada una de ellas, lo que efectivamente ocurrió al poco tiempo durante las elecciones municipales y regionales del 2006, donde los diversos partidos, movimientos y organizaciones políticas, incluyeron jóvenes en sus listas, pero como añadidos o complementos para cumplir con la “cuota juvenil”. Reportes posteriores a las elecciones municipales y regionales, realizados en muchos casos por medios de comunicación masiva, confirmaron el restringido impacto de la norma y cómo diversas agrupaciones políticas manipularon la participación de las juventudes.

La otra iniciativa, que buscaba incentivar a los mejores estudiantes de universidades públicas para que iniciaran sus carreras como funcionarios y funcionarias del Estado, no logró ser aprobada en el Congreso.

Sin embargo, las iniciativas del presidente García adquieren un giro cuando el Conaju desaparece por la fusión que experimenta con el Ministerio de Educación. El Conaju desaparece por Decreto Supremo Nº 010-2007-ED, el 1 de marzo del 2007, como parte del proceso de reforma del Estado que implementa el propio presidente García.

No hubo mayores cuestionamientos a esta medida por cuanto el Conaju había terminado convertido fundamentalmente en una instancia burocrática poco eficaz para resolver y atender las demandas juveniles o proponer iniciativas en su favor. Algunas organizaciones e instituciones de la sociedad civil plantearon cuestionamientos a esta medida sin mayor fuerza o capacidad de presión para revertir la decisión puesta en marcha.

El Conaju fue reemplazado por la Secretaría Nacional de la Juventud —SNJ, entidad adscrita al Ministerio de Educación y que como su propia normatividad señalaba asumía las tareas de formular y proponer políticas de Estado en materia de juventud, a fin de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes en temas de empleabilidad, mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social, participación y acceso a espacios en todos los ámbitos del desarrollo humano, así como promover y supervisar programas y proyectos en beneficio de los jóvenes.

El presidente García al igual que durante su campaña electoral ha usado, en diferentes momentos de lo que va de su mandato, imágenes atractivas que buscan seducir a las juventudes, medidas efectistas que causen impacto en la opinión pública y convenzan a la ciudadanía de que su gobierno tiene una sincera preocupación por las necesidades de las juventudes del Perú.

Una de esas medidas ha sido, por ejemplo, la presentación pública del Proyecto para la Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (Prejal), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que inició sus actividades en Perú junto con los programas de empleo juvenil de las empresas Edelnor, Prosegur y Adecco, y que espera beneficiar a 1.000 jóvenes en el país.

Iniciativa que suma su aporte a otra existente desde hace varios años como Projoven, conducida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del propio Estado peruano, y que incluye una oferta de capacitación e inserción laboral. El presidente García personalmente ha conducido su relanzamiento buscando captar la atención de las juventudes y proponiendo en su discurso vulnerar parte de la problemática del empleo que las afecta.

El problema radica en que estas iniciativas no forman parte de una política sistemática en materia de juventudes, ni mucho menos de una política social consistente, sino que constituyen un conjunto de acciones que vienen implementándose de manera desarticulada y sin dirección. Otra vez vuelve a constatarse la misma situación de fragmentación y desorientación de la política social similar a la registrada durante la gestión del presidente Toledo.

Las medidas implementadas durante la gestión del presidente García muestran claramente la búsqueda de una incorporación segmentaria de las juventudes, es decir, la asignación de recursos restringidos a sectores sociales, como las juventudes, que poseen demandas sociales postergadas y que potencialmente pueden representar un cuestionamiento al orden social.

Los resultados alcanzados en la reducción de la pobreza y el desempleo, por ejemplo, son más que evidentes para constatar esta incorporación segmentaria y su escaso impacto social.

Los resultados obtenidos no muestran cambios de fondo, sino principalmente cómo sectores marginalizados y excluidos son beneficiados parcialmente de inversiones sociales de carácter compensatorio, que no buscan transformar las relaciones de poder que sustentan su posición y condición de subordinación.

Por ejemplo, las cifras oficiales señalan que la pobreza ha reducido su incidencia en el conjunto del país. La medición más reciente realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008), señala:

“En el año 2007, el 39,3% de la población del país se encontró en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto insuficiente para adquirir una canasta básica de consumo, compuesto por alimentos y no alimentos. Esta proporción de pobres que tiene el país está conformada por 13,7% de pobres extremos, es decir, personas que tienen un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos, y 25,6% de pobres no extremos, es decir, personas que tienen un gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de consumo. La comparación de las cifras de la pobreza entre el 2006 y 2007, permite constatar una disminución de la tasa de pobreza en 5,2 puntos porcentuales, al haber pasado de una incidencia de 44,5% al 39,3%. Durante estos años, la extrema pobreza se redujo en 2,4 puntos porcentuales, al pasar de 16,1% a 13,7%” (2008, p. 3).

Sin embargo, la incidencia de la pobreza no ha dejado de afectar a grupos sociales de atención prioritaria como las juventudes. El estudio antes citado anota: “Los jefes de hogares pobres y pobres extremos son, en promedio, más jóvenes que los jefes de hogar no pobres, según la información disponible. Esta característica se observa tanto a nivel nacional, urbano, rural y región

natural” (2008, p. 12).

La brecha por edad no ha sido cerrada ni mucho menos vulnerada a pesar de la importante reducción de la pobreza. La marginalización y la exclusión continúan teniendo rostros jóvenes.

