LOS POBRES GLOBALES
3. La promesa de la reforma institucional global
Los derechos humanos imponen sobre nosotros el deber negativo de no contribuir a la imposición de un orden institucional que previsiblemente origina un déficit de derechos humanos evitable sin llevar a cabo una protección compensadora y esfuerzos de reforma a favor de sus víctimas. En analogía con los deberes negativos de no romper una promesa o contrato y no usar durante una emergencia la propiedad de otro sin compensación, este deber institucional negativo puede imponer obligaciones positivas sobre los participantes aventajados: obligaciones de compensar por su contribución al daño. Tal compensación puede tomar la forma de esfuerzos de protección, tal vez por medio de donaciones a ONG internacionales, tales como Oxfam, o también puede
concentrarse en la reforma institucional. Permítanme comentar la importancia de la última opción.
En el mundo moderno, las reglas que gobiernan las transacciones económicas —tanto nacional como internacionalmente— son generalmente los determinantes causales más importantes en la incidencia y profundidad de la pobreza severa y del déficit de derechos humanos. Son los más importantes por su gran impacto sobre las distribuciones económicas dentro de la jurisdicción sobre la que se aplica. Así, incluso variaciones relativamente menores en las leyes de un país sobre las tasas impositivas, las relaciones laborales, la seguridad social y el acceso a la salud y la educación pueden tener un mayor impacto sobre la pobreza que incluso grandes cambios en los hábitos de consumo o en las políticas de una gran corporación. Este punto también se aplica al orden global institucional. Incluso cambios pequeños en las reglas que gobiernan el comercio internacional, el préstamo, la inversión, el uso de recursos o la propiedad intelectual pueden tener un impacto gigantesco en la incidencia global de la pobreza amenazante para la vida.
Otra razón por la cual las reglas que gobiernan las transacciones económicas son los determinantes causales más importantes de la incidencia y profundidad de la pobreza en el mundo moderno se deriva de su mayor visibilidad. Ciertamente, como la conducta de los agentes individuales y colectivos, los cambios de reglas pueden tener efectos inintencionados e incluso impredecibles. Pero con las reglas es mucho más fácil diagnosticar tales efectos y hacer correcciones. Evaluar los ajustes de las reglas dentro de una jurisdicción particular es algo relativamente simple. Puede tratar de estimarse cómo el aumento del salario mínimo, digamos, ha afectado a la tasa de desempleo y el ingreso per cápita en el cuantil inferior. (Por supuesto, existen otras cosas que pasan en la
economía además del cambio en el salario mínimo, de tal forma que el ejercicio es complejo e impreciso; sin embargo, ejercicios de este tipo pueden hacerse y se hacen
suficientemente bien en muchos países.) En cambio, es más difícil evaluar el impacto relativo de las variaciones en la conducta de agentes individuales y colectivos. Tal juicio puede ser confinado a las personas inmediatamente afectadas —por ejemplo, los empleados de una corporación o los habitantes de un pueblo en el cual una agencia de ayuda está ejecutando un proyecto—. Pero tal juicio limitado siempre es vulnerable al cargo de ignorar los efectos indirectos sobre los extranjeros y las personas futuras.
Otra razón por la cual las reglas que gobiernan las transacciones económicas son los determinantes causales más importantes de la incidencia y profundidad de la pobreza en el mundo moderno es que las reglas moralmente exitosas son mucho más fáciles de mantener que la conducta moralmente exitosa. Esto es así porque los agentes individuales y colectivos están bajo continuas presiones contra la moral, no meramente por asuntos cotidianos de su propio interés, sino también por su situación competitiva, así como por consideraciones de equidad. Estos fenómenos se ilustran en el caso de corporaciones competidoras, cada una de las cuales puede juzgar que no puede permitirse dejar pasar oportunidades inmorales para aprovecharse de sus empleados y clientes porque tal autorrestricción unilateral la pondría en una injusta desventaja competitiva frente a rivales menos escrupulosos. Domésticamente, este tipo de problema puede ser solucionado a través de cambios en las normas legales que requieren que todas las corporaciones, bajo pena de multas sustanciales, observen estándares comunes en su tratamiento de clientes y empleados. Las corporaciones tienen con frecuencia la voluntad de apoyar tal legislación (para mejorar la imagen de su industria, tal vez), incluso cuando no tengan la voluntad de arriesgar su posición competitiva por una buena conducta unilateral.
Consideraciones similares se aplican en la arena internacional, donde las corporaciones y los gobiernos compiten económicamente. Dado el interés de no ceder terreno ante sus competidores y no verse limitados injustamente por esfuerzos y restricciones morales unilaterales, quizá no es sorprendente (aun así, es horrorizante) que los individuos, las corporaciones y los gobiernos hayan sido tan reacios a hacer esfuerzos significativos para erradicar la pobreza global.49
De nuevo, es posible que los gobiernos y las corporaciones de los países ricos sean obligados a hacer mucho más por aceptar y cumplir las normas legales que les corresponden y con esto aliviar a cada uno de ellos del miedo de que su propia buena conducta los ponga en injusta desventaja y les cause perder terreno ante sus competidores. Los esfuerzos exitosos de reducir la pobreza dentro de los Estados ejemplifica este modelo de reforma estructural más que el esfuerzo moral individual.
