Limitaciones Políticas

A lo largo del periodo en consideración encontramos dos fuertes limitantes de la participación social en el desarrollo de la política pública forestal, otro de los mandatos críticos de la LGDFS.

• La reducción de los espacios de participación de los distintos “grupos de interés” (productores forestales, industriales, académicos y organismos civiles) si bien permite discusiones más acotadas, limita las posibilidades de representación, legitimidad y creatividad de este espacio.

En este sentido nos parece muy importante que el CONAF, manteniendo márgenes de eficiencia en su operación, abra mayores espacios a la participación de representantes de estos grupos y recupere el carácter de apertura y pluralidad con que operó con anterioridad a la implementación del reglamento de la LGDFS vigente.

Otro punto importante es asegurar la legitimidad de los representantes de los grupos en el Consejo. Lo que exige que su participación sea resultado de procesos de consulta amplia y que sus posiciones se basen en la práctica de mecanismos de consulta y rendición de cuentas. Estas prácticas debieran ser normadas y tener carácter obligatorio, en aras de la legitimidad del propio CONAF.

El sector social es el grupo de mayor peso en las regiones forestales de México, por su participación en la tenencia de la tierra, por su importancia demográfica, por los impactos que sus decisiones y acciones cotidianas tienen en los recursos forestales. En consecuencia proponemos que el número de representantes de este sector sea mayor que el de los otros sectores (al menos que el de los académicos y grupos civiles).

• Otra fuerte problemática política de la actuación de CONAFOR durante la pasada administración fue la creación de organización sectorial corporativa, basada en

membresías individuales, que hemos descrito en esta sección y en la correspondiente al análisis de los programas de CONAFOR entre 2000 y 2006.

La promoción de la organización social ha sido una vieja práctica del estado en su relación con la sociedad rural A lo largo del siglo XX la organización corporativa sirvió como canal de aplicación de políticas públicas pero también, como instrumento de control político de las comunidades rurales. La práctica autoritaria de fomentar organización “ad hoc” fue una de las bases del régimen de partido único en el país, que minó por décadas el desarrollo de organizaciones ciudadanas autónomas. La sociedad rural fue un campo donde el control y el paternalismo gubernamental tuvieron mayor arraigo y consecuencias.

Más allá de la retórica, la participación social real y plural es un ingrediente básico en el logro de los consensos que requieren los procesos de construcción de la sustentabilidad. No es solamente un imperativo ético, sino un elemento de eficiencia de la política pública. El sector ambiental y forestal en algunas regiones como el Estado de Oaxaca95 _{ha sido} uno de los primeros espacios de apertura a la participación social en el diseño e implementación de las políticas públicas en México. La promoción de organización corporativa por parte de la CONAFOR y su reconocimiento como el único interlocutor válido del sector social y como beneficiario privilegiado de la inversión pública, lastima los esfuerzos de construcción democrática en torno a la política ambiental y evoca estilos de control corporativo, desechados por el estado a partir de las Reformas al Artículo 27 Constitucional de 1991, uno de cuyos logros y objetivos más importantes fue el reconocimiento de las comunidades campesinas como sujetos autónomos, capaces de decisiones que antes recaían en la burocracia.

Junto al énfasis en el valor de la organización autónoma, comunitaria y regional, reconocemos la necesidad de espacios de interlocución, validación y construcción de redes de colaboración y confianza entre el estado y la sociedad. Pero la organización social autónoma y los espacios de interlocución son instancias diferenciadas, que responden a roles y necesidades distintas, uno no substituye al otro.

En páginas anteriores hemos mencionado propuestas puntuales sobre la redefinición de la relación entre CONAFOR y las Asociaciones de Silvicultores creadas por la

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administración pasada, en síntesis estas propuesta se refieren a:

El convenio entre CONAFOR y las ARS para la promoción de ProÁrbol debe reconocer y fortalecer a las comunidades forestales, y no favorecer formas de organización que las debilitan y contravienen el espíritu de valoración del manejo forestal comunitario, presente en la legislación agraria y forestal.

Redefinir el carácter de la membresía de las Asociaciones Regionales (ARS), a partir de las categorías de la tenencia forestal: los miembros de las asociaciones beneficiarias de recursos de CONAFOR deben ser núcleos agrarios y pequeños propietarios, cuidando aspectos del peso que cada uno de ellos tenga en las instancias de representación y toma de decisiones de las ARS.

La participación en las ARS de miembros de núcleos agrarios debe reconocer a esta instancia como unidad básica de toma de decisiones. En este sentido los miembros de los núcleos deben participar en las ARS como representantes de sus comunidades y no a título individual.

El número de miembros individuales de las ARS no puede ser criterio de evaluación y acceso a los recursos públicos que maneja CONAFOR.

La posibilidad de participar en la promoción de ProÁrbol y de contar con los recursos que ello proporciona, debe estar sujeta a reglas validadas en el CONAF y abierta a distintas organizaciones forestales. El trato privilegiado que reciben actualmente las ARS resta –en muchas regiones- eficiencia y legitimidad del propio Programa.

El cargo de representante del sector social en el CONAF no puede ser designado desde CONAFOR, debe estar abierto a más de un representante y ser producto de procesos de consulta participativa y democrática.

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