Introducción

La omnipresencia del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe genera serias preocupaciones en relación con la calidad y estabilidad de la democracia en la región. En lugares donde el régimen falla en proteger adecuadamente a sus ciudadanos de la violencia y el crimen, no solamente es posible que los ciudadanos estén insatisfechos y confíen menos en las instituciones y funcionarios públicos encargados de proporcionar seguridad a los ciudadanos, sino que bajo ciertas condiciones también podrían culpar a la democracia misma por sus circunstancias de peligro. O, en condiciones de alta criminalidad, los ciudadanos también pueden hallarse menos comprometidos con los principios fundamentales del Estado de Derecho que permite que la democracia progrese. Bailey (2009) advierte sobre el círculo vicioso que atrapa a los países en una “trampa de seguridad” en la que las burocracias estatales ineficientes y altos niveles de corrupción debilitan la capacidad de los Estados de proveer seguridad pública y mantener el Estado de Derecho, generando desconfianza en la legitimidad de la democracia que, a su vez, debilita al Estado. El contar con un Estado fuerte que responda efectivamente e impida el crimen y la violencia es crítico para el florecimiento de la democracia en cualquier contexto. Como Karstedt y LaFree (p.6, 2006) declaran de manera elocuente, “la conexión entre democracia y justicia criminal es tan fundamental que resulta evidente por sí misma: el Estado de Derecho garantiza el debido proceso, y el cumplimiento de los derechos humanos es parte integral de la emergencia e institucionalización de la democracia”.

Los académicos han proporcionado evidencia consistente de que la victimización por delincuencia y la inseguridad generalizada pueden presentar serios desafíos para la democracia en las Américas (Lipset 1994; Booth y Seligson 2009; Bateson 2010; Wood et al. 2010; Malone 2010; Carreras 2013). De acuerdo con la riqueza de trabajos académicos sobre el tema, existen por lo menos tres maneras en las que el crimen, la violencia y las amenazas pueden suscitar reacciones entre el público que desafían la calidad de la democracia y la gobernabilidad1. En primer lugar, las personas preocupadas por la inseguridad pueden exhibir un incremento de tendencias autoritarias y preferencias por la centralización de poder en Ejecutivos que luego pueden actuar ignorando el equilibrio de poderes (Merolla y Zechmeister 2009). Cuando los individuos se sienten amenazados o inseguros son

1 _{Tasas tan altas de crimen violento también tienen un costo económico. Los niveles altos de crimen violento pueden}

monopolizar los recursos del Estado y absorber fondos de otros servicios públicos vitales. En lugar de invertir en infraestructura pública y servicios sociales, los gobiernos democráticos a menudo hallan que sus recursos están dominados por los crecientes niveles de inseguridad pública. El Banco Mundial asevera que además del dolor y el trauma que el crimen inflige a las víctimas y sus familias, “el crimen y la violencia tienen enormes costos económicos” que consumen aproximadamente 8% del PIB de la región, tomando en cuenta los costos de cuerpos policiales y de seguridad, la seguridad ciudadana y los servicios de salud” (Banco Mundial 2011, 5). Tanto en el frente político como en el económico las tasas actuales de homicidio amenazan el desarrollo sostenible de la comunidad. Se le agradece a Mary Malone por estas percepciones y por su asesoramiento adicional sobre el contenido del Capítulo 1 de este informe.

más propensos a tolerar e incluso a apoyar gobiernos que restringen algunos derechos políticos y libertades civiles centrales.

Una segunda amenaza a la calidad democrática y la gobernabilidad surge cuando los ciudadanos pierden la fe en la capacidad del régimen de proporcionar seguridad pública adecuada y por ello apoyan alternativas menos democráticas para mejorar la seguridad. El ejemplo más obvio de este escenario se refiere a individuos que toman los asuntos en sus propias manos para combatir el crimen de manera extra-legal o transfieren autoridad a grupos que se dedican a la vigilancia justiciera (Zizumbo-Colunga 2010). En su versión extrema, estos grupos incluyen entidades desestabilizadoras y violentas como grupos paramilitares, sicarios y masas linchadoras. Desafortunadamente, estos grupos están actualmente cada vez más presentes en varios lugares a lo largo de las Américas y pueden estar ganando apoyo exacerbado de ciudadanos insatisfechos, una dinámica que tiene el potencial de amenazar el monopolio del uso de la fuerza que está previsto para el Estado.

