Un régimen político encuentra en la confianza de su ciudadanía su principio de legitimidad. Cuando esta confianza se quiebra, se asiste a la puesta en cuestión del lazo representativo y de la relación gobernantes-gobernados. Esto fue lo que sucedió con la crisis y las manifestaciones populares-ciudadanas de 2001. Muy bien lo explica Hugo Quiroga (2010), con la crisis se asistió a un doble fenómeno. Por un lado, la pérdida de legitimidad en la política y en las instituciones, a raíz de la cual los ciudadanos ya no se sentían más convocados y representados por los políticos, no viendo en la política nada más que una actividad en la cual los actores intervinientes privilegian sus intereses privados en desmedro de lo público. Y por el otro, la desinstitucionalización de la política, intento de retirarla de sus canales formales en favor asambleas populares y participación directa.
A raíz de este doble fenómeno, debe verse que la tarea fundamental que se adjudicó el gobierno de Kirchner fue la de relegitimar y reinstitucionalizar la política; renovar la confianza de los ciudadanos para con los políticos y las instituciones de la democracia representativa, así como también devolverles a las instituciones formales de ésta –Congreso, votos, urnas, partidos políticos- el monopolio de la representación política.
Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad (…) Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol de las instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción [D]ebemos asegurar la existencia de un país normal, sin sobresaltos (25 de marzo de 2003, destacado propio)
El mensaje de asunción de Néstor Kirchner avaló lo que se dijo respecto a las tareas que debía asumir el nuevo gobierno en el climax de la crisis de 2001-2002. Por un lado “reconciliar a la política a las instituciones y al Gobierno con la sociedad” y también fortalecer “el rol de las instituciones”, lo que se traducía en luchar contra “la impunidad y la corrupción”; significantes asociados al primado de las corporaciones locales –jueces y militares golpistas-.
Es por ello que acontecimientos como la renovación de la Corte Suprema, la reforma del Consejo de la Magistratura, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, el inicio de los juicios contra los militares acusados de delitos de lesa humanidad, así como también los comicios de 2005 y 2007 deben ser leídos no sólo como el cumplimiento de la promesa de normalizar a la Argentina –
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haciendo de ésta “un país normal”, previsible y “sin sobresaltos”, como pregonó el discurso kirchnerista-, sino más aún como acciones concretas y opuestas que polemizaron con los antagonistas, jueces y militas.
En un país normal, como el que queremos construir con la participación de todos (…) debemos encontrar el modo para que, unidos en la diversidad, se pueda hacer rendir el pluralismo en beneficio del común (11 de diciembre de 2003; destacado propio)
Sabemos que estamos discutiendo intereses económicos y sabemos de qué lado estamos. Esta vez, el pueblo argentino tendrá en el gobierno el primer defensor de sus intereses. (1 de marzo de 2005; destacado propio)
El “país normal” que buscaba construir Kirchner precisaba de la “participación de todos”, que bajo una “unión en la diversidad”, puedan hacer valer el universo de las „verdades relativas‟ y exprimir al máximo el pluralismo en la búsqueda de bien común. Resulta interesante pensar esto último recordando la crítica kirchnerista analizada más arriba, por un lado, al pensamiento único y la uniformidad asociados a la doxa neoliberal, y por el otro, al fundamentalismo y mesianismo de los cuadros militares responsables del PRN.
Frente a éstos, el kirchnerismo trazó una frontera. Se posicionó no sólo como el apóstol de la reunión de los argentinos en la diferencia y el pluralismo, sino más aún en el defensor del bien común; se autopercibió como el “primer defensor” de los intereses del pueblo frente a los de las corporaciones que, en el “cambio época” que aspira concretar el kirchnerismo, se sentían amenazados.
Ambos párrafos dan una idea acerca de la concepción democrática del primer kirchnerismo. Las palabras claves “unidos en la diversidad”, “pluralismo”, discusión y defensa de intereses, arrojan indicios sobre una cierta concepción pluralista-agonista de la democracia: un régimen donde la política pretendía crear unidad, en un contexto plural, conflictivo y diverso. (Chantal Mouffe, 2003)
[D]esde el 25 de mayo de 2003 ha sido nuestro propósito trabajar decididamente en el mejoramiento de la calidad institucional de la República (…) [L]a calidad de las instituciones debe medirse en función de las capacidades que tengan para representar la voluntad popular y construir un Estado de Derecho (1 de marzo de 2006; destacado propio) Es central que incrementemos drásticamente la calidad de nuestras instituciones, de modo que el ciudadano vea concretamente fortalecidos sus derechos (…) A eso debe apuntar el incremento de la calidad institucional: cada vez mejores instituciones, cada vez más derechos ciudadanos. (11 de diciembre de 2003; destacado propio)
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Aquí nuevamente expuso el ex Presidente que desde el comienzo de su gestión en 2003 el objetivo fundamental del Gobierno Nacional fue el mejoramiento de la “calidad institucional”, lo que se debía interpretar como una apuesta por “cada vez mejores instituciones, cada vez más derechos ciudadanos”.
Existía en la palabra de Kirchner –como puede apreciarse- una íntima conexión entre calidad institucional y derechos. Éstos no debían pensarse simplemente en términos legalistas. Nada de ello. Recurriendo a la célebre explicación marshalliana49, el fortalecimiento de los derechos debía involucrar: I) el sostenimiento de los derechos civiles –libertades de movimiento, de expresión, de culto, derecho a la propiedad y a la justicia-; II) y de los derechos políticos –sufragio y elegibilidad para cargos públicos-; III) así como también el aseguramiento de los derechos sociales –salario mínimo acorde a las necesidades básicas, jornada de trabajo de 8, derecho a la salud y a la educación-. Para el kirchnerismo la concreción de estos derechos hablaría de una ciudadanía plena.
La tarea fundamental en la que se encaramó el kirchnerismo fue la de relegitimizar la política, y devolverles a los ciudadanos la confianza en ella y en los políticos. En esta tarea, el discurso kirchnerista polemizó contra las corporaciones judicial y militar, no viendo en ellas otra cosa que corrupción e impunidad. En relación a estos dos tópicos deben entenderse la apuesta kirchnerista por dotar de calidad a las instituciones, y devolverles a éstas su rol primordial en una sociedad plural y democrática. En esta primera acepción de pueblo que realizó el kirchnerismo, las nociones de instituciones y derechos ciudadanos van de la mano.