CAPÍTULO 1: APROXIMACIONES TEÓRICAS
4. Las escuelas secundarias en la actualidad
Como se mencionó en el primer apartado, en el año 2006, se sancionó la Ley Nacional de Educación, en la que se torna obligatoria la educación secundaria. Si bien, no se garantiza este derecho y obligación para la totalidad de jóvenes hasta los dieciocho años, se han elaborado políticas públicas con el objetivo de poder lograrlo.
En este apartado realizaremos un breve análisis de ellas, así como también de las circulares, comunicaciones y resoluciones enmarcadas en la educación secundaria.
En los últimos años, esto es, a partir de la sanción de mencionada ley, se proponen nuevas políticas, algunas de ellas destinadas a la promoción de la participación y otras, a las que prestaremos especial atención, destinadas a garantizar el derecho a la educación, para lograr la permanencia y el egreso de l*s estudiantes. En la circular 01/08 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires se presentan los avances respecto de la implementación de la Ley de Educación Provincial (Ley provincial N° 13.688, 2004) en lo referente a la enseñanza, sancionada en el 2007. En mencionada circular se expresa la preocupación central por lograr la inclusión de tod*s l*s adolescentes y jóvenes, a fin de que accedan, permanezcan y finalicen la educación obligatoria, asegurando los conocimientos y saberes necesarios para la ciudadanía, insertarse en el mundo laboral y continuar la educación superior. En este sentido se reconoce la existencia de escuelas que forman sólo para el trabajo y aquellas que forman para la educación superior y se sostiene el deber de lograr ambas.
Por otro lado se destaca la pérdida de unidad del nivel, existiendo gran cantidad de formatos (anexos, extensiones) y modalidades. En tal sentido se plantea que la unidad curricular y organizativa implica atender las particularidades que cada contexto impone a las instituciones, “debe atenderse la población de estudiantes que habitan el ámbito rural, los que llevan adelante los estudios en contextos de encierro, de educación especial, los adolescentes, jóvenes y adultos que colaboran en el sostenimiento familiar, la maternidad y paternidad adolescente, entre otros” (Circular de la DGCyE N° 01/08, 2008, p. 5). Esto es importante, ya que para una real inclusión
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no se puede pensar en alumn*s hegemónic*s cuya única obligación es estudiar, por otro lado, es necesario comprender que la inclusión implica acceder a las mismas oportunidades y que no exista una educación diferenciada “para pobres”, por esta razón deben elaborarse estrategias organizacionales para optimizar las propuestas educativas existentes.
Entre las estrategias organizacionales, se busca romper con una representación jerárquica, en la cual se cumplan roles específicos pero se trabaje de manera conjunta, se propone la realización de encuentros entre inspector*s regionales, distritales y de secundaria, con director*s, con docentes, estudiantes, en los que se recuperen las buenas experiencias y se identifiquen obstáculos para trabajar en ellos. Posterior a estos encuentros se elaboran estrategias conjuntas planteando una secundaria actualizada y a la altura de los desafíos actuales.
Uno de los obstáculos por los que atraviesa la comunidad educativa es el ausentismo. Ante esta problemática se elaboró una resolución (Res. DGCyE N° 736/12, 2012) para el tratamiento de estas situaciones en la que se destaca la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación y la importancia de intervenir inmediata y efectivamente ante el conocimiento de vulneración de derechos de cualquier estudiante. Para prevenir el ausentismo se plantea la necesidad de trabajar en conjunto con la familia, manteniendo la comunicación para resolver las problemáticas que motivan el ausentismo, en lo que atañe a la organización interna se propone incluir medidas de prevención de ausentismo en la planificación institucional en las que se registre y controle la asistencia, por otro lado se propone realizar redes intrainstitucionales, interinstitucionales e intersectoriales entre diferentes organismos a fin de articular acciones conjuntas. En esta reglamentación se elabora un protocolo de cómo intervenir ante las ausencias, dependiendo de la prolongación de las mismas qué accionar se llevará a cabo. Con esto se busca evitar la desvinculación de l* estudiante con la escuela. A pesar de los esfuerzos por lograr la permanencia de tod*s l*s estudiantes, los obstáculos no logran superarse en su totalidad, buscando y empleando nuevas estrategias.
