La guerra de Pablos Escobar contra el Estado colombiano hizo reaccionar a la prensa quien criticó cualquier vínculo de la clase política con el cartel de Medellín. Sin embargo los actos de la propia guerra hicieron que pasaran por alto las alianzas que se establecieron con otros carteles. Como lo recuerda Gustavo Duncan “el (cartel) de Cali fue desde entonces tejiendo una minuciosa red en la clase política de ambos partidos (Liberal y Conservador). En 1994, cuando pensaban que con la muerte de Pablo Escobar, su peor enemigo, la situación no podía ser mejor para ellos, estallo el escándalo por la financiación de la campaña del presidente Ernesto Samper…”144.
Este no fue el único caso en el que se financió una campaña política. Una década más tarde se sabría de un escándalo mayor conocido como la parapolítica.
Las elecciones presidenciales de 1998 se tejieron alrededor de la promesa del cambio social, vinculado a una solución política negociada del conflicto armado colombiano. Los dos candidatos principales asociaron sus propuestas a reformas que por una parte cuestionaban las tradiciones y diversos intereses locales y regionales, y, por otra parte enfrentaban los proyectos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -contrainsurgentes, antirreformistas, defensores de un orden rural redefinido por los intereses del narcotráfico, y que además, contaban con el apoyo de buena parte de propietarios rurales (Romero 2003)-. Luego de un proceso difícil, las AUC fueron centralizadas bajo el mando de Carlos Castaño, y durante todo el año de 1998 incrementaron sus ataques contra la población civil, fortaleciéndose política y militarmente ante las perspectivas de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC que rechazaban145.
Para las organizaciones paramilitares todo el proceso era inadmisible; su “alianza funcional” con los grupos de poder local, con sectores de las Fuerzas Armadas y con narcotraficantes buscaba deshacer el andamiaje gubernamental. (Romero 2003). Para buena parte de la dirigencia nacional civil, el experimento no hacia otra cosa que traslucir la evidente debilidad del Estado colombiano y la ausencia de un liderazgo nacional fuerte y con vocación de victoria sobre los rebeldes.
Entretanto, el enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares para lograr el control sobre zonas específicas y sobre recursos y poblaciones dejaba saldos trágicos entre la población civil. Asimismo, las FARC crecieron en número y se fortalecieron mientras duró la zona de despeje; la capacidad militar de las AUC y sus efectivos se aumentaron en Norte de Santander, Montes de María, el departamento de Sucre, Urabá chocoano, Antioquia, Magdalena Medio, Valle del Cauca, parte del piedemonte llanero y el suroccidente del país, incluido el Putumayo (Romero 2003).
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, (1998 – 2002), el proceso de paz interno contó con la participación de actores externos (Estados Unidos, Europa, países vecinos, y dos o tres países asiáticos y africanos), situación impensable tres o cuatro años antes, aunque se debe subrayar que durante el gobierno de Samper se dieron pasos hacia la internacionalización del conflicto (aprobación del Protocolo II de Ginebra, apertura de una
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Gustavo Duncan, “Mas que plata o plomo”, p. 284 145 Cesar Torres
oficina para el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firma de un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja para facilitar su labor en favor del Derecho Internacional Humanitario y presencia de representantes internacionales…146. Los hechos hacían que la internacionalización del conflicto fuera inevitable. Entre estos hechos se destacan los siguientes:
- La utilización creciente del narcotráfico como combustible para la guerra – armas, control territorial, logística, movilización- por parte de las organizaciones paramilitares y de las guerrillas.
- Incremento de las áreas de cultivo de coca.
- La percepción continental de que Colombia era un factor perturbador de la estabilidad y la seguridad de la región.
- La sensación nacional de que las Fuerzas Armadas estaban perdiendo la guerra.
- La crisis económica en Colombia que obligaba a obtener ayuda financiera de entidades internacionales de crédito y de algunos estados.
El Plan Colombia reafirmó la tendencia mencionada cuando afirmó tajantemente “el papel de la comunidad internacional también es vital para el éxito del proceso de paz” y que aquella podría “desempeñarse como mediadora, inspectora o en una etapa posterior, verificadora del cumplimiento de los acuerdos realizados (Carvajal y Pardo 2002).
