La democracia participativa como forma de legitimidad

Un aspecto básico en el desempeño de los gobiernos es la participación ciudadana. Cabe mencionar que en México la participación ciudadana ha tenido lugar gracias a las constantes movilizaciones políticas y sociales.

Se ha dicho, y con razón, que la democracia participativa es el resultado inconsecuente y procaz de dos grandes frustraciones históricas: por un lado, la pérdida de la legitimidad de la democracia representativa, y, por otra parte, la

incapacidad del mercado para crear por si solo unos niveles mínimos de integración social. Aunque la democracia participativa sea contemplada como el instrumento ideal para realizar la integración social y, así lograr la paz en las relaciones laborales, es decir, que esta sea entendida como el instrumento del neo-capitalismo para hacer creer a la sociedad que tiene un papel en lo que respecta a la toma de decisiones, en otras palabras: “que ejerce su soberanía”, cuando en realidad, dicha participación no cumple con sus fines. Por lo que manifiestan que lejos de cumplir con su objetivo, sólo sirve para despolitizar los problemas y desmovilizar las ideologías, por lo que la participación sería, al fin, el instrumento ideal para consolidar el orden económico social existente de forma aparente.

La democracia representativa, comprendida como el mecanismo a través del cual se eligen a los representantes, no sólo corresponde al hecho o al valor de que los ciudadanos cumplan en mayor o menor medida sus deberes democráticos, sino al establecimiento de unos causes de participación diferentes a los tradicionalmente establecidos por la democracia representativa clásica, y desde los que se piensa que los ciudadanos pueden hacer valer mejor sus intereses, satisfacer sus aspiraciones y, sobre todo, generar las adhesiones y alimentar los entusiasmos que, como consecuencia de la pérdida de legitimidad de ciertas instituciones representativas, se comienzan a dar definitivamente por perdidos. Por lo que la democracia representativa (misma que se caracteriza por la elección de los representantes, además de contemplar la elección ciudadana en los asuntos políticos), requiere de un constante perfeccionamiento, al ser el único mecanismo que permite la participación ciudadana.

La democracia participativa es altamente cuestionada, al no ser verdaderamente general la opinión pública, en cuanto opinión de todos, sin exclusión; además de no ser racional, en cuanto opinión en la que prevalecen los criterios e intereses comunes sobre los criterios e intereses concretos, particulares y egoístas. Así las cosas, es claro que la legitimidad de ejercicio del poder, deja de tener sentido. En su lugar aparecerán las valoraciones impuestas por la lógica del mercado y de la competencia, conforme a la cual

operan y se imponen los poderes privados, y que no podrán expresarse políticamente más que en términos de eficacia.

Así pues, no podemos dejar de hacer alusión al fenómeno de la manipulación en los procesos electorales por los medios de comunicación social, y singularmente la televisión, mismos que imponen un sistema de relaciones entre representantes y representados en el que los contenidos políticos, las formulaciones ideológicas, los programas de acción, pierden toda relevancia, para ser sustituidos por mensajes en los que se hacen valer, ante todo, las cualidades personales de los hombres públicos. De esta forma, la adaptación escandalosa de la propaganda política a los más estrictos moldes de las técnicas publicitarias del mercado, termina convirtiendo a la representación en un simple mecanismo de selección de líderes con connotaciones carismáticas en el que las valoraciones políticas sencillamente desaparecen.

Por lo que la relación política no es otra cosa más que una verdadera manipulación, que acaba haciendo operar a la representación como un efecto placebo, en el que cuentan más las proyecciones simbólicas de mercadotecnia que las funciones políticas y legitimadoras que son verdaderamente sustanciales y objetivas. Lo cual se convierte en una de las causas principales del alejamiento de los ciudadanos de los quehaceres públicos. Con indiscutible acierto ha escrito Habermas en este sentido que “la ausencia de opciones valorativas para la sociedad, implica también la eliminación real de los ciudadanos del proceso político, con la consiguiente pérdida de legitimidad”. La única legitimidad imaginable es la que la razón instrumental, a través de la eficacia, puede proporcionar, es decir, se puede mantener cierta legitimidad política siempre y cuando logre mantenerse una economía estable.

Aunque es cierto que, cuando los defensores de la democracia participativa se disponen a idear nuevos mecanismos de integración de los ciudadanos en los asuntos públicos, a la postre, todos esos causes terminan apareciendo, cuando se les analiza con detenimiento, como instrumentos de solución política para los intereses más inmediatos y concretos, y desde los cuales, la idea de un interés general se pierde de perspectiva; también es cierto que, el tipo de

democracia participativa, a pesar de sus vicisitudes, es elemento indispensable para una verdadera consolidación democrática. Por lo que, deben ser tomados en cuenta y estudiados seriamente los posibles riesgos de una democracia participativa, para que la implementación de estos mecanismos de participación ciudadana cumpla con su cometido y contribuyan a la existencia de un derecho sustancial, y se logre la manifestación de una verdadera legitimación de poder.

Los causes de democracia participativa, en primer lugar servirán para que, los ciudadanos puedan como punto numero uno, dejar constancia de sus efectivos problemas y aspiraciones, y, en segundo término, vincularse al ejercicio de las prácticas democráticas.

La democracia participativa, o mejor dicho la representación de intereses ha sido explotada al máximo por los regímenes fascistas. A fin de cuentas, la representación de intereses no significa otra cosa que la consagración e institucionalización en el orden político del statu quo.

Pero la democracia representativa no es sinónimo de la representación de intereses, y precisamente lo que debemos de cuidar es, que esta no se convierta en una representación de intereses, sino que cumpla con su finalidad, la cual es, la legitimación del poder político a través de una verdadera democracia, donde se contemplen la diversidad de intereses de los diversos grupos antagónicos de la sociedad.

CAPITULO III

ANÁLISIS DE LA LEGITIMIDAD DE LA FIGURA PRESIDENCIAL EN DERECHO COMPARADO.

América Latina ha experimentado en estos últimos 25 años un proceso de transición hacia un sistema democrático, con el objeto de lograr una estabilidad que le permita emprender un desarrollo económico y social, para lo cual requiere fortalecer la capacidad de sus Estados a través de Instituciones mas sólidas, al ser estas quienes crean estabilidad política y económica, además de fortalecer la participación civil pero sobre todo fortalecer el Estado de Derecho.

En este proceso de transición a la democracia, la segunda vuelta ha cobrado gran importancia, esto a raíz del debate que ha tenido lugar en las últimas décadas sobre la institución presidencial.

En la actualidad, catorce países de América Latina dirimen su elección presidencial mediante sistemas mayoritarios de doble vuelta. La implementación de la segunda vuelta en Latinoamérica es el resultado de la idea de que a través de este método, se lograría el fortalecimiento de la figura presidencial, al otorgar este sistema, un mayor respaldo al candidato vencedor y propiciar un ambiente de gobernabilidad. Además de presentar como una ventaja más, la realización de coaliciones.

En los últimos años en Latinoamérica como consecuencia del fenómeno de transición democrático que se esta viviendo, ha tenido una tendencia hacia la utilización de la segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales, esto con el fin de evitar que se eligieran presidentes minoritarios y posibles crisis constitucionales, toda vez que la doble vuelta electoral presenta como ventajas: 1) la de generar mandatos presidenciales fortalecidos con el apoyo electoral y 2) la de prevenir la elección de los presidentes con bajos niveles de apoyo.