Legalidad de la Educación Superior en el Ecuador

Cabe la pena hacer un alto para recordar que la educación superior es un principio fundamental para todo ser humano y es considerada como un derecho, ante lo cual se debe conocer que los derechos humanos constituyen garantías jurídicas universales que protegen a las personas contra acciones y omisiones que obstaculizan las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras.

Como en otros países también en el Ecuador las pautas en materia de derechos humanos se han ido definiendo cada vez mejor en los últimos años, las mismas que se han ido codificando en ordenamientos jurídicos, estableciendo un conjunto de normas de actuación respecto de las que pueden exigirse responsabilidades a los titulares de obligaciones de todos los niveles de la sociedad y en especial a los órganos del Estado.

Es necesario mencionar que entre los derechos que se garantizan a todas las personas en virtud de los tratados internacionales, sin discriminación alguna por

motivos de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, se encuentra el derecho a la educación, el mismo que está estipulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que indica “que todas las personas tienen derecho a la educación gratuita concerniente a la instrucción elemental y fundamental, tomando en cuenta que el acceso a los estudios superiores también será igual para todos” (ONU, 2010).

“El propósito de este derecho será el pleno desarrollo de la personalidad humana y todo esto favorecerá a la comprensión entre todos los grupos de la sociedad, al mismo tiempo los padres serán libres de escoger la educación que consideren pertinente para sus hijos” (Pérez, 2005, pág. 29).

Sin embargo se debe manifestar que sin duda la tardanza por parte de las autoridades y funcionarios públicos en cumplir con los mandatos y deberes contenidos en leyes o en actos administrativos que la propia administración genera, es un mal progresivo y cada día de mayor incidencia. Esta situación constituye una burla para el orden jurídico basado en la Constitución, pues defrauda las fundadas expectativas, de los estudiantes de educación superior, de que los poderes constituidos y funcionarios públicos cumplan sus obligaciones legales y administrativas.

2.2.1.1 Las constituciones ecuatorianas y la educación superior

Se debe destacar que dentro de las primeras constituciones no se específica la responsabilidad del estado con referencia a la educación superior. La primera institución encargada de organizar el sistema de educación fue la Dirección General de Estudios, institución de origen Bolivariana.

Durante los primeros años la educación no fue tan significativa, no obstante se iba acoplando a las necesidades del país, para posteriormente ser dictada una ley orgánica de educación Democrática. Con la llegada a la presidencia de la república de Vicente Rocafuerte(1835-1839) se desarrolla una política educativa más concreta, se crea la Dirección General de Instrucción e Inspección de Estudios para cada provincia, además se toma en consideración a estudiantes universitarios que por cierto eran muy pocos.

“El país contaba con 290 escuelas y 8 colegios. Transcurre el tiempo y las políticas de educación como es lógico va mejorando, y buscando las mejores condiciones para satisfacer las necesidades de la población ecuatoriana” (Sevilla, 2008, pág. 45).

En el año de 1863 ya se descentraliza la educación dando responsabilidad a un Consejo General con extensiones provinciales, integrado por un Ministro del ramo y representantes de la Iglesia, de la universidad y de las academias científicas y literarias. Los municipios también asumen su responsabilidad en la educación ya

que tiene la capacidad para vigilar a las instituciones educativas en las que invierte sus recursos.

En aquel entonces, el sistema de educación que estaba en práctica tenía tendencia a una educación descentralizada. Mencionado sistema se termina en la presidencia de Gabriel García Moreno (1861-1865/1869-1875); ingresando así en una etapa de concentración de la educación en manos del gobierno, para tomar las decisiones apropiadas de acuerdo a sus intenciones, entre las disposiciones tomadas se encontraban: que los directores de los establecimientos profesen la religión católica oficial, asimismo se ordena la abolición de los Consejos en las provincias, la no intervención de los municipios en materia educativa y la transferencia al Ejecutivo de todas las facultades directivas en educación, al tiempo que se establece la gratuidad de la enseñanza y el derecho a una escuela por cada población que posea 500 niños.

El Ministerio de Instrucción Pública fue creado en la presidencia de José María Plácido Caamaño de tendencia ideológica progresista, gobierno en el cual se empieza a impulsar la educación laica para luego en la presidencia del general Eloy Alfaro aplicar y profundizar esta educación en todos sus niveles y para las futuras generaciones.

