Instrumentando la sostenibilidad en el nivel local

En mayor o menor medida, la corrección de los principales problemas ambientales urbanos de la región requiere no sólo de buenas políticas e instrumentos eficaces, sino además de la creación de amplios consensos sociales que permitan involucrar a la sociedad civil. Los programas locales 21 que se han generado y puesto en marcha en algunas ciudades demuestran una incipiente, pero potencialmente poderosa vía para abordar la sostenibilidad ambiental en los asentamientos. De acuerdo con los lineamientos entregados por el Programa 21 en el nivel mundial, en estos programas ya no se considera

sólo al Estado como actor tradicionalmente protagonista de la puesta en marcha de los acuerdos incluidos en esa agenda, sino que también se otorga responsabilidades a las autoridades locales y actores de la sociedad civil, a través de procesos amplios de consultas y concertación de decisiones entre sectores y actores públicos y privados.

Las Naciones Unidas, en conjunto con el Consejo Internacional de Iniciativas Locales Relativas al Medio Ambiente, llevaron a cabo un estudio sobre la instrumentación de la agenda ambiental a nivel local en 1 800 gobiernos locales de 64 países.60 Se identificaron 181 casos de puesta en marcha de estos instrumentos en países en desarrollo y en transición. El caso más destacable para América Latina corresponde a Bolivia, siendo más reciente la existencia de estos programas en Brasil, Colombia y Perú. En estos países se cuenta tanto con agendas nacionales como locales, mientras en otros de la región se comprobó que sólo algunas ciudades habían desarrollado sus programas.

Las asociaciones de municipios, tanto en el nivel nacional como internacional, han promovido la información y capacitación para que los gobiernos locales puedan liderar estos procesos. Los principales esfuerzos incluidos en estas agendas se orientan a organizar la participación ciudadana y establecer asociaciones integradoras y participativas para definir prioridades medioambientales y sociales. Entre los principales problemas que han enfrentado están la falta de recursos, las dificultades para concertar prioridades y el escaso apoyo de parte de los gobiernos nacionales. Si bien no han generado cambios espectaculares en relación a la sostenibilidad ambiental, los programas locales 21 han permitido producir un cambio cualitativo en la gestión ambiental local. En los centros en que se dispone de estos instrumentos, existe una mayor conciencia acerca de los problemas medioambientales y se facilitan los procesos participativos para la definición de planes y políticas de desarrollo local.

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Los países de América Latina y el Caribe que fueron estudiados son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Santa Lucía.

Recuadro 13

COORDINACIÓN PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN CENTROAMÉRICA

Los gobiernos de los países centroamericanos han adoptado un marco estratégico común para la reducción progresiva de la vulnerabilidad física, económica, ambiental y social que los expone a altos riesgos ante los desastres naturales. Este marco forma parte del proceso de transformación, integración y desarrollo sostenible de la región, en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES). Incluye tanto políticas y medidas para la reducción y mitigación de daños, como acciones para prevenir, atenuar y manejar las emergencias.

Los objetivos específicos tienen un alcance regional además de nacional, y promueven: - el mejoramiento de la seguridad de los asentamientos humanos;

- la aplicación del ordenamiento territorial como instrumento para la reducción de la vulnerabilidad; - la introducción de las variables de prevención y mitigación, así como de preparación y gestión de

riesgo, en todos los programas y proyectos de desarrollo.

En el nivel regional se establece una coordinación entre las instituciones involucradas en el tema de la vulnerabilidad ante desastres, la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana y los coordinadores de los planes nacionales en cada país. Todos los sectores sociales y económicos se incorporan al momento de formular y poner en marcha planes y estrategias de reducción de vulnerabilidad y de gestión de riesgo para proteger a la población, la producción, la infraestructura y el medio ambiente.

Fuente: Página oficial del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central

La experiencia acumulada en estos años señala que las actuaciones aisladas de los gobiernos locales no logran alcanzar un efecto adecuado si no cuentan con el apoyo del gobierno nacional para articular acciones y normas referidas a ámbitos territoriales más extensos. Se requiere reforzar la cooperación horizontal entre los sectores público y privado, la sociedad civil y los organismos de desarrollo, así como aquella de tipo vertical que incluya desde el gobierno local, regional y nacional hasta los organismos internacionales, con el fin de lograr el desarrollo sostenible de los asentamientos.

Recuadro 14

LA EXPERIENCIA DE DOS CIUDADES CON PROGRAMA LOCAL 21

Las ciudades de Santos (Brasil) y Quito (Ecuador) han aplicado programas para mejorar sus condiciones urbanas. En el caso de Santos, se buscó incrementar en el nivel municipal el conocimiento de la responsabilidad en la aplicación del Programa Local 21 y asociar este proceso al de planificación de la ciudad. Para revertir la degradación medioambiental que afectaba al municipio, se organizaron seminarios, reuniones cursos de información para sensibilizar tanto a los funcionarios locales como a los actores de la sociedad civil acerca de la necesidad de constituir alianzas e identificar de manera conjunta un programa de acción. Las principales dificultades se presentaron a causa del escaso interés inicial de estos actores por participar, así como de las diferencias en los niveles de capacitación. Sin embargo, con el tiempo se constató un aumento de la participación de los sectores sociales con menores recursos y capacidades, y mejoró el conocimiento de los problemas medioambientales así como de las posibilidades de solucionarlos, lográndose institucionalizar la participación más allá de los ciclos políticos de gobierno municipal.

En Quito, la Ley Metropolitana de distritos aprobada en noviembre de 1996 permitió involucrar a las comunidades locales para enfrentar los problemas ambientales en un proceso de consulta y definición participativa. En una de las comunas del sur del distrito de la ciudad de Quito, se decidió restaurar el equilibrio ecológico de los barrancos y mejorar la vida de los habitantes de los barrios aledaños mediante la preparación de un plan de acción con la participación de líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, personal municipal y el sector privado. Se identificaron y priorizaron asuntos con el fin de definir un plan de ordenamiento y gestión y lograr la participación de la comunidad en el manejo de los barrancos.