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3. LA MASACRE DE VILLARRICA:

3.2 Las múltiples versiones de los agentes sociales

En todos los conflictos, los múltiples agentes sociales libran una lucha por la verdad de los crímenes atroces, definiendo los hechos que los configuran y los motivos que los produjeron. El presente apartado es un intento por sistematizar las diferentes versiones que dichos agentes han producido sobre la masacre de Villarrica.

a. Colonización de tierras: la disputa por la propiedad y la apropiación del excedente

Colombia para 1950 se encontraba sumida en un conflicto agrario de vieja data. Miles de campesinos sin trabajo ni tierra propia, que trabajaban por todo el país como jornaleros mal remunerados y que buscaban tierras para colonizarlas, tierras que una vez adecuaban para el cultivo y la explotación agrícola, les eran usurpadas por terratenientes latifundistas y hacendados locales para ampliar sus ya muy extensas propiedades36.

Durante la primera mitad del siglo veinte, y como nudo central en la década de los años cincuenta, se estaba frente a un punto álgido del conflicto agrario a nivel nacional. A esta situación no se escapaba la región de Villarrica, donde el hambre de tierras37 de una       

36 Como lo señalara a profundidad María Victoria Uribe: “lo que buscaban los campesinos cuando se

desplazaban a las zonas de frontera agrícola, era conquistar una independencia económica que les permitiera alimentar a su familia, controlar los procesos de producción y obtener excedentes económicos. La dinámica colonizadora generaba un doble movimiento: por un lado estaba la constante presión que ejercían los grandes terratenientes sobre los campesinos al pretender apropiarse de tierras abiertas por ellos, expulsando a los colonos obligándolos a buscar nuevas tierras ignotas, ampliando de esta manera la frontera agrícola, y por otro estaba el colono, civilizando tierras agrestes en busca de un independencia que siempre era efímera, pues detrás de él venían los latifundistas con la intención de apoderarse de éstas y en consecuencia asegurar una fuerza de trabajo que era escaza en las haciendas”.

En María Victoria Uribe, Salvo el poder: todo es ilusión, 67 (ed. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007, Bogotá, 2007).

37 Expresión atribuida a Eric Hobsbawm que identifica a La Violencia como un momento de hambre de

tierras, donde durante varios años de anarquía una emergente clase media rural usó la violencia para adquirir riqueza y poderío, en medio de una típica estructura feudal que caracterizaba al campo en ese momento en Colombia: “en sus centros principales, la Violencia no es un simple movimiento del pobre contra el rico, del desposeído por más tierras. En cierto modo desde luego se trata de una expresión de hambre de tierras, aunque se presente como campesinos conservadores asesinando y arrojando a los liberales de sus propiedades, o viceversa. Distintamente, en el curso de 15 años de anarquía, ha sido utilizada por una clase media rural

creciente población campesina38 que no lograba obtenerlas por encontrarse, por un lado, las aptas para la agricultura concentradas en manos de unos pocos, y por otro lado, las disponibles, en condiciones aún agrestes que les significaban inversiones en tiempo y en recursos para disponerlas para el cultivo, incrementaban la demanda ante una cada vez más reducida oferta.

Los grandes hacendados latifundistas, empleaban a los campesinos para la explotación de sus tierras a cambio de muy malos pagos y el permiso para vivir en su haciendas, o en el mejor de los casos, arrendándoles partes de sus terrenos cultivables, imponiendo condiciones abusivas en los contratos como la facultad del hacendado de determinar el precio de los cultivos y los niveles de producción que podían disponer para la venta, y de esta forma mantener el control sobre los campesinos trabajadores.

La propiedad de la tierra, era un arma de dominación sobre los campesinos y sus familias, que callaba sus voces para garantizar su subsistencia y el trabajo en lo único que sabían hacer, al tiempo que garantizaba la perpetuidad en el poder de quienes creaban y ejecutaban        

ascendente (que por otra parte difícilmente hubiese encontrado forma de ascensión social en una sociedad casi feudal) para adquirir riqueza y poderío”.

En Eric Hobsbawm, Rebeldes primitivos: estudio de las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, 267 (Ed. Ariel, Barcelona, 1968).

38 El testimonio de ‘María’ en Crónica de Villarrica, el trabajo testimonio al más importante sobre la masacre

da cuenta de ello: “Luego mi papá se enteró de que había una colonización en Villarrica y entonces fue cuando se trasladaron allá, cuando yo tenía como dos años. En Villarrica se decía que se podía trabajar en buenas tierras, que eran baratas e inclusive aún, que eran baldíos, que eran montañas”.

las leyes y la división social marcada por las amplias diferencias económicas a causa de la distribución del ingreso y la acumulación de capitales.