En la resolución 31/07 del Consejo Federal de Educación se establece que tanto la repitencia, como la sobreedad y el retraso escolar inciden en el abandono de l*s estudiantes y se propone planificar acciones dirigidas a mejorar sus trayectorias
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escolares11, propuestas de aceleración para estudiantes con sobreedad, alternativas para repitentes. Debido a la importancia de garantizar la educación para tod*s, debe pensarse no sólo en quienes la están transitando sino en quienes la abandonaron y es necesario que regresen y finalicen sus estudios y para aquell*s jóvenes que nunca iniciaron sus estudios secundarios. En este sentido, se elaboran políticas que garanticen el derecho a una educación secundaria.
Para la finalización de estudios se crea en el año 2008 el plan FinEs (Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), adaptado a las posibilidades y necesidades de personas mayores de edad en todas las provincias. Se creó este plan emitiendo títulos de validez nacional y brindando la posibilidad de finalizar los estudios secundarios, ya sea si se deben años completos o sólo algunas materias. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se crea el CESAJ (Centros de Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes), el cual es destinado a personas entre 15 y 18 años que se encuentran fuera del sistema educativo y/o con sobreedad, en pos de buscar su reingreso y la aceleración de sus trayectorias educativas. Ambas propuestas permiten el acceso al derecho de la educación a personas que, por diferentes razones, han interrumpido sus estudios; apuntan a buscar modalidades diferentes para personas que en la mayoría de los casos trabajan o buscan trabajo y el formato de las escuelas convencionales impiden la finalización de estudios. Respecto al proyecto CESAJ se elaboraron normativas que garanticen su buen funcionamiento respecto a condiciones edilicias, equivalencias de quell*s estudiantes que quieran proseguir sus estudios en el nivel secundario, así como también la modalidad de las evaluaciones, todas en pos de garantizar igualdad de condiciones con el resto de las modalidades de educación secundaria.
Otra propuesta para la permanencia y egreso es el Plan de Mejora Institucional (PMI), el cual se implementa a partir del año 2010 para todas las escuelas secundarias del país. En el documento elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2011, “Diseño e Implementación del Plan de Mejora Institucional”, se establecen los siguientes propósitos:
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Flavia Terigi (2010) diferencia trayectorias teóricas con trayectorias reales. Las primeras establecen las leyes de obligatoriedad, sistemas pedagógicos-didácticos, puntos en común como los ingresos, los ciclo lectivo, etc. Las trayectorias reales muestran las historias de vida, los caminos que desarrollan l*s sujetos producto de los avatares a los que se enfrentan por el sistema (capitalista en general y educativo en particular). Muchas trayectorias presentan otro destino, denominadas trayectorias “no encauzadas”.
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―a. Planificar el desarrollo institucional a corto y mediano plazo, tendiente a mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias educativas de los estudiantes.
b. Configurar un modelo escolar que posibilite cambios en la cultura institucional estableciendo bases para renovar las tradiciones pedagógicas del nivel secundario y para que la escuela sea accesible a colectivos estudiantiles más amplios y heterogéneos.
c. Lograr la inclusión y permanencia de los alumnos en la escuela y propiciar el desarrollo de propuestas de enseñanza que posibiliten a todos aprendizajes consistentes y significativos, con especial énfasis en la atención de aquellos en situación de alta vulnerabilidad socioeducativa.
d. Desarrollar propuestas curriculares que atiendan a los intereses, necesidades y potencialidades de los alumnos y al lugar de transmisión cultural que asume la escuela, enfatizando la centralidad de la enseñanza y la adecuación de los saberes a las transformaciones socioculturales contemporáneas‖
(Documento del Ministerio de Educación, 2010, p. 16).
Cada escuela elabora sus proyectos institucionales a partir de las necesidades y particularidades, siempre respetando los propósitos y objetivos del PMI. Lo interesante de esta política es que se comprende que, dentro del territorio argentino hay gran diversidad de escuelas con características y problemáticas propias, es por esto que se propone que cada escuela elabore sus propias estrategias que contribuyan a su mejora, con un presupuesto destinado a lograrlo.
Para poder realizarse modificaciones sustanciosas en las trayectorias educativas de l*s estudiantes, se definieron criterios a nivel nacional a tener en cuenta a la hora de pensar, planificar y ejecutar el PMI, en primera instancia realizar un análisis del estado de situación para poder identificar las situaciones institucionales que requieren especial atención, planificar los proyectos en el marco de objetivos y estrategias a desarrollar, para poder evaluar y monitorear el proyecto de manera tal que los resultados puedan evidenciarse.
