3 Caracterización sociolaboral de la
3.6 La protección social en el contexto regional
La protección social, que incluye a la seguridad social, es un derecho humano que se define como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social en todo el ciclo de vida. Las disposiciones del Convenio núm. 102 de la OIT sobre norma mínima de seguridad social (1961) establecen nueve áreas principales de protección: las prestaciones familiares y por hijo, por maternidad y de desempleo; las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; las prestaciones por enfermedad, vejez, discapacidad y sobrevivientes, y la protección de la salud. La provisión de todas estas prestaciones se realiza mediante una combinación de regímenes contributivos, basados en el seguro
social tradicional, y de prestaciones no contributivas financiadas por impuestos (OIT, 2017a).
Más allá de los avances recientes para la consolidación de sistemas integrales de protección social en América Latina y el Caribe, persisten brechas importantes de cobertura en términos geográficos (con marcadas diferencias entre zonas urbanas y rurales) y, en especial, respecto de algunos grupos considerados de difícil cobertura, como es el caso de las personas trabajadoras migrantes y sus familias. Los países desarrollaron sus sistemas de protección social sobre la base de distintas líneas de partida y diversos esquemas institucionales y, por tanto, los resultados alcanzados son bien heterogéneos en términos de cobertura y calidad de las prestaciones. En la actualidad, más de cinco de cada diez trabajadores no aporta regularmente a la seguridad social y, por lo tanto, carece de cualquier tipo de cobertura.
Colombia promovió, a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP), la regularización de la población venezolana, para facilitar su acceso al empleo formal. Así, las autoridades migratorias regularizaron a más de 660.000 personas venezolanas en menos de tres años. Sin embargo, las tasas de cobertura de personas venezolanas en situación regular dentro del sistema de protección social siguen relativamente bajas. Al 30 de abril de 2020, el número de portadores del PEP registrados en la Base de Datos Única de
Afiliados (BDUA) del Sistema General de Seguridad
Social en Salud era de 216.285, es decir que solo el 32,7% de los venezolanos son portadores de PEP (PNUD/Presidencia de la República de Colombia, 2019).
Además de los problemas tradicionales como la alta informalidad, existen otros elementos que ejercen
12 Phelps, Laura: Mapping opportunities for linking humanitarian cash-based interventions with national social safety nets for displaced populations, UNHCR, March 2018.
13 “La incorporación de las personas refugiadas en los programas nacionales de protección social no contributivos (asistencia social) en las Américas ¿Cómo avanzar?”. ACNUR Julio 2018.
presión sobre el desempeño de los sistemas de seguridad social, tales como el cambio tecnológico acelerado y las disrupciones en la organización de la producción y el trabajo; el envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de dependencia; la incidencia de los desastres naturales y, también, el fenómeno de las migraciones laborales (OIT, 2018).
Un mapeo global realizado por ACNUR en 2018 encontró que la mayoría de los sistemas nacionales de seguridad social no son accesible para los no nacionales. En los pocos países donde se da acceso a las personas refugiadas, este resulta parcial o limitado debido a marcos legales restrictivos o barreras en la implementación12. A través de los años, se logró que
tanto las autoridades como la población en general entiendan que estos programas no dependen de la discrecionalidad del gobierno de turno, sino que se trata de derechos que deben ser garantizados por los Estados (CEPAL, 2017). Las políticas de protección social no contributivas se implementaron a través de instituciones adecuadas, con fondos públicos disponibles y con un compromiso de ejecución desde un enfoque de derechos humanos. Además, cuentan con un marco normativo internacional, constitucional y legal, que reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas sin distinción.
Todos estos factores hacen que en la región se cuente con un marco propicio para promover la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en los sistemas de protección social nacional13.
Por la grave situación que vive la región de ALC debido a los efectos de la pandemia, los gobiernos aplicaron diferentes medidas de ampliación de la protección social a las poblaciones en las que la COVID-19 causó los mayores estragos. Al inicio de la pandemia,
el uso y la adaptación de los programas existentes de transferencias monetarias constituyeron la respuesta más frecuente. Debido a la prolongación de la crisis sanitaria y a las limitaciones de cobertura de los instrumentos de protección social, que no alcanzaron para cubrir a poblaciones vulnerables como las personas trabajadoras informales y los hogares vulnerables, se originaron nuevos instrumentos como los bonos y programas de transferencias. Sin embargo, la población migrante no siempre fue incluida en estas respuestas (Rubio, Escaroz, Machado, Palomo y Sato, 2020).
Las medidas de respuesta de COVID-19 como el asilamiento pusieron en relieve la crisis mundial de cuidados14 y, en particular, las cadenas globales
de cuidados. En el marco de la protección social, el cuidado debe ser entendido como un derecho básico de ciudadanía que la colectividad asume y garantiza para maximizar el bienestar individual y social, con directa competencia del Estado en la provisión de servicios de cuidados y en la regulación de las responsabilidades que asumen otras instituciones. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aumentó como resultado del brote de COVID-19, por el cuidado de pacientes en casa y de personas adultas mayores, los cierres de escuelas y las cuarentenas obligatorias. Las mujeres y las niñas son las cuidadoras principales en el hogar y tienen mayores responsabilidades domésticas y de cuidado familiar. En el mundo, hacen dos veces y media más de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres.
Las mujeres migrantes, especialmente las que se involucran en el cuidado doméstico, enfrentan mayor posibilidad de exposición cuando mantienen su actividad económica y cuando no pueden hacerlo,
14 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633165/lang--es/index.htm
15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). Nota Técnica: los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades de género recomendaciones y lineamientos de políticas públicas. Recuperado de: http://americalatinagenera.org/newsite//images/ cdr-documents/2020/04/PNUD_GENERO_COVID19__ESP_FINAL_ok_5.pdf
como consecuencia de restricciones de viaje y de movilidad, experimentan duras consecuencias socioeconómicas derivadas de las pérdidas de ingreso. Relaciones de poder desiguales y normas sociales discriminatorias pueden suponer riesgos adicionales para las personas migrantes en contextos donde la discriminación y la xenofobia limitan las posibilidades de acceso a una fuente de empleo, medios de sustento o servicios15.