Por último, el crimen y la inseguridad pueden ser perjudiciales para la calidad democrática al socavar directamente la confianza interpersonal y por ende, el desarrollo de capital social. Desde la obra clásica de Alexis de Tocqueville, pasando por el trabajo innovador de Gabriel Almond y Sydney Verba hasta la investigación multi-método de Robert Putnam, los académicos en varios campos de las ciencias sociales han dedicado esfuerzos enormes para explicar cómo el tejido social da forma a la democracia (Tocqueville 1835; Almond y Verba 1963; Putnam 1993). La fortaleza de dicho tejido social se encuentra amenazada cuando crisis de seguridad hacen que los individuos pierdan confianza interpersonal (Merolla y Zechmeister 2009) y esas dinámicas son alimentadas o pueden agravarse por una erosión adicional de confianza en las instituciones políticas y policiales del estado (Corbacho et al. 2012).

¿Cuál es el estado del crimen y la violencia en las Américas? Dada la importancia de este tema para la democracia es imperativo responder a esta pregunta. Este capítulo proporciona una evaluación del estado de la seguridad en las Américas a partir de investigación secundaria y resultados de la encuesta regional del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP), la cual que provee una colección sin precedentes de datos de opinión pública de más de 25 países durante la última década, desde 2004 hasta 20142_{. Algunos de los puntos clave documentados}

en este capítulo son los siguientes:

 La región de América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta de homicidios, comparada con cualquier otra región en el planeta (23 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes), según los datos más actualizados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

 América Central se destaca como la región más violenta en el planeta. En 2012 tenía un promedio de casi 34 homicidios por cada 100.000 habitantes3_.

2 _{El Barómetro de las Américas de 2014 incluirá encuestas en 28 países en total, pero este informe se enfoca en el análisis}

de 25 países para los cuales se ha recogido y procesado datos hasta el momento de redacción de este informe. Puesto que no todas las rondas del Barómetro de las Américas contienen a los 25 países, se informará en notas al pie sobre controles de robustez para comparaciones en el tiempo para análisis que contengan sólo un sub-grupo de países consistentemente representados en una serie temporal dada.

3 _{En su informe más reciente, la UNODC (2013) indica que el Sur de África empata con América Central en términos de}

 Temas relacionados al crimen y la violencia se perciben de manera consistente como preocupaciones principales entre los ciudadanos de las Américas. Según el Barómetro de las Américas de 2014, aproximadamente 1 de cada 3 ciudadanos identifica la seguridad como el problema más importante que su país enfrenta.

 En promedio, en toda la región, 17% de los encuestados por el Barómetro de las Américas en 2014 reporta haber sido víctimas de un delito, una tasa que se ha mantenido bastante constante desde 2004.

 El Barómetro de las Américas de 2014 documenta formas importantes en las que las tasas de robos, ventas de drogas ilegales, extorsión y asesinatos varían entre los países de las Américas.

 Los residentes urbanos, aquellos con mayores niveles de educación y los individuos más ricos son los que con mayor probabilidad reportan ser víctimas de un delito en las Américas en 2014.

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: la Sección II proporciona un resumen del estado de los hechos en términos de la prevalencia del crimen y la violencia en las Américas, basado en indicadores de homicidio comparados entre países y reportados por la UNODC. Esta sección también discute las ventajas del uso de datos de opinión pública para medir y analizar el crimen y la inseguridad. La Sección III examina datos del Barómetro de las Américas de LAPOP, para proveer una mirada general de cómo perciben el crimen y la violencia los ciudadanos de las Américas en sus países. Esta sección examina hasta qué punto la seguridad ocupa el primer lugar en la lista de problemas más importantes en los países del Barómetro de las Américas a lo largo del tiempo y el espacio. En la cuarta sección se da una mirada más profunda a los datos de 2014 del Barómetro de las Américas examinando la frecuencia y los tipos de victimización por delincuencia experimentados más comúnmente por individuos en la región. También se analizan los factores demográficos que hacen que algunos individuos sean más vulnerables al crimen.