Los obstáculos para lograr una educación para tod*s son muchos, ya que el sistema educativo en general, las escuelas en particular y las problemáticas socioeconómicas por las que atraviesa la población inciden en la real inclusión de niñ*s y jóvenes. El Estado debe emplear gran variedad de estrategias para lograr su objetivo de educación con inclusión.
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Su política con mayor alcance territorial es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y su legislación de actualización de monto, ésta es un ejemplo de la importancia que debe significar para el Estado garantizar el derecho a la educación, ya que, como lo indica la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27, el Estado debe asistir a los padres para que ellos aseguren el derecho que tiene todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo. Esto implica que el Estado debe responsabilizarse para que todo niño, niña y adolescente tenga derecho a la supervivencia y desarrollo (como lo indica el Art. N° 6º) y es el Estado quien debe brindar asistencia a los padres o adulto a cargo para que esto pueda lograrse.
El monto de la asignación es otorgado en porcentajes, siendo liquidado el 80% del valor mensualmente y acumulándose el 20% restante por mes a fin de liquidarse a fin de mes, una vez cumplimentado los requisitos solicitados, estos son de vacunación y escolaridad, en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se explicita que el Estado busca asegurarse que l*s niñ*s y adolescentes asistan a la escuela, que se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio12.
Estos requisitos dan cuenta que se trata de una contraprestación. Siendo la educación un derecho y una obligación, con la implementación de esta política, se pretende que se cumplimente la obligatoriedad, así como también se expresa la necesidad de realizarse controles de salud para contribuir al buen desarrollo de las personas. Al respecto, Kliksberg y Novacovsky (2015) plantean que
―La libreta/formulario de salud y educación, y las bases únicas de prestaciones y servicios sociales desarrolladas por ANSES sentarían las bases de un sistema de información integral sobre Seguridad Social, clave en la articulación de políticas y programas sociales así como en la conformación de una red o Sistema de Protección Social‖ (p. 58).
Asimismo, para fortalecer los objetivos de la Asignación Universal por Hijo, esto es en primera instancia garantizar el derecho a la educación, se establece mediante Disposición Nº 01/10 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la creación de Equipos Distritales de Inclusión (EDI) enfocado a la inclusión de estudiantes desvinculad*s,
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―...cada Inspector área destinará un OE y un OS de Equipo de Distrito con sede en una Escuela Secundaria, para realizar, como Equipo Distrital de Inclusión, las orientaciones que las familias necesiten frente a la reinserción de sus hijos en el sistema educativo surgidas en el marco de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social” (Disp. De la DGCyE de la Provincia de Buenos
Aires N° 01/10, 2010, Art. N° 2º).
Los EDI deben trabajar principalmente con estudiantes no escolarizad*s, interviniendo en pos de incorporarl*s nuevamente al sistema educativo. Algunas de sus funciones son: atender las demandas de las familias de niñ*s/jóvenes no escolarizad*s; detectar estudiantes no escolariza*s, analizar sus trayectorias escolares; analizar los servicios educativos y definir junto a la familia el lugar más adecuado para la reinserción; construir redes y articular acciones con Inspectores de Enseñanza, areales y jefe distrital, con actores e instituciones comunitarias, con el Servicio local/zonal de Promoción y Protección de Derechos (Documento de Trabajo Nº 1, Orientación para l*s Inspectores; Orientaciones para la redistribución estratégica de Equipos de Distrito, 2010). La creación de los Equipos Distritales de Inclusión es una política ejemplar y necesaria para garantizar el derecho y obligación de la educación secundaria.
Los planes y programas aquí mencionados se han hecho efectivos, influyendo en las realidades institucionales de las escuelas, contribuyendo así a la inclusión de estudiantes que se encontraban con dificultades de continuar sus estudios.
Es preciso advertir que más allá de las políticas de integración de este último período en el que se exige la educación a toda persona menor de dieciocho años de edad, igualmente la desigualdad es notoria así como la gran cantidad de jóvenes que aún no están escolarizad*s. Se hace necesario develar las dificultades presentes para lograr la efectiva inclusión de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo que, en cada coyuntura se complejiza, aparecen nuevas problemáticas y nuevos desafíos.
En los capítulos posteriores se analizará cómo se materializan estas políticas en la realidad concreta, teniendo en cuenta los problemas estructurales, coyunturales, particulares y singulares de las escuelas seleccionadas.