LA PRUEBA DE OFICIO EN CONTROL DE GARANTIAS ART 361 DEL C.P.P.

Si bien el Procedimiento Penal que fue implantado bajo los parámetros del Acto Legislativo N° 3 de 2002 está lejos de ser un sistema acusatorio, es esta la tendencia que se le ha querido implementar, por eso, y en consecuencia, no extrañe, que el artículo 361 del Estatuto Adjetivo prohíba expresamente al juez practicar pruebas de oficio.

Ahora bien, si entendemos en términos estrictos que las únicas pruebas reconocidas como tales en desarrollo del proceso penal son las que se practican en la audiencia de juicio oral, estaríamos igualmente reconociendo que es a éstas y no a otras que se refiere dicha preceptiva, al juez que le está vedado ejercer esa facultad oficiosa es al juez de conocimiento, no al juez de control de garantías. No obstante lo anterior consideramos que de manera independiente a la función, una de las razones más determinante es la de mantener la consonancia del sistema, el tema de la imparcialidad, de la igualdad de armas, por ejemplo, son aspectos que le son comunes tanto al juez de conocimiento como al juez de control de garantías en aras de establecer la objetividad, la verdad y la justicia en desarrollo de la función que se asuma.

Estamos de acuerdo con quienes refiriéndose al tema acusan que el legislador no ha debido referirse en términos tan absolutos, pues “sin desnaturalizar la concepción misma de un sistema de partes, conveniente resulta que se hubieran expresado las circunstancias bajo las cuales el juez podría excepcionalmente ordenarlas, con miras a la supremacía de los fines constitucionales que se han establecido para el proceso penal (…)”39

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Ahora bien, con el fin de garantizar la igualdad de las partes y de restringir funciones judiciales a la Fiscalía, opera la figura del Juez de Control de Garantías; de acuerdo con la Corte Constitucional es el juez constitucional por excelencia, se le ha confiado nada menos que la defensa del ciudadano contra los posibles abusos del poder del Estado, no en vano se dice que este tiene a su cargo conciliar el eficientismo y el garantismo del derecho penal y en ese orden no falta quien reconozca que “la relevancia de su actuación le permite decretar pruebas de oficio, cuando lo considere estrictamente indispensable, sin que dicha función implique, como lo ha dicho la Corte, (refiriéndose a la Corte Constitucional) la conversión de la etapa de preparación al juicio en una fase investigativa por parte del juez.”40

Refiriéndose sobre el particular esta alta corporación señala:

“La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. Así, toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o convalidación el sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y la funcionalidad de la administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la víctima.”41

La Corte Suprema de Justicia igualmente se ha encargado de reconocer que la prohibición de la que se viene hablando tiene un carácter excepcional. Se trata como se advierte de evitar que el juez invadiendo una órbita que no le corresponde determine el destino del proceso, anticipe su convicción o pierda la ecuanimidad, lo que no significa tampoco que este pueda convertirse en un convidado de piedra pues la dinámica del proceso penal le exige lo contrario; no

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Bernal Cuellar Jaime, Montealegre Lynett Eduardo. El Proceso Penal. 6° Ed., p 267.

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se olvide que los lineamientos constitucionales que le son propios y la función jurídico política que se le ha confiado debe traducirse en todas sus actuaciones. Este mismo alto tribunal refiriéndose al tema de las pruebas de oficio por parte del juez, señala:

“(…) Cuando el juez vela por el cumplimiento de los fines constitucionales del proceso penal, entre ellos alcanzar el valor de la justicia material dentro de un marco jurídico (no por fuera de la legalidad ), entonces la actividad jurisdiccional se proyecta más allá del caso particular hacia el alcance de los fines superiores del Estado.

(…) De ahí que no son legítimas las pretensiones de relegar al juez al plano de un mero espectador, a quién no corresponde más que declarar la verdad que a bien tengan construir los intervinientes en desarrollo del proceso penal; pues, contrario a tal postura, el juez debe luchar por alcanzar la verdad histórica objetiva, aquella desde la cual pueda realizarse la idea de justicia material, y no solamente la justicia formal”.

(…) La búsqueda de la justicia “dentro de un marco jurídico”, como se reclama desde el preámbulo de la carta, es un valor superior y cometido programático del Estado social, democrático y de derecho (…).42

Queda claro entonces que lo importante es que la postura que eventualmente asuma el juez, al momento de decretar pruebas de oficio, debe estar debida y suficientemente sustentada frente al caso concreto, caso contrario se estarían desconociendo los fines constitucionales y la materialización de la justicia.

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Desde esta perspectiva debe entenderse que fundamentalmente el proceso penal no se agota en la búsqueda de la verdad, pues el concepto de justicia en la averiguación o aproximación a la misma, está condicionada al respeto de las garantías mínimas que deben ser protegidas por el juez, es en esta dirección y de manera excepcional que el juez independientemente de conocimiento o de garantías está facultado para decretar pruebas de oficio, no obstante advertir que existe prohibición expresa al tenor del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal.

5.2 LA PRUEBA DE OFICIO EN LA ETAPA DE JUCIO EN COLOMBIA- LEY 906