Sin embargo, los campesinos empezaron a hacer demandas desde los campos, afectando los niveles de producción y las asistencias a los cultivos –y por contragolpe los ingresos de los latifundistas- como medio de los campesinos para hacerse escuchar. Sus reiteradas demandas en el campo de las mejoras laborales y reformas agrarias que respondieran de manera más justa con la propiedad a la explotación de la tierra, provocaron una seguidilla de intentos de reforma agraria por vía legal.

En primer lugar, se expidió el Decreto n° 1110 de 1926 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el mismo año39, con el que se determinó que la propiedad de la tierra debía acreditarse con títulos de propiedad, a falta de ellos, la propiedad no existía y la ocupación se consideraba efectuada sobre predios baldíos.

      

39 El fallo de 1926 de la Corte Suprema de Justicia determinó que las tierras debían retornar al Estado en caso

en que los que se reputaban dueños no pudieran acreditar dicha propiedad a través de títulos originales que demostraran el inicio de la posesión de buena fe sobre los predios, es decir, se fijó una presunción de legal sobre todos los predios e considerarse baldíos, en caso que el particular no demostrar su dominio a través de un título originario del Estado.

Ver: Sentencia de 15 de abril de 1926. Corte Suprema de Justicia. M.P.: Luis Felipe Rosales. G.J. T. XXXII, 262.

Con ésta primera herramienta jurídica, la agenda del Estado encabezado por el Gobierno del entonces presidente Abadía Méndez se hizo evidente, enfocándose en ampliar la frontera agrícola, es decir, ampliar el margen de terrenos cultivados40, y explotados efectivamente sugiriendo que podía adquirirse por ocupación.

Lo que se presentó como un reconocimiento que hacía el derecho a las demandas de los campesinos, se convirtió en la práctica en una herramienta para garantizar el trabajo de los mismos a las tierras de los terratenientes, y solucionar los problemas de titulación y las consecuencias penales que significaba para muchos de ellos el estado de sus propiedades, las que habían adquirido a través de herramientas como el desalojo y el despojo de tierras.

Así mismo, la reforma trajo consigo problemas más graves, que ampliaron los niveles de violencia del conflicto agrario, al provocar la invasión dramática de tierras y las luchas por conservarlas, incluso a través de pequeños grupos de seguridad privada que contrataban los hacendados.

A pesar del panorama desalentador que revelaba el estado de las cosas, desde la óptica idealista del campesino, lo dispuesto en el decreto se vio de una forma muy diferente. El campesinado, lo consideró como una respuesta por mucho tiempo esperada por parte del       

40 Como se verá más adelante, éste propósito se confirma al hacer un análisis de los intereses cafeteros en la

derecho que contenía el reconocimiento de sus derechos y de su lucha, y deslegitimaba el desalojo como una forma de adquirir la propiedad –aun cuando muchos de ellos tampoco contaban con títulos de propiedad de los predios donde se habían asentado para empezar a explotar la tierra; así se lee, por ejemplo en la publicación del periódico Claridad en enero de 1929:

“(lo que hace el decreto es) llamar a cuentas a todos los latifundistas que se tienen cogidas grandes extensiones de terrenos baldíos no para trabajarlos y hacerlos producir sino para impedir que otros las trabajen para bien del progreso de la agricultura, el desarrollo de la población y el acrecentamiento de la riqueza nativa”41.

La posibilidad jurídica de discusión de la propiedad de la tierra, solicitando los títulos que acreditaran los derechos sobre la misma por cualquiera interesado en cuestionar la propiedad, y la de adelantar posesiones para adquirir las tierras por ocupación de los colonos que venían explotándolas invadiéndolas, generó como era de esperarse, un malestar entre los grandes terratenientes que vieron amenazadas sus ‘propiedades’. La situación en los campos se tornó aún más complicada, y las brechas entre campesinos-colonos y hacendados-latifundistas se ampliaron por cuenta de una disputa que ahora se libraba también en los estrados judiciales de la mano de la citada Ley.

      

41 Tomado del periódico Claridad (Bogotá), Edición del 28 de diciembre de 1929. Citado en Salvo el poder...,

Como contraprestación, el gobierno liberal de López Pumarejo, que pregonaba la modernidad, impulsó una nueva reforma agraria, esta vez por medio de una ley de la república. Con la expedición de la Ley 200 de 1936, se introducen reformas sustanciales al tema de la propiedad de bienes inmuebles en Colombia, principalmente, eliminó el requisito de probar la propiedad de la tierra, con la condición de que ésta fuera explotada económicamente, además se validó la adquisición de baldíos por medio de su ocupación, sin importar el medio por el que ésta se hiciera, por lo que la dinámica de colono invasor que preparaba y arreglaba los terrenos para el cultivo y el hacendado que lo despojaba una vez estaban adecuados se repitió una y otra vez42.

