Líneas estratégicas Reflexionar sobre

1826, dictada por el mariscal Sucre en Chuquisaca, donde se declaró que “los hombres de todos los pueblos y naciones son invitados a venir a Bolivia, donde su libertad civil tiene todas las garantías que dan las leyes bolivianas”; se podría decir que es una política inmigratoria, luego se se constata que el 30 de julio de 1938 se firma 9 artículos sobre la reglamentación de la emigración en el Decreto Supremo donde se indica que se debe sancionar radicalmente la fuga de braceros nacionales, complementando así el Decre- to Supremo de 5 de octubre de 1937. Luego de 20 años, se dicta un decreto supremos el 12 de junio de 1958 debido a que se indica “la práctica ha demostrado que numerosos extranjeros adquieren la nacionalidad boliviana con el fin de conseguir fácil ingreso a otros países y que por tal razón es ne- cesario modificar lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto Supremo 2708 de 31 de agosto de 1951” lo que significa que el año 1951 se había flexibi- lizado el ingreso de población al país. Si se analizan los decretos también se trata de una política inmigratoria de permanencia de al menos 5 años para la Nacionalización y una serie de restricciones plasmadas en 3 artículos.

Recién en 1976, se redactan 36 artículos, en realidad se pretendió gene- rar una política inmigratoria de grandes alcances, por ello incluso se definió la creación de un organismo especializado que dirija y planifique una polí- tica integral, canalizando en forma sistemática, programas de inmigración y de defensa de los recursos humanos del país; es interesante analizar que el Estado Boliviano reconoce la inmigración como un instrumento de política

6 En Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo en su Informe sobre “La situa- ción de Migrantes en Bolivia” (2006) y recogiendo datos de la Pastoral de Movilidad Humana, 2006. 7 Según establece el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2009, superando barreras: Movilidad y

demográfica, destinado especialmente a crear o impulsar proyectos de colo- nización, mediante la utilización de recursos humanos para cubrir el déficit poblacional y lograr el incremento de la producción agropecuaria del país.

Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se firma el Decre- to Supremo 24423 del 29 de noviembre de 1996, justamente el titulo de dicho DS es el del Régimen Legal de Migración, si bien en el primer párra- fo se da idea de una política migratoria (inmigrantes y emigrantes) sin em- bargo luego es mas direccionada a la inmigración, aunque como se indico en el Artículo 1, se indica: “el Estado boliviano reconoce que la migración representa un factor importante para el país. Que la migración favorece al crecimiento demográfico y debe constituirse en elemento coadyuvante del desarrollo social y económico, a través de la inversión real y del trabajo efectivo, siendo además necesario evitar la emigración de nacionales”. Son 104 los artículos que son presentados en extenso en el anexo.

En la carta que escribe el Presidente boliviano Evo Morales a la Unión Europea el 9 de junio del 2008, con motivo de la política de inmigración y la directiva del retorno. Morales, reclama el derecho humano a la libre cir- culación, y del respeto a los derechos humanos, surgen algunos elementos que podrían articularse en una política migratoria similar a la preparada por el Presidente Correa para el Ecuador.

Luego del análisis de las políticas migratorias, se puede concluir que ha existido una fuerte direccionalidad en las políticas inmigratorias, que son inexistentes las acciones en relación a los que se van, por ello históricamen- te las corrientes migratorias de bolivianos ha estado vulnerable a una serie de atropellos y falta de acciones de defensa como acontece con otros flujos migratorios.

Se puede concluir que en Bolivia, históricamente no se ha brindado protección a los bolivianos que se encuentran en el extranjero, eludiendo el Estado su responsabilidad. Los atropellos incluso cuando un ciudadano boliviano solicita visa, son muy preocupantes, dentro del mismo país, lo que hace suponer que el maltrato en el destino seguramente es dramático, situación que he podido evidenciar en diferentes instancias tanto dentro como fuera del territorio de Bolivia.

No se ha diseñado una política de protección del retorno, ningún meca- nismo que permitan a los retornados a un regreso feliz, tales como brindar algunas facilidades de traslado del menaje de casa y equipo de trabajo, entre otras necesidades. La necesidad de integración entre migración y co-de-

sarrollo (OIM, 2003; Mármora, 2002; Blanco Fernández, 2008), requiere el concurso de al menos 4 tipo de actores: Un primer actor, los migrantes que podrá ser de dos tipos: Económica (remesas y financiamiento) y Social política cultural (participación social) y acceso a salud, en los últimos años se ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes en cuanto a su acce- so a la salud, especialmente cuando son irregulares en el país de recepción. La Segunda iniciativa pública de los gobiernos de origen que incluya los siguientes tres tipos de proyectos:

Proyectos e iniciativas de desarrollo económico con y sin migrantes, Po- líticas migratorias y Proyectos de desarrollo. El tercero a iniciativa pública de los gobiernos de destino: Políticas de cooperación al desarrollo con más protagonismo de Gobiernos de origen y de migrantes y con Políticas de in- migración orientadas también a los intereses del país de origen. Finalmente el cuarto a iniciativa privada: la articulación de intereses de los empresarios de origen y los de destino.

Este complejo engranaje, engloba múltiples aristas, por ello el margen de acción de las políticas públicas, es inmenso, pueden ir desde la regulación de los flujos migratorios legales, hasta el control del tráfico ilegal de las per- sonas. Hay algunos esfuerzos reflexivos sobre la necesidad de una correcta definición de una política publica migratoria (Mármora, 2002), nos sugiere el autor, que la política debería estar basada en los derechos humanos del migrantes y de su familia, es decir, convertirla en directriz central. Parece pertinente la recomendación de Mármora, ya que al observar los principios sobre los cuales debería construirse el andamiaje, surgen temas, como los de tolerancia, solidaridad, discriminación, racismos y xenofobia, que sin lugar a dudas son sensibles en las dos puntas de la migración.

Uno de los puntos fuerza, en la implementación de una política mi- gratoria, es el respeto irrestricto a los derechos humanos, como elemento fundamental del derecho al movimiento, en su dimensión ética, es decir, el derecho a migrar, al del libre transito de las personas y del capital financiero, a los denominados derechos económicos, sociales, políticos del migrante, a los derechos solidarios, los derechos de igualdad de oportunidades y trato laboral, derechos a la igualdad social y política y derecho a la identidad cultural, fortalecimiento institucional de las organizaciones de migrantes, entre otros posible.