1.3.1 Sus orígenes.
En pleno apogeo industrial, a comienzos del siglo XIX, algunos empresarios europeos comenzaron a promulgar cambios estructurales dirigidos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores explotados. Uno de los primeros organismos dedicados a velar por los derechos y la dignidad de los trabajadores fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, en 1919.
A pesar de esta motivación humanitaria, su creación también se basó en cuestiones políticas y económicas. Por un lado, las injusticias socio - laborales podían desembocar en conflictos, algo que amenazaba la paz mundial. Por otra parte, era necesario un consenso internacional a la hora de adoptar reformas
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sociales, ya que según se consta en el preámbulo de su Constitución “si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo para otras naciones que deseen mejorar la
suerte de los trabajadores en sus propios países.” (OIT, 2007)
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la OIT entre enero y abril de 1919 con la participación de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido. Como resultado se creó una organización tripartita, única en su época, que reunió en sus órganos ejecutivos a los representantes de los Gobiernos, los empresarios y los trabajadores.
La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en Washington, y cada uno de los Estados miembros envió dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Durante dicha reunión se aprobaron los seis primeros convenios internacionales del trabajo, que se referían a las horas de trabajo en la industria, el desempleo, la protección de la maternidad, el trabajo nocturno de las mujeres y los menores en la industria.
La OIT se estableció en Ginebra (Suiza) en el verano de 1920, y en 1926 introdujo una importante innovación: la puesta en marcha de un mecanismo dirigido a supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días.
La Conferencia creó además una Comisión de Expertos, compuesta por juristas independientes, cuya misión consistía en examinar las memorias sometidas por los Gobiernos y presentar cada año su propio informe a la Conferencia. La OIT se convirtió en la primera agencia especializada de la ONU en 1946.
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La OIT formula normas internacionales del trabajo en forma de convenios, sólo hasta 2008 ha puesto en marcha 188 y recomendaciones, por los que se fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el trabajo. (OIT, 2007)
Asimismo, presta asistencia técnica en campos como la formación y rehabilitación profesional, la política de empleo, la administración del trabajo, legislación del trabajo y relaciones laborales, las condiciones de trabajo, el desarrollo gerencial, las cooperativas, la seguridad social y las estadísticas laborales. La Organización Internacional del Trabajo es, sin duda alguna, uno de los organismos internacionales que más ha impulsado el diálogo social, el tripartismo y el desarrollo de organizaciones independientes de empresarios y trabajadores, a las que facilita formación y asesoramiento técnico para convertirlas en baluartes de la democracia. (OIT, 2007)
EPÍGRAFE II
1.4 La Constitución de la República del Ecuador del 2008 y sus normas reguladoras del Derecho Colectivo.
Según el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá
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su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en
la dirección. (ASAMBLEA NACIONAL , 2008)
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento
de dichos servicios. (ASAMBLEA NACIONAL , 2008)
De las normas transcritas podemos colegir que la Constitución garantiza el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección; garantiza también la organización de empleadores.
Dispone que el Estado estimule la creación de organizaciones de trabajadoras y trabajadores; de empleadoras y empleadores; y, promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.
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Dispone que los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, sean sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. Anteriormente facultaba al Tribunal para calificar el pliego de peticiones. Garantiza la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley; la anterior Constitución señalaba que el pacto colectivo legalmente celebrado, no podía ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral.
Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
En cuanto al derecho colectivo en las Instituciones Públicas, se ha previsto que, para todos los efectos de la relación laboral, el sector laboral estará representado por una sola organización, en la misma forma se preveía en la anterior Constitución. En cuanto a las personas que pueden sindicalizarse en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, la nueva Constitución deberá aplicarse en armonía con los Convenios de la OIT, aunque respetando la norma que dispone que quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas, o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública; y aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. Lo mismo que debe respetarse la norma que prohíbe la paralización ilegal de los servicios de educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. (ASAMBLEA NACIONAL, 2009)
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1.5 Instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el