Los profundos y vertiginosos cambios de la estructura social argen- tina (Torrado, 1992), en especial los relacionados con la precarización del empleo, el crecimiento del desempleo y con el empobrecimiento masivo de sectores sociales fueron presentados y también vivenciados como situaciones momentáneas, de duración acotada en el tiempo.
En la explicación neoliberal las situaciones de descompensación pro- vocadas por las reformas debían «compensarse» hasta que –vía derrame del crecimiento– el conjunto de la población resolviera el problema de su subsistencia por medio de las leyes «naturales» del mercado.
Las víctimas del desempleo y el empobrecimiento resignificaban también como temporaria su situación,1 hasta que «la vuelta del tra-
1 En el trabajo de campo realizado entre los años 1997 y 2003 en organizaciones sociales del Conurbano Bonaerense dedicadas principalmente a gestionar prestacio- nes asistenciales comprobamos que tanto para los dirigentes como para los miem- bros o colaboradores de las organizaciones, a pesar de tener varios años de expe- riencia en la gestión de prestaciones asistenciales, las mismas se entendían como prácticas excepcionales. Asimismo la expectativa de resolución del problema de la pobreza se identificaba en que «vuelva el trabajo». Las imágenes asociadas a que «se levanten las cortinas de las fábricas» tenía una presencia altísima en los entrevistados.
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bajo», considerada «la» forma digna de resolver la subsistencia, brin- dara nuevamente la posibilidad de ascenso social característica del imaginario social argentino.
Lejos de ser un problema temporal, las situaciones de crisis eco- nómica y social se mantuvieron y agravaron de manera sostenida, con excepción de los primeros años de la década del noventa.
La idea de emergencia suponía que las operatorias dirigidas a los pobres, especialmente las políticas asistenciales, eran recursos tran- sitorios hasta tanto los efectos del supuesto crecimiento económico se «derramaran» mitigando la situación social.
Desde los fundamentos del Programa Alimentario Nacional (P.A.N) en 1984 hasta el actual programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupa- dos, se plantearon como respuestas de emergencia. Sin embargo, no sólo no mitigaron la situación de pobreza sino que esta, en el plazo de la década del noventa, se multiplicó a la par que crecían los recursos destinados a la «emergencia».
En este marco ganaron protagonismo los programas asistenciales, especialmente los alimentarios y los programas de empleo (Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, etcétera), como una forma pri- vilegiada de atención a los problemas sociales.
Las políticas asistenciales transfirieron funciones desde los nive- les nacionales y provinciales hacia los municipios y otro agentes lo- cales, en forma de programas sociales cofinanciados por la nación y la provincia y los organismos internacionales con los municipios como contraparte del esfuerzo de implementación en un contexto de explo- sión de demandas asistenciales (Andrenacci, 2002).
Luego del máximo de desocupación alcanzado en 1995, surgieron con mayor fuerza los programas de empleo (Trabajar I y II) que supo- nían un ingreso transitorio para desocupados que debían brindar cin- co horas de trabajo. El programa dependía del Ministerio de Trabajo. La metodología de reparto de estos programas varió dependiendo de los acuerdos políticos en la región. En algunos lugares directamente se gestionaron desde las organizaciones, mientras que la mayor canti- dad fueron gestionados por las municipalidades.
Al finalizar la década del noventa, la principal política que se de- sarrollaba desde el Ministerio de Desarrollo Social era un programa alimentario (Programa UNIDOS) y las principales preocupaciones de la agenda de este ministerio eran los mecanismos de control del
MIRADAS SOBRE LA POBREZA
reparto de las prestaciones (padrones de beneficiarios, etcétera) a cargo de los municipios y las provincias.
La proliferación de estos programas no puede leerse únicamente como iniciativas estatales en términos de política social ya que signi- ficaron, a la vez, una forma de reacción del Estado ante el crecimien- to de la conflictividad social.
En el momento de la crisis sosteníamos que la idea de emergencia hacía referencia más claramente a la de una emergencia política más que a una derivación directa del empeoramiento de las condiciones de pobreza (Arias y Sadier, 2004, 2006). El crecimiento en la aten- ción de las situaciones de pobreza se vinculaba más al crecimiento de la conflictividad social que al empeoramiento de los indicadores de pobreza, e implicaba tanto una estrategia estatal de morigeración del conflicto como un avance de las organizaciones en instalar en la agenda de las políticas públicas los problemas que aquejaban a sus miembros y en posicionarse como interlocutores válidos tanto frente al estado como frente a sus miembros y destinatarios.
