En México el sector forestal tiene una amplia base de propiedad colectiva que, desde diferentes perspectivas, como es el caso de la economía solidaria, adquiere gran importancia, pues la tenen- cia y manejo comunitario del recurso han permitido la construc- ción de nuevos activos, de tal forma que “[...] México puede ser considerado como pionero global en el campo del manejo forestal comunitario” [Stonne y D’Andrea, 2001, citado en Bray y Me- rino, 2004: 38].
En Oaxaca, 90% de los bosques y selvas está en posesión de ejidos y comunidades, que tienen el manejo forestal de 650 000 hectáreas. De 217 comunidades asentadas en terrenos con po- tencial de aprovechamiento forestal, sólo 31 tienen empresas para producir madera aserrada o muebles [Bray, et al., 2007: 7]. A este último grupo pertenece la comunidad de Ixtlán.
Pese a los casos exitosos de manejo comunal, algunos técni- cos forestales consideran que este tipo de aprovechamiento tiene muchas desventajas, entre ellas: rotación continua de la adminis- tración comunitaria, que impide la especialización de los directi- vos y mandos medios, y fuertes cuestionamientos de las bases sociales a los directivos de las empresas comunitarias durante el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas. Este argu- mento se utiliza para descalifi car el aprovechamiento comunal, pues no existe el interés de ampliar la capacidad de manejo integral y disminuir el control de los intermediarios.
L
ASEMPRESASDELACOMUNIDADAGRARIALa comunidad cuenta con siete empresas, establecidas en dife- rentes momentos; la primera fue la explotación forestal en 1982. Actualmente todas tienen esquemas de manejo empresarial
adaptados a su comunidad y están orientadas al éxito económi- co; los resultados de administración son sancionados por la au- toridad máxima: la asamblea general de comuneros. Han creado un promedio de 200 empleos permanentes y 84 eventuales para comuneros, ciudadanos y habitantes de los pueblos circunveci- nos; considerando la generación de empleos indirectos, benefi cian a un total de 2 370 personas.
En el manejo de las empresas son considerados los siguientes elementos: condiciones de mercado, disponibilidad de materias primas y capacidad de endeudamiento. Se mantiene la tensión estructural que tienen algunas empresas solidarias: “Al organi- zarse con cierta racionalidad empresarial para producir y tener presencia en los mercados y generar excedentes, al mismo tiempo deben benefi ciar a sus asociados a través de la creación de em- pleos, del pago de remuneraciones, de la concesión de prestaciones y de la repartición del excedente social” [Marañón, 2009: 8].
Si consideramos la propuesta de Quijano [2008, tomado de Marañón, 2009: 9] de establecer de qué modo y hacia dónde se resuelve la tensión entre mercado y reciprocidad en Ixtlán, po- demos decir que en esta comunidad predomina la reciprocidad, la igualdad social, la autoridad colectiva y que la reciprocidad se refuerza a partir de la democracia directa como institución cen- tral para la toma de decisiones tanto en la trama económica como en la vida social, por lo tanto podemos incluirla en las experien- cias de economía solidaria. Asimismo, si tomamos en cuenta las dos vías que la economía solidaria puede seguir para convertirse en un modo de producción alternativo al capitalismo, planteadas por Singer [2007], podemos ubicar Ixtlán en la denominada “de la disputa”, pues trata de ganar las preferencias de los consumi- dores no solidarios bajo las reglas del mercado, compitiendo en calidad y precios, para lo cual debe ser económicamente efi ciente y después solidaria.
Las cuatro empresas comunales que analizamos (UCFAS, UFOSTI,
Servicios Técnicos Forestales y Ecoturixtlán) dependen de la asamblea general de comuneros, que sanciona los informes de los gerentes generales y se apoya en el Comité de Vigilancia para
supervisar el manejo de las empresas y mandata al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, que a su vez se respalda en la Comisión Asesora, pero cada empresa tiene su propio esquema de funcionamiento.
La distribución de las ganancias se realiza de la siguiente ma- nera: para la comunidad agraria 30%, para la reinversión 30% y el 40% restante para la empresa. El recurso a la comunidad se destina para apoyos económicos mensuales a los comuneros y esposas de comuneros mayores de 60 años, y a los comuneros en caso de defunción de un familiar; para la festividad anual, a tra- vés de las comisiones de los diferentes barrios y para gastos de infraestructura. Tienen un esquema de reparto de utilidades y demás prestaciones de ley; el nivel salarial más bajo es de dos salarios mínimos, pues “en las empresas no se paga para que el que trabaje tenga para sobrevivir, sino para que tenga un sueldo digno que le permita vivir”.
Respecto a la participación de las mujeres en la vida econó- mica de la comunidad, aun cuando sólo 7.3% de los comuneros son mujeres, 60% de los trabajadores de la fábrica de muebles son mujeres y la gasolinera es administrada por una gerente y una con- tadora, teniendo además una despachadora. Las autoridades comunales y municipales tienen la preocupación por avanzar en la equidad de género, aunque esta inquietud no ha calado en la población pues muchos miembros de la comunidad aún no se fami- liarizan con el hecho de que una mujer sea gerente de la gasolinera. La cota de ingresos de los miembros de la comunidad ha permitido un mayor nivel de escolaridad, dando paso a una nue- va generación de administradores comunitarios con estudios universitarios.