Introducción: preceptos constitucionales y desarrollo legislativo

Japón es una auténtica monarquía-símbolo articulada en torno al principio democrático. No podía ser de otro modo en el momento de concebirse como monarquía parlamentaria del siglo XX, si nos atenemos a las circunstancias históricas en que transcurrió el proceso constituyente. El Tennô [天皇] es el símbolo del Estado. También simboliza la unidad del pueblo japonés. Por añadidura, su posición constitucional y simbólica deriva de la voluntad del pueblo, titular del poder soberano. Por primera vez en la historia de Japón y de su milenaria monarquía se reconoce la soberanía popular, única solución jurídica y política capaz de compatibilizar monarquía como forma política de Estado y el principio democrático1. El esquema se completa con el sometimiento expreso del poder a la ley y al Derecho, pues todas las autoridades públicas, además del

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No debe olvidarse que la CJ se redacta en un país ocupado militarmente tras haber aceptado las condiciones de la Declaración de Potsdam de 26 de julio de 1945 y las del Instrumento de Rendición Incondicional de 2 de septiembre de 1945 en la II Guerra Mundial. Aunque formalmente la nueva CJ se articuló, procedimentalmente, como un reforma de la Constitución Meiji de 1889 (a través de su art. 73), cubriendo así –si se nos permite el símil y salvando las distancias, el paso de la ley a la ley- lo correcto es tratar todo el proceso como constituyente, ello al margen de las tres principales teorías doctrinales sobre su validez y legitimidad, a saber, la teoría de la “revolución de agosto” de Toshiyoshi Miyazawa según la cual las exigencias de Potsdam acaban con la legalidad Meiji al imponer la soberanía popular; la teoría de la aparición progresiva de la soberanía nacional de Kôji Satô, basada en los acontecimientos entre la antigua y la nueva CJ en la que el pueblo toma conciencia, progresivamente, de su soberanía; y la teoría de la ratificación de Nagao Ryûichi, según la cual el pueblo japonés, tras recuperar su soberanía como Estado (Tratado de Paz de San Francisco 28 abril 1952) optó por ratificar tácitamente [cabría añadir] la CJ ya aprobada. Vid. Pedriza, Luis en el apartado “Temas de Actualidad: La validez jurídica de la Constitución japonesa” en la obra colectiva Barberán, Francisco, Kuroda, Kiyohiko y Okabe, Fuminobu “Introducción al Derecho Japonés Actual” Thomson Reuters Aranzadi, 2013, págs. 268-270.

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Emperador, tienen la obligación de respetar y defender la Constitución2. El Tennô, en fin, está despojado de toda facultad de gobierno debiendo únicamente realizar los denominados “Actos de Estado” previstos en la Constitución3_{. En todos ellos, se requiere el consejo y la}

aprobación del Gabinete, asumiendo éste la responsabilidad, a modo de refrendo regio4. En Japón en lugar de el rey reina pero no gobierna, cabría decir que el Emperador ni siquiera reina: simplemente, simboliza. O sea, un sistema monárquico constitucional-parlamentario de Monarquía simbólica y Emperador-Símbolo5.

La vigente Constitución japonesa se promulgó el 3 de noviembre de 1946, entrando en vigor el 3 de mayo del año siguiente. El periodo de vacatio legis previsto en el art. 100 CJ habilitaba la promulgación de leyes necesarias para su entrada en vigor. En este sentido, a lo largo del articulado de la Carta Magna encontramos, con frecuencia, preceptos que remiten a un desarrollo normativo posterior, pudiendo distinguir entre las consideradas necesarias para la plena eficacia de la entrada en vigor de la Constitución de aquellas otras susceptibles de ser aprobadas en el momento políticamente oportuno. Entre las primeras se situarían la Ley de la Dieta o la Ley Electoral, pero también la denominada

Kôshitsutenpan [皇室典範] Ley de la Casa Imperial (“LCI”)6 y la Kôshitsu Keizai Hô [皇 室経済法] Ley Económica de la Casa Imperial (“LECI”)7_.

El artículo 2 de la Constitución Japonesa (“CJ”) fija el carácter dinástico del Trono del Crisantemo. Pero remite a la citada Kôshitsutenpan, que deberá aprobar la Dieta, para regular la cuestión sucesoria. Además del art. 2 CJ, el art. 5 CJ también remite al desarrollo en la LCI de la regulación de la Regencia. En materia económica, el art. 8 CJ prohíbe donar bienes a la Familia Imperial y que ésta pueda recibirlos o hacer donaciones

sin autorización de la Dieta. Por su parte, el art. 88 CJ proclama la titularidad estatal de

todas las propiedades de la Casa Imperial y remite a los presupuestos aprobados por la

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Art. 99 CJ: “El Emperador o el Regente así como los Ministros de Estado, los miembros de la Dieta, los jueces y todas las demás autoridades públicas, tienen la obligación de respetar y defender esta Constitución”.

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Art. 4 CJ: “El Emperador realizará únicamente los actos de Estado previstos en esta constitución y no tendrá otras facultades de gobierno”

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Art. 3: “Se requerirá el consejo y la aprobación del Gabinete en todos los actos del Emperador vinculados con el Estado y el Gabinete será responsable de los mismos”.

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Un estudio más completo sobre la materia en Rodríguez Artacho, Salvador “La Monarquía japonesa” Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

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Ley nº 3 de 16 de enero de 1947. Una traducción al castellano de la LCI en Torres del Moral, Antonio y Rodriguez Coarasa, Cristina “Monarquía y Constitución, (II. Textos Jurídicos)”, Colex, 2001, págs.., 154 y ss.

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Ley nº 4 de 16 de enero de 1947. Desde su aprobación, se ha reformado en varias ocasiones, incluidas las provocadas por la reforma de otras leyes, por ejemplo, la de Patrimonio y Bienes del Estado, o la de reestructuración de los órganos administrativos del Gobierno (cambios de denominación, etc.),. La última reforma es de 2006. Agradezco a Kiyohiko Kuroda Catedrático de la Universidad de Nanzan, su ayuda en la actualización de esta información.

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Dieta para la asignación de todos los gastos de la Casa Imperial. Otros desarrollos normativos no llegaron hasta varios años después de la entrada en vigor de la CJ. Nos referimos a la posibilidad de delegar la realización de actos vinculados con el Estado de acuerdo con la ley, prevista en el art. 4 CJ8. Otras materias objeto de regulación en leyes complementarias serían la Agencia de la Casa Imperial o Kunaicho [宮内庁]9, el Registro familiar de las personas que adquieren o pierden la condición de miembro de la Familia Imperial, el Registro de la Genealogía Imperial y la Ley de la Era [元号法].