La zona rural: comunidades y centros poblados

Este segmento está dedicado a las comunidades del área rural y su relación con las instituciones del poder estatal. Descubriremos cómo estas han sufrido varios cambios durante las últimas décadas.

Existen en el país unas 5 934 comunidades campesinas, aproximadamente; de este grueso, la mayor parte se localiza en Puno, que posee hasta el momento 1 274 (Rodríguez 2006). No obstante, en el altiplano existen diferentes tipos de poblaciones rurales, las cuales están organizadas como centros poblados, comunidades y parcialidades, como nos hace ver Ramón Pajuelo en la siguiente cita:

Estos tres tipos de asentamiento constituyen las principales formas de residencia en las áreas rurales de la zona aymara de Puno. Antes de la reforma agraria eran predominantes las parcialidades, que son la forma tradicional de poblamiento en dicha zona. Posteriormente muchas de estas parcialidades se convirtieron en comunidades, de modo que las llamadas parcialidades han terminado constituyéndose en anexos de estas. Los actuales centros poblados son generalmente las denominadas ‘comunidades madre’, es decir, las más antiguas y pobladas de la zona, que desde la década de los ochenta lograron dicho estatus, consiguiendo así ser la sede de sus respectivas municipalidades. (Pajuelo 2005: 16)

Si bien las formas de los asentamientos poblacionales son distintas de acuerdo a su importancia, a su antigüedad y al número de grupos familiares que acogen, las principales son las comunidades, poco conocidas por las autoridades que radican en los centros urbanos y tenidas como núcleos poblacionales estancados en el tiempo. Esto resulta contradictorio en tanto las poblaciones nativas han pasado por múltiples cambios, reestructuraciones y reformas legales.

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La constitución formal de estas poblaciones fue modificada principalmente por la reforma agraria, que cambió su denominación de comunidades indígenas por la de comunidades campesinas. La constitución de 1979, así como la Ley General de Comunidades Campesinas 24656 y la Ley de Deslinde y Titulación de Territorio Comunal 24657 -dadas las dos en 1987 durante el primer gobierno de Alan García- regularon el saneamiento legal de las comunidades así como sus derechos y obligaciones. La cuestionada ley 26505, expedida en 1995 y conocida también como la Nueva Ley de Tierras, ha determinado la libre disposición de las tierras de estas comunidades, aunque ha facilitado también la inversión minera de terceros. (Laats 2000)

Actualmente, en función de alcanzar mayores beneficios por parte de la administración central y regional, las autoridades y tenientes gobernadores de las comunidades campesinas demandan se les reconozca como centros poblados y distritos, con lo cual pueden acceder al presupuesto dispuesto para la región. Al ser reconocidas estas poblaciones como distritos, los comuneros y sus representantes tienen voz y derecho a participar en la toma de decisiones que puedan afectarles. Notable es el caso de los pobladores de las comunidades que pertenecieron a la hacienda y luego Cooperativa Ccapa, en la provincia de Quispicanchi, Cusco. Henkjan Laats, especialista en transformación de conflictos medioambientales, recogió el año 2000 algunas de sus expectativas al respecto:

Otro asunto es la opción que las comunidades se conviertan en un Concejo menor, municipio o distrito, posibilidad que es vista positivamente por la mayoría. Se mencionó como posibilidades de la municipalización de las comunidades campesinas: “mejores posibilidades para ejecutar obras, mejor educación, creación de mercados para venta de productos agropecuarios y artesanía, industrialización de productos de la zona, tener mayor organización con comunidades colindantes”. (Laats 2000:10)

Sin embargo, y a pesar de las aspiraciones progresistas de los habitantes de estos centros poblacionales, el desinterés y la desinformación de las autoridades oficiales acerca de su naturaleza y necesidades es evidente, así como la falta de respeto a las normas legales dadas a su favor constitucionalmente. La ausencia de comunicación entre las autoridades de las comunidades y las autoridades de los gobiernos locales fue, de hecho, uno de los factores que determinaron el levantamiento popular que en abril del 2004 culminó con el asesinato a

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golpes del alcalde de Ilave, Cirilo Robles Callomamani. La autoridad murió en manos de una población enardecida, llegada desde sus comunidades a la capital distrital de Ilave para reclamar por los supuestos actos de corrupción de la administración y una mejor distribución y manejo del presupuesto destinado a la zona (Pajuelo 2005).