La intervención final del derecho, sin introducir reformas sustanciales para aliviar la situación de los campesinos, estuvo dada por la Ley 100 de 1944, que trató de garantizar la mano de obra para los terratenientes, calificando los contratos de arrendamiento de inmuebles y de aparcería y cosecheros, como contratos de utilidad pública en pro del incremento de la producción agrícola. Señalaba como de utilidad social la adquisición de terrenos incultos o insuficientemente explotados bajo este mismo propósito, y ampliaba a quince años el término para que operara la restitución del predio por no ser éste explotado.

      

42 LeGrand, hace un estudio del impacto que tuvo esta reforma legislativa en el campo, señalando que no

propició el proceso de colonización por parte de los campesinos, sino que validó muchas prácticas de los latifundistas dando piso a sus reclamaciones de tierras.

En: Catherine LeGrand, Frontier Expantion and Peasant Protest in Colombia 1830 – 1936, (Ed. University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986).

El efecto que alcanzó no fue otro que aumentar el número de demandas de los campesinos, para ese momento organizados en movimientos a lo largo del país en pro de sus derechos.

Desde una perspectiva histórica, resulta evidente la desinformación de los campesinos sobre las implicaciones jurídicas que abarcaban este tipo de leyes, y que les demostraron al largo plazo su ineficacia como condición de posibilidad de cambios estructurales a los problemas de la propiedad agraria. Las versiones de los campesinos durante la ocurrencia de estos hechos resultaban ingenuas y esperanzadoras, como logró mostrarse más arriba con la posición sentada por un medio de comunicación eminentemente campesino.

Las versiones posteriores, que aún hoy pueden leerse, dan cuenta de la desilusión y el sentimiento de frustración en que derivó los incumplimientos y los efectos de las leyes43. También posteriores, son las narraciones de otros actores que no se vieron involucrados directamente en la cadena de crímenes atroces que se llevó a cabo en Villarrica, pero que reproducen importantes versiones de la verdad, que son intentos, como éste, de construcción de una memoria histórica y que le aportan a la reconstrucción de la verdad el valor de la investigación desde la academia. Así tenemos entre los trabajos más destacados, el de Catherine LeGrand44, quien plantea cuestiones sobre la dinámica de la colonización,

      

43 A los cuales se hará referencia más adelante en este mismo trabajo.

44 Su trabajo más importante sobre el particular y que fue una herramienta fundamental para la elaboración de

los colonos despojados, y la lucha por la propiedad que se presentó en esta dialéctica; y el de Elsy Marulanda45, quien presenta una estudio sobre las colonizaciones en la región del Sumapaz desde una perspectiva geográfica y destacando la dinámica colonizadora desde el centro del país.

b. El Sur-oriente del Tolima: zona cafetera próspera y por explotar

La economía parecía ser la preocupación fundamental del General Gustavo Rojas Pinilla durante su gobierno militar de 1953 a 1958. Éste era el elemento que lo mantenía en el poder a pesar del turbio panorama político y social del país. La economía tenía un repunte debido en gran parte a que el precio internacional del café, uno de los productos más cultivado en los campos, estaba al alza, por lo que era un interés central del Gobierno Nacional garantizar más cultivos y un incremento en la productividad de los grandes propietarios de haciendas cafeteras que sostenían la economía, un reducido grupo de colombianos dentro del que el mismo General se ubicaba con su propia hacienda cafetera en Anapoima.

        1936, (ed. University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986). Así mismo, se destaca el trabajo sobre la dinámica de la colonización y los conflictos que se generaron como parte de la misma en su trabajo

Colonización y protesta campesina en Colombia, (ed. Universidad Nacional, Bogotá, 1988).

45 Aun cuando no estudia particularmente la región de Villarrica, por su cercanía geográfica y las similitudes

que revela en la conformación del conflicto, son importantes sus trabajos: Elsy Marulanda, Historias de frontera: Colonización y guerras en el Sumapaz, (ed. CINEP, Bogotá, 1990) y Elsy Marulanda, Colonización y conflicto, las lecciones del Sumapaz, (ed. Tercer Mundo Editores, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Bogotá, 1991).

La zona de Sumapaz y el oriente del Tolima, demostró desde la década de los treinta46 ser una zona ideal para la producción cafetera47. Por un lado, allí los campesinos de varias regiones del país que buscaban establecerse en su propia extensión de terreno, confluyeron en una zona que se ubicaba en el centro del país y, en esta región en especial, por sus condiciones climáticas y por las dificultades de acceso que presentaba48, al ser un municipio con la población apenas suficiente para obtener tal categoría, ubicado en medio de la cordillera central, con una sola vía de acceso, sin pavimentar y al que resultaba más fácil acceder en mula, dio la idea de ser un lugar ideal para iniciar colonización haciéndose de machetes para tumbar monte y empezar a tener algo propio.