Son conocidas y ciertas las críticas que tuvo la «asistencialización» de la intervención social estatal (Andrenacci, 2002). Una de ellas fue que esta asistencialización operaba como una estrategia de despolitización ya que planteaba a la acción estatal frente a la pobre- za por fuera de la respuesta en materia de política económica.
Entendemos que parte de la eficacia política de la despolitización que suponen estos tipos de políticas asistenciales, se basaron en que tuvieron a la emergencia como estrategia de funcionamiento.
El formato de «respuesta de emergencia» permitió que no se problematizaran las cuestiones vinculadas a lo asistencial, las que fueron instituyendo una serie de relaciones territoriales importantes e incluso rediseñaron el entramado de organizaciones sociales y pres- taciones estatales de manera notable. Pero, valga la paradoja, si la emergencia es sinónimo de catástrofe también implica que puede leerse como lo emergente: en este sentido lo que emergieron fueron relacio- nes sociales con grados de institucionalización creciente y no simple- mente reacciones acotadas temporalmente.
Las relaciones establecidas mayoritariamente entre las organiza- ciones territoriales y las distintas instancias estatales y/o políticas tu- vieron un componente de instrumentalidad altísima (Arias, Sadier, 2004; Arias, 2004). Con esto queremos señalar que en el vínculo se
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establecía como primordial la obtención de recursos por sobre otras cuestiones de carácter identitario, político o programático.
Esta instrumentalidad expresa de los vínculos de las organizacio- nes con los actores externos al territorio también tuvo en la emergen- cia una función de alivio: quitó la carga del futuro, la emergencia justificó la preocupación sólo por el presente. También permitió el reconocimiento de la pobreza como un problema de causas exógenas a los sujetos.
En el escenario de la crisis, con indicadores de pobreza y desocu- pación de dos dígitos, la responsabilidad de la situación de pobreza se ubicó en el funcionamiento de la economía y las acciones paliativas, consideradas de «urgencia», estas se adecuaron a satisfacer necesida- des elementales al ritmo del crecimiento de la conflictividad social.
Esta situación puso en stand by los abordajes de las ciencias so- ciales sobre la pobreza que habían prevalecido en el momento más álgido del neoliberalismo, por ejemplo, los estudios sobre capital so- cial, enfoques de resiliencia, los de estrategias de sobrevivencia, et- cétera, que centraban la mirada en las prácticas de los sectores pobres o empobrecidos más que en los mecanismos económicos que confi- guraban una matriz distributiva regresiva. Esto posibilitó que los es- tudios centrados en resaltar los aspectos novedosos o alternativos de las prácticas de los sectores populares cobrasen relevancia.
Paralelamente al reconocimiento que tenían los procesos de descolectivización (Svampa y Pereira, 2002) –en donde la pérdida de los soportes colectivos vinculados al trabajo que configuran la identidad del sujeto generan un proceso de individualización de lo social– se recono- cía la centralidad de los territorios no sólo como espacios referenciales sino también como lugar de organización para reivindicaciones sociales. Las organizaciones de desocupados fueron consideradas innovadoras de los modelos territoriales de organización tradiciona- les. Los cortes de ruta, expresión de protesta territorial por excelen- cia, se planteaban al finalizar la década como la forma de expresión más clara de la conflictividad social.
Así comenzaron a realizarse estudios interesantes sobre las nue- vas formas de sociabilidad realizadas a nivel territorial. Hubo un fuerte énfasis en la mirada sobre los sujetos sociales a los que se apuró a definir. Estos estudios reconocieron las prácticas de diversos actores alrededor de su revinculación o desvinculación del trabajo/empleo,
MIRADAS SOBRE LA POBREZA
especialmente fueron valorizadas las organizaciones de desocupados y las fábricas recuperadas.
La cercanía planteada entre las formas de expresión de la protes- ta de sectores medios, como las asambleas barriales, y las organiza- ciones «piqueteras» combino en un momento en el que los medios de comunicación masiva presentaban a las organizaciones, que lle- vaban adelante programas asistenciales, como expresiones de orga- nización solidaria.
Paradójicamente, en la crisis se planteó optimismo en relación a la potencia de estos sujetos para plantear alternativas sociales o socioeconómicas.