Limitaciones del Estado

Una de las prioridades del Estado Ecuatoriano es otorgar protección a los miles de refugiados que se encuentran en su territorio. Esta protección inicia con el reconocimiento del estatus de refugio de un individuo, continúa con el respeto a los principios de no devolución y no sanción penal por la violación a la normativa migratoria vigente y se fortalece en gran medida con las acciones que ejecuta para lograr la inclusión efectiva de estas personas vulnerables en la población local (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008).

46

Sin embargo, a la vez que se reconoce esta prioridad, también se declara que las acciones que lleve a cabo el gobierno ecuatoriano respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los instrumentos internacionales referentes al tema del refugio, se realizarán en la medida de las realidades y posibilidades del Ecuador (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008).

En este sentido, resulta complicado que un país aquejado por la pobreza –

causada por la falta de comunicación entre las entidades del Estado y los escasos recursos y falta de institucionalidad para desarrollar y ejecutar políticas públicas (SCHUSSLER, 2009) –tenga la capacidad de proteger efectivamente a los más pobres entre los pobres: los refugiados; puesto que, a pesar de contar con una de las más avanzadas estructuras jurídicas en materia de refugio, sus recursos económicos son un gran limitante para garantizar una vida digna a los mismos ecuatorianos, y mucho más a los refugiados colombianos (MOSCOSO, 2007).

La falta de recursos que aqueja a las instituciones públicas ecuatorianas constituye un grave problema para los refugiados y los perjudica desde el inicio del proceso de reconocimiento de su estatus. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Refugio para el año 2008, el total de $398.000 que recibió esta dirección se probó insuficiente para abastecer las demandas de un equipo que maneja alrededor de 8.000 solicitudes al año. Esta restricción presupuestaria explica la alta tasa de negación de peticiones, puesto que resulta más fácil para los funcionarios tomar esta decisión rápida que darle al solicitante el beneficio de la duda y permitirle defender con mayor profundidad su caso (SCHUSSLER, 2009).

Por otro lado, los problemas con el presupuesto reducido del Estado han provocado que el tema de políticas públicas relevantes para los refugiados sea olvidado. El procesamiento de las solicitudes de refugio ha pasado a ser la principal prioridad de la Dirección Nacional de Refugio, relegando a un segundo plano la creación de políticas que faciliten la integración local de esta población vulnerable, tales como la generación de empleos adecuados, el acceso a servicios básicos y la capacitación a los miembros de la fuerza pública en el tema de derechos de los refugiados (SCHUSSLER, 2009).

47

Es importante tomar en cuenta que las limitaciones económicas de las que es objeto el Estado Ecuatoriano son subsanadas en gran medida por el ACNUR, organismo que destina alrededor del 80% de su presupuesto para apoyar las labores de la Dirección Nacional de Refugio y del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo concerniente al tema de refugiados (SCHUSSLER, 2009). Esta falta de autonomía financiera ha sido ampliamente cuestionada, puesto que la mayor parte del personal y recursos destinados a los trámites de refugio son financiados por este organismo, lo cual ha llevado a creer que se ha generado una dependencia programática hacia el ACNUR, la cual a su vez hace que el Estado no pueda tomar decisiones contrarias a las de dicho organismo (RIVERA, et al, 2007).

Por otro lado, si bien el tema del refugio ha cambiado en los últimos años en el Ecuador, existen varias situaciones, más allá del factor económico, que han influido negativamente en la situación de los refugiados colombianos y su integración local. En primer lugar, las crecientes tensiones en las relaciones entre Ecuador y Colombia reforzaron la idea de que el tema de refugiados es un problema que le concierne únicamente a este último país y agravaron la actitud defensiva de nuestros nacionales frente a los refugiados, quitando el carácter humanitario de la figura del refugio (RIVERA, et al, 2007).

Esta concepción ha llevado a que los derechos de los refugiados se limiten aún más con medidas tales como el incremento del personal militar en la frontera norte, el requisito del pasado judicial para entrar al Ecuador durante ciertos periodos determinados y la exigencia de un carné ocupacional para que los refugiados puedan ejercer su derecho al trabajo –documento que por su precio de $60 es difícil de obtener para muchos de ellos – (RIVERA, et al, 2007).

Finalmente, se debe reconocer también que, aún cuando el Estado Ecuatoriano, a pesar de sus grandes limitaciones, destina importantes recursos a la causa de los refugiados colombianos, este trabajo se ve muchas veces obstaculizado por las opiniones de los mismos nacionales, quienes al enterarse sobre los programas u organizaciones establecidos para ayudar a esta población vulnerable, manifiestan abiertamente su enojo afirmando que no se debería ayudar a los extranjeros por encima de las grandes cantidades de ecuatorianos

48

indigentes que también necesitan ayuda. Sin embargo, lo que estas personas no consideran es que los refugiados sufren de una vulnerabilidad especial que los hace diferentes tanto de los migrantes económicos como de las otras personas que sufren necesidades y limitaciones y que dificulta aún más su proceso de inserción a nivel local (SCHUSSLER, 2009).

2.3. Los programas para refugiados impulsados por el Alto Comisionado de las