Por otro lado, los grandes terratenientes, que vieron en esta región un escenario ideal para aumentar su producción a través de la mano de obra barata valiéndose de estrategias como       

46 En particular, para la década de los treinta, Colombia se vio afectada por la crisis económica mundial en el

campo de sus exportaciones, en concreto las de café, que por tratarse del producto más importa en este reglón de la economía para ese momento, se buscó el modo de garantizar la producción. Al respecto, María Victoria Uribe resume que “(la crisis económico mundial) ejerció una gran presión sobre la frontera agrícola existente en ese momento, creando la necesidad de abrir nuevas tierras para la agricultura en varias regiones del país (…) como resultado de la crisis, a partir de 1930, se inició en el país un proceso de colonización de zonas agrestes y baldías que tenían por objeto adecuar nuevas tierras para el cultivo del café en las vertientes de la cordillera oriental”. Ob. Cit, p.65.

47 Sobre la producción cafetera a lo largo del siglo XX, existen importantes estudios. Resulta clarificarte la

referencia que hace Daniel Pécault sobre el particular: “Según el censo de 1932, las haciendas de más de 35 ha. Suministran por sí solas el 37.9% de la producción de Cundinamarca, el 36.8% de la de Santander y el 27.6% de la del Tolima; en la misma fecha las haciendas de la misma talla difícilmente alcanzan el 17.3% de la producción de Antioquia, el 10.7% de la de Caldas y el 4.4% de la del Valle. Para el total de Colombia aportan el 18.2% de la producción” (subrayado fuera de texto).

En Daniel Pécault, Orden y violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953, (Ed. Norma, Bogotá, 2001).

48 Como señalara Eric Hobsbawm al momento de analizar la situación histórica del campo en Colombia; “El

panorama general del campo colombiano está constituido por lo tanto por comunidades campesinas extraordinariamente atrasadas, aisladas, ignorantes y rutinarias, aherrojadas por propietarios feudales y por esbirros”, Ob. Cit. p. 266.

el despojo y el amedrentamiento a los campesinos colonos para expulsarlos de sus tierras una vez éstas se encontraban en condiciones óptimas para el cultivo en el caso de los arrendatarios, buscando aumentar a cualquier costo sus extensiones de tierra cultivable para el café.

Cuando se logró la cruzada para despojar a los campesinos de las tierras, como consecuencia inmediata se tuvo un aumento en el número de cultivos de café, y con él, un aumento en la cuota de participación de Colombia en un mercado mundial inmerso en un repunte del precio del grano, por esta razón la Guerra de Villarrica, logra convertirse en un hito sobre los alcances de la violencia como arma de guerra dispuesta para lograr intereses económicos notables49.

      

49 Al respecto, resulta importante la referencia histórica que trae Elsa María Fernández cuando al referirse a la

situación del campo para las décadas de los años cuarenta y cincuenta señala que: “El factor dominante de los dos primeros gobiernos de La Violencia (1946-1955) [1955 diríamos nosotros] fue el terrorismo oficial (…) a escala rural, ese terrorismo se generalizó como cruzada antiliberal y anticomunista orientado a extirpar las aspiraciones democráticas del campesinado, y a eliminar el espacio propio que conquistaron frente al poder terrateniente. Podrá parecer paradójico, pero los años de La Violencia fueron también los años de mayor crecimiento económico en Colombia; entre 1949 y 1954 se dio un importante auge económico en el que el café tuvo un gran valor” (subrayado fura del texto).

En Elsa María Fernández, El narcotráfico y la descomposición política y social: el caso de Colombia, 67, (Ed. Plaza y Valdes, Bogotá, 2002).

Diríamos nosotros que no fue gratuito, o en palabras de la autora ‘paradójico’, sino que por el contrario, fue la consecuencia inmediata de un proceso agresivo de colonización y contra-colonización librado en las zonas cafeteras más importantes del país, entre ellas Villarrica, por parte de los grandes terratenientes, que conocedores del mercado, valiéndose del poder y del derecho, despojaron de tierras y libraron una guerra contra los campesinos que eran propietarios o las poseían, para aprovechar el repunte mundial del precio del café.

c. Población ocupante: los ‘comunistas’ de Villarrica

Para el momento en que Rojas Pinilla toma la decisión de iniciar una operación en Villarrica su imagen como el presidente pacificador50, por no inscribirse en ninguno de los partidos políticos tradicionales, y por lo tanto, presuntamente no encontrarse permeado por

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