La situación del desempleo es también similar y sirve como otro ejemplo. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la tasa de desempleo juvenil urbano en Perú se situó en 14,8% en los tres primeros trimestres del 2007, nivel inferior al promedio de la región de América Latina de 21,4%. Asimismo, el porcentaje alcanzado por Perú en los primeros nueve meses del 2007 es inferior al 15,1 por ciento registrado en similar período del 2006. Las estadísticas también indican que la tendencia del desempleo juvenil urbano en Perú es descendente desde el 2005, cuando registró un 16,1 por ciento para luego bajar a 14,9 por ciento en el 2006. Sin embargo, la OIT señala que a pesar de la caída de la tasa de desempleo a nivel de la región latinoamericana, entre ellos la del Perú, los jóvenes y las jóvenes siguen siendo los más afectados por el desempleo. En ese sentido, la tasa de desempleo juvenil urbano en Perú fue 2.1 veces más que la de las personas adultas durante el 2007 (2007, p. 21).

No debemos dejar de mencionar además, como otro ejemplo de la gravedad de la situación que afecta a las juventudes, que investigaciones más recientes dedicadas a la violencia juvenil comienzan a mostrar que las juventudes que practican estas formas de expresión adquieren connotaciones cada vez más violentas. El uso de armas y el correspondiente tráfico de las mismas es creciente entre diversas “pandillas” y “barras bravas” (Prado, 2008).

Lima y Callao, las ciudades del país que concentran una mayor población, registran actualmente un total de 12.128 jóvenes y adultos que integran 410 pandillas, las que son responsables de 5.318 hechos delictivos, según informes recientes de la Policía Nacional del Perú (2008). La violencia de las pandillas está diseminada en ambas ciudades pero adquiere una presencia mayor en el sur y norte de Lima, lugares donde se concentran el mayor número de hechos delictivos cometidos por pandillas, con 2.235 hechos ilícitos y 1.070 faltas. Los tres principales delitos penales cometidos por pandillas son en la modalidad contra el patrimonio (1.620 casos), agresión (1.264 casos) e interrupción del libre tránsito (840 casos).

Los recursos asignados a través de medidas efectistas logran una satisfacción parcial de demandas permanentemente postergadas. No resuelven problemáticas de fondo sino simplemente buscan impactar en la opinión pública, a fin de mostrar que existe una preocupación desde el gobierno por las juventudes, aunque los recursos invertidos y la magnitud de la intervención realizada sean insuficientes para vulnerar de manera importante la aguda problemática juvenil.

Cubren además potenciales cuestionamientos y sobre todo brindan una atención dirigida exclusivamente a sectores juveniles que pueden abiertamente convertirse en radicales críticos del orden social, de las políticas económicas

y sociales que lo sustentan, así como del propio ordenamiento regido desde el Estado.

Este esquema, desde mi punto de vista, pone en riesgo el fortalecimiento de la institucionalidad pública en políticas orientadas a las juventudes, porque la Secretaría Nacional de Juventudes no juega un rol principal ni determinante en las acciones que el Estado despliega en relación con las juventudes.

No logra cumplir un rol efectivo de coordinación de los diversos programas y proyectos destinados a las juventudes, a pesar de representar dentro del Estado la instancia que debería cumplir este rol; tampoco logra articular una política coherente y sistemática en materia de juventudes, porque alienta una serie de iniciativas en paralelo que suman a la variada lista de programas y proyectos existentes implementados desde otros organismos públicos.

No desconozco la capacidad de la Secretaría Nacional de Juventudes de generar interesantes iniciativas, entre las cuales ha sumado recientemente entre otras: la creación del Programa Nacional de Promoción del Voluntariado Juvenil, que con respaldo de Naciones Unidas viene funcionando; o la conformación de la Mesa de Trabajo “Juventud Rural e Indígena”, dedicada a la atención de los problemas de este sector; pero el reto y desafío es mayor, porque las iniciativas resultan aisladas y sin impacto efectivo, sobre todo porque no logran constituirse en parte de una política pública mayor de carácter sistemático y coherente orientada a las juventudes peruanas.

Mención aparte merece el esfuerzo que viene realizando para actualizar el Plan Nacional de Juventudes 2006-2011. Lo sorprendente es que este instrumento no fue realmente usado en lo que va de la actual gestión, porque fue en primer lugar puesto en cuestión por haber sido elaborado durante el periodo del antiguo Conaju en la gestión del presidente Toledo; pero además, la reforma del Estado que fusionó el Conaju con el Ministerio de Educación, limitó también su implementación.

Mucho más débil aún es la intervención realizada a nivel de gobiernos regionales y municipalidades por parte de la Secretaría Nacional de Juventudes, que también debe cumplir un rol de rectoría a nivel regional y local. La debilidad es mucho más sentida por la reducida capacidad de la Secretaría al no poder ir a la par del vigoroso proceso de descentralización, puesto en marcha en el Perú desde inicios del dos mil, junto a la transición democrática. La Secretaría Nacional de Juventudes no ha logrado aún articular a los gobiernos regionales y a las municipalidades en una política orientada a las juventudes del país y que tome en cuenta la diversidad y heterogeneidad territorial, cultural, social y económica del Perú. Salvo algunas coordinaciones, otra vez de mucho potencial pero aisladas, la Secretaría no ha podido articular a los gobiernos regionales y a las municipalidades en iniciativas sostenidas y conducidas por objetivos estratégicos.

La aplicación de medidas efectistas no surge de una institucionalidad pública constituida en materia de políticas orientadas a las juventudes, que responda a una normatividad, planes y proyectos definidos en un marco

coherente y sistemático. Todo lo contrario, la aplicación de medidas efectistas está sujeta a los intereses coyunturales —generalmente de tipo político— impuestos frente a una determinada situación por parte de una organización o líder con intereses políticos determinados.