Ahora bien, a partir de la segunda guerra mundial aparece en el Reino Unido, de acuerdo a Barba (2005: 20), “un ejemplo distinto de interacción entre la política social y la búsqueda de legitimidad
política”. Allí, con el cambio de siglo y “debido a la obtención de derechos políticos y laborales por parte de los obreros, como los derechos al sufragio y a su organización en sindicatos, tanto los conservadores como los liberales se dieron cuenta de que necesitaban competir por su apoyo. Por ello, ambos partidos se mostraron alternativamente dispuestos a aceptar paquetes de nuevas medidas sociales”.
En este marco, es que se introduce el principio de la “seguridad social” a la legislación y PS británicas. Principio que se convierte “en una alternativa a las ‘pruebas de medios o necesidades’
características de las políticas asistenciales delineadas por las Leyes de Pobres” de 1834.
Bustelo y Minujin (1998: 4) señalan, que luego de Bismarck, “ningún otro evento en el desarrollo
de la política social fue tan significativo como la presentación, en 1942, del informe El Seguro Social y sus servicios correlativos de sir William Beveridge.” Y es que, recordemos que por esa
época, “Se vivía en Gran Bretaña la Segunda Guerra Mundial y Beveridge estaba determinado a
prevenir que la situación del país retornara al sistema de desigualdades sociales del pasado.” En
ese contexto, Beveridge se las ingenia para idear un sistema, que generara “solidaridad entre las
clases sociales, entre los empleadores y los empleados, incluyendo los trabajadores por cuenta propia y los desempleados.”
De acuerdo a Spicker (2009: 52), el mencionado informe, catalogado por la prensa inglesa como “un sistema de cobertura social ‘de la cuna a la tumba’”, se refiere a un conjunto de consideraciones relacionadas al seguro nacional británico. Lo que en la práctica significó, de acuerdo a Repetto (1998: 56) “un piso igualitario de beneficios para todos los ciudadanos”. Asimismo, se dice que el informe proponía un plan que se iba a basar en los siguientes principios:
Habría una cobertura universal; se identificaría a los contribuyentes de acuerdo a tipos de seguros, habiendo una clasificación de los trabajadores en un esfuerzo por enfatizar la naturaleza global del esquema; se brindarían beneficios fijos, en el que cada receptor recibiría el mismo beneficio al tiempo que cada contribuyente pagaría sobre las mismas bases, esto es, habría contribuciones fijas; se establecería un sistema adecuado de beneficios -lo que para Beveridge significaba la oferta de un mínimo de subsistencia-; y finalmente se prevería una única administración nacional (Spicker, 2009).
El informe, también recomendaba genéricamente, la creación de un sistema de seguridad social, contra la enfermedad, el desempleo y el envejecimiento, por contribuciones, y se planteaba que sus beneficiarios fueran el conjunto de los ciudadanos. “El nuevo sistema suponía una serie de
derechos sociales e incluiría pensiones familiares, beneficios por maternidad y apoyo a las viudas. Sería financiado a través de las contribuciones de los empleados, los empleadores y del Estado, pero su cobertura sería universal y por ello tendría un carácter solidario” pues el enfrentamiento
de los riesgos sociales sería compartido (Barba, 2004: 11. Barba, 2005: 20).
Con estos planteos, se abandona la idea de Bismarck del seguro social selectivo para trabajadores, y se pasa a una idea más global de seguridad social para el conjunto de la ciudadanía, que Bustelo y Minujin (1998: 4) resumen como: “un piso universal de beneficios igual para todos los ciudadanos
-trabajadores o no- a través del cual una comunidad otorga una protección mínima por medio de una contribución también mínima y regular. Paralelamente, Beveridge era partidario de continuar con el sistema de asistencia social para todos aquellos que no podían trabajar y que por lo tanto, no contribuían al sistema de seguro, una forma de garantizar un ‘piso social’ para todos.”. En
síntesis, tal como sostiene Isuani (1998: 4), a través de esta nueva propuesta, “se opera una
importante transición entre el acceso al beneficio justificado por la contribución, a aquel generado por la ciudadanía.”
Bajo este esquema, es necesario hacer una advertencia: y es que tal como sostiene Barba (2005: 21) el mantenimiento del pleno empleo, era visto “como el factor fundamental para lograr que la
seguridad social alcanzara, eventualmente, a la totalidad de la población e hiciera que la red de protección asistencial se convirtiera en algo innecesario”. Sin embargo, en los hechos, esta
situación no pudo materializarse por completo y derivó en la práctica en “la reforma del Sistema de
Seguridad Social y la creación del Servicio Nacional de Salud, ambos aprobados en 1946, así como por la Ley de Asistencia de 1948, iniciativas impulsadas por los laboristas” que llegaron al poder,
derrotando a Churchill, luego de la segunda guerra mundial
A su vez, tal como asevera Repetto (1998: 56), luego del impacto parcial en el sistema inglés de PS, la propuesta de Beveridge, “rápidamente cruzaría las fronteras, pasando a constituirse en un
‘deber ser’ promovido por ciertos organismos internacionales (como la Organización Internacional del Trabajo: Convenio 102 de 1952) y puesto en marcha por gobiernos de diversas latitudes.” Sin embargo, y más allá de lo anterior, Spicker (2009: 52) señala que, en la práctica concreta el plan tal cual se había planteado, “no logró proporcionar una cobertura universal debido a varias razones importantes”, que tuvieron que ver con que en la práctica, cualquier plan
que dependa de contribuciones inevitablemente deja brechas; con que el gobierno del Reino Unido, no financió de manera completa el plan y porque Beveridge no incorporó en él ni costos de las viviendas ni la situación particular de padres y madres solteros. Asimismo, -continúa el autor- también se constató que los niveles de beneficio propuestos por el Informe Beveridge, “eran
insuficientes para llevar una vida social decente para la época, es decir 1942, cuando se lo estaba aplicando”.
No obstante lo anterior, sí destacamos que su impacto en la forma de entender las PS, trascendió estos resultados, y se materializó en políticas concretas de tipo universal, llegando inclusive su planteo, hasta nuestros días. Finalmente, otra consecuencia importante del mencionado informe, destacada por Barba (2005: 21) es que “La experiencia británica fue a un tiempo el fundamento de
la escuela de la administración social y la base para la concepción desarrollada por T. H. Marshall” acerca del concepto de ciudadanía social, como complemento indispensable de la
ciudadanía política y de la ciudadanía civil, que supone asegurar estándares de bienestar ampliamente compartidos por el conjunto de la sociedad.