Debido a que la ayuda militar financiera provenía de Estados Unidos, el Plan Colombia nació condicionado; su cumplimiento debía ser certificado cada seis meses por el presidente estadounidense en seis niveles:
- Obligación del presidente colombiano para llevar a los oficiales acusados por violaciones de Derechos Humanos a las cortes civiles.
- Obligación del comandante general de las Fuerzas Armadas de suspender a los oficiales acusados por violación a los Derechos Humanos.
- Compromiso de las Fuerzas Armadas colombianas de cooperar con el gobierno en el castigo de oficiales que hubieran sido hallados culpables.
- Persecución y castigo a los grupos paramilitares.
- Desmantelamiento de los vínculos entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas.
- La erradicación antes de 2005 de la totalidad de los cultivos ilícitos. Por otra parte, los objetivos del Plan Colombia consistían en:
- Fortalecer el Estado. - Reformar las Instituciones. - Guerra contra las drogas. - Recuperar la economía.
Con el gobierno de Andrés Pastrana terminó políticamente el siglo XX. Su promesa electoral de “Cambio para construir la paz” no logró concretarse, debido a que la solución política negociada del conflicto interno no encontró cambios rápidamente. Así mismo se
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presentaron otras respuestas para enfrentar los agudos problemas de Colombia en la campaña electoral de 2002.
Al igual que en las campañas anteriores, el conflicto armado y la búsqueda de una solución, estuvieron en el centro de los programas de los distintos candidatos presidenciales. Desde diferentes ángulos, las nuevas fórmulas de tratamiento al problema indicaban críticas contundentes al fracasado proceso gubernamental de negociación con las FARC ocurrido en la administración de Andrés Pastrana. Aún así, la solución política nunca se descartó.
Tras este panorama aparece la figura de Álvaro Uribe Vélez, candidato liberal disidente del movimiento Primero Colombia, quien adelantó su campaña cuestionando la política de paz y negociación adelantada con las FARC en la administración que terminaba y la ausencia de autoridad política dese el Estado147.
En cuanto a la seguridad, planteó que sería democrática para proteger a los ciudadanos y enfatizó en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, para confrontar a las guerrillas. La cooperación militar fue otra de sus propuestas y, en especial, se mostró partidario de continuar con la ayuda estadounidense y el Plan Colombia para derrotar al terrorismo y al narcotráfico; pidió así mismo una replica del Plan Colombia con Europa. También destacó la necesidad de la cooperación masiva de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas pero sin paramilitarismo, y la creación de la red de vigilantes en las carreteras.
Para que su programa se llevara a cabo, había que eliminar el Estado Burocrático, la politiquería y la corrupción. Con esta plataforma Uribe se presentó a las elecciones del 26 de mayo de 2002, que lo dieron como ganador sin necesidad de una segunda vuelta. De esta forma, el gobierno de la seguridad democrática iniciaba así sus años de mandato. Apenas doce años atrás, cuatro candidatos a la presidencia de Colombia habían sido asesinados; el proceso de paz con las FARC iniciado por la administración de Andrés Pastrana había fracasado; las mafias de narcotraficantes y paramilitares parecían fortalecidas.
Los temas más álgidos de su mandato como gobernador, se convirtieron en los temas más álgidos de su campaña como candidato a la presidencia de la República. Entre estos temas estaban las cooperativas de seguridad, conocidas como las Convivir, el orden público y los Derechos Humanos.
Frente al tema de las Convivir respondió en entrevista a Jaime Bermúdez quien luego sería su ministro de Relaciones Exteriores, que las impulsó porque cree que Colombia necesita integrar a la ciudadanía con la Fuerza Pública. Eso hace que tenga que ser más eficiente. Y al sentirse de la mano de la ciudadanía también se sienta obligada a ser más transparente. También añadió que “a los colombianos hay que educarlos en lo siguiente: que no pueden someterse ni aliarse a la guerrilla, que no pueden someterse ni aliarse a los paramilitares, que no pueden seguir siendo victimas de toda clase de delincuencia común. Que hay un camino que es el camino de la eficacia transparente de la Fuerza Pública y la derrota de la impunidad”148.
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Cesar Torres del Rio “Colombia siglo XX”, p. 460. 148