Generalmente los “tenientes gobernadores”, autoridades de las comunidades campesinas, expresan firmemente sus posiciones cuando así lo consideran necesario; cuando quieren reclamar por la falta de atención del Estado o por la falta de respeto a sus tradiciones; esto ocurre particularmente con las autoridades de ascendencia aymara. La situación ha sido ejemplificada por Ramón Pajuelo a través de otro evento acaecido en Ilave tres años después, el cual es descrito en un artículo periodístico publicado por El Comercio en julio del 2008. El texto reportaba que el alcalde del distrito había sido obligado a arrodillarse y pedir disculpas a los tenientes gobernadores aymaras de las zonas altas, medias y bajas, por haber contratado a personas extrañas a las comunidades para encargarse de la seguridad del evento que celebraba el año nuevo andino -un evento tradicional- sin consulta previa. El hecho fue también motivo para reclamarle al alcalde por su inacción y por el incumplimiento de las promesas hechas por su administración (Pajuelo 2009).

La falta de entendimiento y de mecanismos para el logro de consensos entre las autoridades tradicionales y las autoridades estatales es una constante causa de fricción en la región, y hay mucho trabajo por hacer al respecto. Por otro lado, no existe documentación acerca de los cambios sufridos en las poblaciones rurales tras el auge del comercio informal que ha beneficiado a algunas zonas del altiplano; en consecuencia, no sabemos hasta qué punto las comunidades han perdido su carácter tradicional para abrazar costumbres y hábitos de consumo urbanos. Ramón Pajuelo describe así la situación transicional de estas poblaciones:

Pero basta recorrer las comunidades (sobre todo aquellas de la zona baja, cercana al lago Titicaca) para observar que difícilmente podrán responder al patrón característico tradicional de lo rural. Se trata de comunidades en las cuales existen límites difusos entre aquello que es propiamente rural y aquello que es propiamente urbano. Esto es algo que no sólo se refleja en el paisaje (cubierto cada vez más por construcciones de

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cemento y calaminas). Tupidas redes familiares y de ‘micro paisanaje’ (o sea, la pertenencia a tal o cual comunidad) vinculan estrechamente a las familias con redes de parientes y amigos residentes en la ciudad. Asimismo, la dedicación tradicional a las labores agropecuarias ha perdido exclusividad, pues muchos de los comuneros son también comerciantes y transportistas. (Pajuelo 2005: 36)

A pesar de vivir un periodo de transformación, las comunidades en Puno han sabido mantener un tipo de vida que aún mantiene sus prácticas culturales, como ocurre con la aplicación de la justicia consuetudinaria restaurativa de las rondas campesinas8. Paralelamente, han logrado ellos mismos mejorar en ciertos aspectos sus condiciones de vida a través del autofinanciamiento de obras y servicios básicos (Rodríguez 2006).

Tenientes gobernadores de las comunidades de Ilave. Foto:http://www.larepublica.pe/09-09-2014

Hoy por hoy continúan las pugnas y diferencias entre los líderes de estos centros poblados y las autoridades estatales por la falta de coordinación en la toma de decisiones a nivel policial, judicial y político; sin embargo, son los problemas relacionados con el medio ambiente los que causan mayores enfrentamientos, pues han opuesto a las comunidades contra las empresas mineras de la región, que cuentan con el apoyo de las instituciones

8 _{Las rondas campesinas surgen, curiosamente, en el distrito de Crucero en Carabaya, en el año 1987, desde}

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gubernamentales. Ocurrieron problemas en los distritos de Paratía y Ocuviri en Lampa, Pichacani en Puno, Crucero, Ituata, Corani y Ayapata en Carabaya, San Antón en Azángaro y Ananea en San Antonio de Putina, lo que ha llevado a los representantes de las comunidades y a los gremios campesinos a solicitar la titulación y el reconocimiento pleno de la propiedad de sus tierras para poder disponer de los recursos naturales que en ellas se ubiquen (Rodríguez, César 2006).

