INTERSECCIONALIDAD Y MÚLTIPLES FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

Siempre han existido formas de discriminación entrecruzadas y de múltiples niveles, aunque solo han empezado a ser reconocidas en las últimas décadas. La edad, la condición socioeconómica, el origen racial o étnico, la religión, el origen nacional, la ciudadanía, otra condición social, el estado de salud, en particular el VIH/SIDA y la discapacidad, así como la pobreza y la orientación sexual son factores que pueden agravar o influir de otro modo en el tipo de discriminación que afrontan las mujeres.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, los Estados reconocieron que ―muchas mujeres enfrentan otras barreras para el disfrute de sus derechos humanos debido a factores tales como su raza, idioma, origen étnico, cultura, religión, incapacidades o clase socioeconómica o debido a que son indígenas, migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, desplazadas o refugiadas‖. En la Declaración de Durban, los Estados declararon que estaban ―convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos‖. Reconocieron además ―la necesidad de integrar una perspectiva de género en las pertinentes políticas, estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación‖.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también abordó la cuestión en su recomendación general Nº 25 (2000) relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, en la que tomó nota de que ―la discriminación racial no siempre afecta a las mujeres y a los hombres en igual medida ni de la misma manera.

Existen circunstancias en que afecta únicamente o en primer lugar a las mujeres, o a las mujeres de distinta manera o en distinta medida que a los hombres. A menudo no se detecta si no se reconocen explícitamente las diferentes experiencias de unas u otros en la vida pública y privada‖.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general Nº 25 (2004), también subrayó que los Estados partes debían combatir la discriminación múltiple contra la mujer mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos con carácter vinculante que aborda explícitamente las múltiples formas de discriminación de que son objeto las mujeres y las niñas, y exige que los Estados partes adopten medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer ha reconocido la necesidad de analizar posibles intersecciones al estudiar la violencia de género para demostrar las distintas categorías de discriminación contra la mujer. En un informe reciente sobre las formas múltiples de la violencia contra la mujer y sus intersecciones (A/HRC/17/26), la Relatora Especial afirma que la eliminación de la violencia requiere medidas holísticas que aborden la desigualdad y la discriminación tanto entre los géneros como dentro del propio género. Esto significa que al analizar la violencia de género deben tenerse en cuenta los factores que acrecientan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, como la localización geográfica, el nivel de educación, la situación en materia de empleo, el tamaño de la familia, la relación matrimonial y el acceso a la participación política y cívica, la raza, el color de la piel, las capacidades intelectuales y físicas, la edad, los conocimientos lingüísticos y la capacidad de utilizarlos, la identidad étnica y la orientación sexual.

CAPITULO V

EL ABORTO COMO DERECHO HUMANO

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a información proporcionada por las Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado (NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, 2016) los órganos de derechos humanos han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. Asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones de los Estados a fin de eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.

La mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal. Unos pocos países han promulgado una prohibición total del aborto. En otros Estados, el aborto está altamente restringido, pero generalmente existe una excepción para el procedimiento, por ejemplo, con el fin de salvar la vida de una mujer, o en casos de violación, incesto o malformación fetal. La mayoría de los países poseen leyes más tolerantes sobre el aborto, permitiendo el procedimiento sin restricción o con restricciones que toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, así como también las razones económicas o sociales.

Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Han recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Estos organismos también han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos (COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, 2014).

La jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Que el aborto legal debe ser seguro y accesible también es una postura apoyada por compromisos políticos asumidos por los Estados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo en 1994. En dicha Conferencia, los Estados reconocieron el aborto en condiciones de riesgo como una importante preocupación de salud pública y se comprometieron a reducir la necesidad de abortos a través de servicios de planificación familiar más amplios y mejores, a la vez que reconocieron que, en los casos en que el aborto no fuera contrario a la ley, éste debía practicarse en condiciones adecuadas. La Plataforma de Acción de Beijing, que fue acordada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, también afirmó esto. La revisión y evaluación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la implementación de la CIPD en 1999 acordó asimismo que, “en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a quienes prestan servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible. Se deben tomar medidas adicionales para salvaguardar la salud de la mujer.” (Conferencia Internacional sobre Población y Desarr, 1999).

Algunos datos adicionales de la OMS (2012) señalan:

 Anualmente se calcula que se producen 22 millones de abortos en condiciones de riesgo.

 Aproximadamente 47.000 muertes relacionadas con el embarazo son provocadas cada año por complicaciones a causa de un aborto en condiciones de riesgo.

 Las muertes por abortos en condiciones de riesgo son totalmente evitables.

 Los países con leyes menos restrictivas sobre el aborto tuvieron en general menores tasas de abortos que los países con leyes más restrictivas.

2. LA PENALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ÚNICAMENTE