A partir de la constitución de 1897 empieza a constar en las constituciones la responsabilidad del Estado con referencia a la educación, como también los derechos en la educación de los educandos. En la constitución de 1945 se puede

constatar ya los cambios sustanciales, los mismos que fueron tomados en cuenta en las próximas constituciones

En la constitución de 1967, se reconoce que la educación es un derecho de todos los seres humanos. Posteriormente en la Constitución de 1998. En la Sección octava de la Ley de Educación desde los artículos 66 hasta el 79 se establece que la “educación es un derecho irrenunciable de todas las personas, es el Estado quien tiene que erradicar el analfabetismo, fomentar y garantizar el derecho a la educación gratuita y obligatoria hasta el bachillerato, fortaleciendo la educación en la zona rural y de frontera”.

Es importante destacar que de modo general el Estado garantiza una serie de derechos que van enmarcados al desarrollo nacional y la equidad social apegándose a este derecho el de la educación, además en la constitución de 1998 existen 14 artículos de los cuales se van discerniendo cada una de las garantías que el ecuatoriano tenía que asumir este derecho.

En la constitución del 2008 existen áreas que se sienten vulnerables y relegadas de alguna forma porque se deja mucho a la interpretación para ciertas conveniencias políticas, es decir que las instituciones particulares no se sienten amparadas por esta Constitución ya que se estaría atentando en contra de la autonomía de los establecimientos universitarios.

2.2.1.2 La Educación Superior en la Ley General de Educación

El Estado republicano mostro desde temprana hora el interés por crear un sistema educacional público, que sirviese para la educación y la formación moral y cívica de los ecuatorianos. No obstante la insuficiencia presupuestaria y el peso ideológico de la Iglesia determinaron que siguiese existiendo un sistema educativo religioso, que estaba al servicio de los sectores más pudientes y que reproducía los prejuicios sociales y la ideología de la colonia.

Durante los gobiernos de Rocafuerte, Urbina y Robles existió ciertos intentos de reforma, pero generalmente continuó existiendo un débil sistema educativo estatal, que contrastaba con el sólido, poderoso y elitista sistema educativo privado, manejado por la Iglesia.

Después de la revolución Alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de un sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 29 de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza gratuita, laica y obligatoria.

En las primeras décadas del siglo XIX, con la influencia de la Revolución Industrial, del Positivismo y del Pragmatismo, se producen innovaciones en el sistema educativo ecuatoriano: El proceso de formación del hombre trata de ser incorporado al desarrollo social, haciendo abstracción de la visión idealista y estática del mundo y la sociedad.

Mencionada ideología planteó determinados pre-requisitos entre los cuales se tenía la libertad educativa, la cual sostuvo que el único conocimiento válido es aquel que tiene una función utilitaria y diseñó en la programación educativa el tratamiento de las ciencias, la experimentación, el conocimiento práctico, la investigación de la naturaleza.

En el año de 1938, se expide la Ley de Educación Superior, la cual otorga a las universidades autonomía para su funcionamiento técnico y administrativo. Entre los años 1930 y 1940 prevalecen las ideas socialistas en el país y, casualmente, en el Ministerio de Educación como consecuencia de este predominio se mira a la educación rural desde su propia naturaleza y perspectiva, se relaciona la educación con el mundo social, cultural, económico elaboración de los planes de estudios, se instituyen mecanismos de y aún político, se diversifica el diseño y comunicación con los administradores y docentes, en definitiva, se pretende la democratización del hecho educativo.

Se debe considerar que la presente Ley de Educación Superior, fue realizada en el año 2000, fecha en la que aun regía la Constitución de 1998, Así mismo se debe enunciar que en el Ecuador existe otra norma legal que rige la Educación Superior aparte la de la Constitución de la República (Arts. 28, 350 al 357), la cual es la Ley de Educación Superior que fue expedida por el Congreso (actualmente Asamblea Constituyente).

A continuación se presentaran los puntos principales que contiene la actual Ley de Educación Superior:

El artículo 1 indica que “el Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano está formado por: las universidades y escuelas politécnicas, las mismas que podrán ser podrán ser públicas financiadas por el Estado, particulares cofinanciadas por el Estado y particulares autofinanciadas. Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad” (Ley de Educación Superior, 2000).

Además esta Ley expresa que las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuesto de manera científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente.

“Los organismos e instituciones de Educación Superior se sujetarán a los mecanismos de control constitucional legalmente establecidos y tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre el buen uso de su autonomía y el cumplimiento de su misión, fines y objetivos” (Ley de Educación Superior, 2000).