Puno es una de las regiones donde más conflictos sociales de proporciones se han registrado entre los representantes de los gobiernos locales y las poblaciones rurales; muchas veces la gravedad de los enfrentamientos ha requerido la intervención de las instituciones públicas y privadas, la iglesia y las organizaciones no gubernamentales. Como ya se había indicado, la mayor parte de estos levantamientos populares se han dado contra las gestiones municipales, debido principalmente a la falta de obras o de rendición de cuentas, así como el incumplimiento de requerimientos expresos de la población y la insatisfacción de sus necesidades básicas. (Barrenechea Cárdenas 2006).

Estos conflictos están generalmente liderados por personajes que desean ocupar cargos a nivel local, individuos provenientes de sectores políticos emergentes, usualmente de origen campesino y con ciertos niveles de instrucción. Muchas veces son candidatos que no tuvieron éxito en elecciones pasadas, que planean postularse en el futuro o apoyan los intereses de algún grupo político que desea llegar al poder y que frecuentemente recurre al discurso de la reivindicación étnica. Es la búsqueda de protagonismo la que mueve a estos personajes a conformar frentes de defensa o comités de lucha, cuyos reclamos pueden tener justo sustento, pero que apuestan por actos violentos de protesta que comúnmente acarrean serias consecuencias (Barrenechea Cárdenas 2006).

Y es que los espacios políticos locales se han convertido en el nuevo ámbito de lucha por el derecho a la interlocución con el poder central y la disposición de los presupuestos regionales; sin embargo, debido a la carencia de un sistema de gobierno de sólidos fundamentos, las municipalidades son estamentos de poder sumamente frágiles, fácilmente corruptibles y por las que se desarrollan agresivas pugnas electorales. Dirigentes gremiales, comerciantes, docentes que han ascendido socialmente debido a su instrucción superior, se

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enfrentan por el poder, desplazando a las familias que antaño solían coparlo. El resultado de esta situación es descrito de la siguiente forma:

En este escenario, se convertirá en una constante la extrema dispersión del voto por el alto número de listas que se presentan, restando representatividad a la nueva autoridad. A ello se aúna el ejercicio de gestiones autoritarias e ineficientes, lo que acabaría provocando en los últimos tres años, una serie de crisis de gobernabilidad local, con resultados dramáticos como en el 2004 el caso de Ilave, en la provincia del Collao, donde fue asesinado el alcalde Fernando Robles. (Romero Ríos 2006: 19)

Los gobiernos locales han ido haciéndose sentir como los nuevos actores en la toma de decisiones en la región, y en este escenario, los grandes partidos nacionales que alguna vez fueron los más representativos han cedido su lugar a la participación de listas independientes y movimientos locales de diverso tono y discurso político. Estos generalmente atienden a los intereses de individuos y grupos particulares que suelen subirse al carro de las demandas y la simbología étnicas para ganar la simpatía de los votantes.

Esta es la situación actual de las comunidades. No obstante su inserción progresiva en el circuito comercial de la región, existe una brecha entre sus líderes y las autoridades del gobierno regional, grieta que no sólo se limita a los aspectos político y económico de la situación, sino también al factor cultural. Esta distancia está determinada por la falta de conocimiento y el desinterés sobre los temas concernientes a los centros poblados rurales por parte de las autoridades de los centros urbanos. Sin embargo, los habitantes de las comunidades luchan por encontrar sus propias estrategias para obtener los bienes y servicios que necesitan.