Las principales lecciones aprendidas a partir de las experiencias de la última década y en base a las barreras que se identificaron en los diversos proyectos de electrificación rural, se pueden resumir en las siguientes:
Definir con precisión los roles y responsabilidades del sector público:
9 La participación del Estado deber ser de normador y facilitador, es decir, formular y ejecutar políticas y normas que levanten las principales barreras que impiden superar las deficiencias que presenta el sector energético en relación con las áreas económica, social y ambiental.
9 Atender las demandas que son priorizadas por la misma población a través de mecanismos participativos como las Municipalidades y las organizaciones naturales de base.
9 Estimular al sector privado en la diversificación de su oferta para atender varios segmentos de la población en función de su localización geográfica, capacidad de pago y así como estimular su eficiencia y sostenibilidad.
Lograr una planificación de la demanda energética de abajo hacia arriba:
¾ Transferir métodos sencillos de planificación energética a los Municipios. Esto facilita la participación de los consumidores en el Municipio, además que se llegan a acuerdos y consensos más fácilmente con base en las capacidades productivas locales.
¾ Desarrollar canales de información para los planificadores en los Municipios y Prefecturas, lo cual permitirá fluidez de información sobre las tendencias de las políticas energéticas importantes y la rápida toma de decisiones.
¾ Evitar despertar falsas expectativas para satisfacer demandas. En muchos casos, se han presentado proyectos que pretenden resolver muchos problemas sin que hayan sido cuantificados. Por lo general son luego abandonados por falta de presupuesto y de previsión creando falsas expectativas y desalentando a los consumidores.
¾ Respetar la planificación local por parte de los Municipios, las Prefecturas y del Gobierno Central. Una vez que los municipios han estructurado sus demandas, es vital que las políticas del gobierno central, así como de las prefecturas, consoliden estas demandas en planes nacionales y regionales. De lo contrario, se restringe la participación local hasta anularla completamente.
¾ Orientar la demanda hacia propuestas factibles incluyendo los potenciales más inmediatos de desarrollo local. Esta es una condición que permite generar confianza por parte de los consumidores en la estructura de gobernabilidad y en todos los mecanismos de priorización de demandas.
Lograr la participación del sector privado en energía rural:
¾ Apoyar al sector privado para emprender acciones de largo plazo. Muchas veces, las condiciones financieras (elevadas tasas de interés y períodos muy cortos de repago) han obligado al sector privado a actuar en términos de corto plazo.
¾ Identificar la mejor solución tecnológica en función a las características de demanda y condiciones socio - económicas.
¾ Apoyar al sector privado a capturar el mercado potencial energético del área rural. Para ello es necesario proporcionarle información, evaluaciones de mercado y de factibilidad equilibrando el corto y mediano plazo, y sobre todo generando los mecanismos para poder acceder a incentivos cuando desarrolla proyectos de energía rural relacionados con los potenciales locales.
Aplicación de normas “flexibles”
¾ Evitar que las normas se conviertan en una barrera, sobre todo cuando los condicionamientos son muy rígidos. Se ha constatado en la experiencia mundial que para desarrollar los servicios energéticos sobre todo en áreas rurales, es necesario recurrir a una diversificación de tecnologías y de fuentes energéticas como también a una diversificación de esquemas de gestión y de financiamiento, llegando a normativas más flexibles.
Mecanismos financieros del sector público
¾ Es imposible prescindir de los recursos financieros de origen público en proyectos de energía sobre todo que están orientados a funciones sociales.
¾ El financiamiento a proyectos se facilita si el sector financiero público y privado adoptan criterios de evaluación complementarios y compatibles.
Tecnologías adecuadas y garantizadas
¾ Las tecnologías deben demostrar su factibilidad, ser seguras y confiables. Por lo tanto deben ser certificadas, de buena calidad y responder a estándares técnicos establecidos en el país.
¾ La existencia de centros de certificación tecnológica es una condición que permite establecer la calidad y confiabilidad de las tecnologías energéticas (por ejemplo IBNORCA).
¾ Desde el proveedor de tecnologías energéticas hasta el consumidor, pasando por el intermediario financiero deben estar relacionados bajo los principios del mercado conformando una cadena de especializaciones. Esta condición permite concluir que la tecnología está lo suficientemente madura y que ha encontrado nichos para aplicación en el país.
¾ En los sistemas aislados y sobre todo dispersos es conveniente seleccionar tecnologías que requieren menor mantenimiento y que precisamente son aquellas que utilizan los recursos naturales localmente disponibles. La falta de caminos transitables, la falta de recursos humanos locales capacitados, la poca adaptabilidad a las condiciones del entorno han provocado que muchas tecnologías, sobre todo innovadoras hayan fracasado.
¾ Los usuarios de nuevas tecnologías requieren abundante información. Este aspecto es muy importante ya que hace parte de la gestión energética. En el caso de sistemas de energías renovables, los consumidores potenciales se encuentran en zonas aisladas y por lo tanto la gestión global de la energía útil recae sobre ellos mismos. Por ello es importante que el consumidor cuente con la información necesaria para conocer mejor el funcionamiento del sistema.
¾ Es necesario desarrollar líneas de capacitación para implementar proyectos con nuevas tecnologías. Una condición de éxito de una tecnología es que los consumidores estén lo suficientemente capacitados para encarar los problemas más prácticos y sencillos que pueden presentarse en el uso de estas tecnologías.