Ciertamente, este pensamiento no es nuevo, y los gobiernos han sido muy reacios a comprometerse, incluso en una mutualidad conjunta, a tomar medidas serias contra la pobreza global. Su promesa solemne de reducir a la mitad la pobreza global en el 2015 ha sido reiterada —en formulaciones sagazmente debilitadas—,50
pero todavía tiene que resultar en esfuerzos serios de implementación. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países ricos, que se suponía iba a alcanzar el 1%, luego el 0.7 % de sus PNB combinados, en realidad se ha reducido durante los años noventa, del 0.33 % en 1990 al
0.22 % en el 2000.51
Esta descorazonadora evidencia histórica sugiere que las mejoras en el orden global institucional son difíciles de lograr y arduas de sostener. Sin embargo, este hecho no debilita mi hipótesis de que tales mejoras estructurales son más fáciles de alcanzar y mucho más fáciles de sostener que mejoras unilaterales igualmente significativas en la conducta de los agentes colectivos e individuales. Sabemos cuánto dinero los individuos, las corporaciones y los gobiernos de los países ricos desean poner ahora aparte para la erradicación de la pobreza: alrededor de 12 700 millones de dólares anualmente (nota 31). Esta cantidad es muy pequeña en comparación con los daños infligidos a los pobres globales por las injusticias evidentes en el orden global actual (discutidos en la sección 2,
supra). Es muy pequeña también en comparación con lo que se requeriría para un progreso sustancial: la cantidad necesitada en los primeros años de una ofensiva seria contra la pobreza se acerca más a los 300 mil millones de dólares anuales.52
No es realista esperar que podamos alcanzar tal incremento de 27 veces en los fondos disponibles por medio de un cambio de opinión moral de los agentes relevantes: individuos ricos, corporaciones y gobiernos de los países ricos. Es más realista —aunque todavía admitimos que algo irrealista— alcanzar un progreso sustancial en el frente de la pobreza a través de reformas institucionales que hagan el orden global menos oneroso para los pobres globales. Si aceptasen tales reformas, los países ricos soportarían algunos costos de oportunidad en hacer que los regímenes de comercio internacional, préstamo, inversión y propiedad intelectual fuesen más equitativos con los pobres globales, tanto como los costos de compensación por los daños causados —por ejemplo, ayudando a financiar instalaciones de salud básica, programas de vacunación, escuela básica, comedores escolares, agua potable y sistemas sanitarios, vivienda básica, plantas energéticas y estaciones de suministro, bancos y micropréstamos, caminos, vías y enlaces de comunicación donde todavía no existan—. Si tal programa de reforma ha de ganar y mantener el apoyo de los ciudadanos y gobiernos de los países ricos, tiene que distribuir tales costes y costos de oportunidades equitativamente entre ellos en una forma transparente y confiable, asegurándoles que su posición competitiva no será erosionada por el incumplimiento de otros.
El camino de la reforma institucional global es mucho más realista y sostenible por tres razones obvias. En primer lugar, los costes y los costos de oportunidades que cada ciudadano rico asume al apoyar las reformas estructurales es extremedamente pequeño con relación a la contribución que esta reforma realiza para evitar la pobreza severa. La reforma reduce el estándar de vida de tu familia en 900 dólares anualmente, digamos, mientras que mejora en 300 anualmente el estándar de vida de cientos de millones de familias pobres. En contraste, una donación unilateral de la misma cantidad, que reduciría el estándar de vida de tu familia en 900 dólares anualmente, mejoraría solamente el estándar de vida de tres familias pobres. Dados tales beneficios, los agentes racionales con alguna preocupación moral por evitar la pobreza estarán mucho más deseosos de apoyar una reforma estructural que de mantener las donaciones.53
En segundo lugar, la reforma estructural le asegura a los ciudadanos que los costes y los
costos de oportunidad son compartidos equitativamente entre los más ricos, como se discutió. Y en tercer lugar, la reforma estructural, una vez en marcha, no necesita ser renovada año tras año, a través esforzadas decisiones personales. El aliviar continuamente la pobreza produce fatiga, aversión e incluso desprecio. Requiere que los ciudadanos ricos se unan por la causa una y otra vez mientras saben perfectamente que la mayoría, similarmente situados, contribuyen nada o muy poco, que sus propias contribuciones son legalmente voluntarias y que, no importa cuánto den, siempre podrían, por un poco más, salvar más niños de la enfermedad o la inanición. Hoy, tales fatiga, aversión y desprecio son actitudes extendidas entre los ciudadanos y funcionarios públicos de los países ricos con respecto a la “ayuda” que ellos dispensan y a sus destinatarios.
Por estas razones, creo que el inmenso déficit de derechos humanos, especialmente entre los pobres globales, se encara mejor a partir de esforzarse por una reforma institucional global (y nacional). Reformas relativamente pequeñas de escasa repercusión para los ricos del mundo serían suficientes para eliminar la gran parte de este déficit de derechos humanos, cuya magnitud hace de estas reformas nuestra tarea moral más importante.
[Traducción de Andrea León Montero; revisión de David Álvarez.]
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