Los costos sociales del Ecuador Petrolero

De acuerdo a los preceptos de Locke y Rousseau la función de los gobiernos era la de crear sujetos morales: ciudadanos. Este principio se aplicaba también a la tierra. Si no contribuía de ninguna manera al bien común del Estado eran consideras como tierras baldías. Bajo cánones europeos las actividades que realizaban los indígenas eran improductivas y por lo tanto la tierra que ocupaban no era fructífera.Cuando Texaco – Gulf descubrió los ricos

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campos hidrocarburíferos la imagen de la Amazonía dejó der ser la de “una tierra baldía” y se convirtió para el Estado en la herramienta que permitiría el desarrollo del país(VALLEJO, 2003).

El boom petrolero trajo consigo un nuevo ordenamiento territorial. Se dividió en bloques numerados a un tercio del territorio nacional para la exploración y explotación de petróleo. Estos bloques que habían sido otorgados por medio de concesión se superponían con territorios indígenas.Desde una perspectiva conservacionista se puede categorizar a las comunidades indígenas desde dos enfoques: pueden ser considerados como una amenaza o como los guardianes de la naturaleza(VALLEJO, 2003). No obstante, sin importar como se los identifique son sujetos de derecho y la intervención de las empresas petroleras fue el punto de partida para un conflicto social que tenía como eje la afectación de los derechos humanos.

Durante el régimen militar en los años 70 y las dos primeras décadas de democracia (1979-1998) el Estado, sus agencias y las empresas multinacionales desconocieron los derechos de las poblaciones indígenas con respecto a su permanencia física, supervivencia cultural, a la participación ciudadana y al conjunto de derechos territoriales(LÓPEZ, 2004).Dentro de la legislación ecuatoriana, los contratos petroleros de prestación de servicios y participación fueron elaborados sin tomar en cuenta las relaciones comunitarias con los pueblos indígenas y campesinos. El reconocimiento de los derechos ancestrales y colectivos se dio apenas con la expedición de la Constitución Política del Ecuador de 1998(BARRERA DE JORGENSON, 2003).

Las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo sufrieron un profundo cambio como consecuencia del accionar del sector hidrocarburífero. Los Secoyas, Sionas, Cofanes y Kichwas, grupos étnicos que siempre habitaron esta zona, vieron como sus territorios fueron reducidos y violentados. La industria del petróleo se apropió de su espacio para fundar asentamientos permanentes en los que se observaban torres de perforación, tuberías de grueso calibre, piscinas donde se quemaban residuos de la explotación, carreteras, puentes e inmensos tanques de almacenamiento. Por otro lado el

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conjunto de maquinaria y equipos utilizados emitían altos niveles de ruido que traumatizaban la vida silvestre de las áreas contiguas. Los suelos de esta área se convirtieron en campos de evacuación de materiales de desecho, aguas residuales y sustancias perjudiciales para la vida humana(Zárate Díaz C. , 2003).

Los habitantes ancestrales de la región Amazónica ecuatoriana sufrieron un cambio abrupto e irreversible en su estilo de vida, los jóvenes se transformaron en marginales asalariados de las petroleras. En el caso del grupo étnico Huaorani, un pueblo de cazadores-recolectores organizados en grupos dispersos y semiautárquicos, estos se mostraron más reacios al contacto con la cultura occidental. Dos pueblos se mantuvieron y permanecen ocultos en el Parque Nacional Yasuní: los Taromenane y los Tagaeri. El en caso de los Tetete, fueron víctimas de la incursión de la industria petrolera en su territorio, no soportaron la presión el cambio cultural y desaparecieron tanto físicamente como grupo étnico(MELO, 2006).

Las provincias de Morona Santiago y Pastaza están ubicadas en el centro de la Amazonía ecuatoriana, área que era ocupada por los pueblos indígenas Kichwas, Shuar y Achuar, lograron organizarse políticamente a partir de la década de los sesenta gracias a que la actividad petrolera no fue intensa en sus territorios. Se conformó la Federación Interprovincial de Centros ShuarAchuar y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Estas dos organizaciones dieron el inicio en la década de los ochenta a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, ésta a su vez dio paso a la fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), asociación que hasta el momento tiene protagonismo en la esfera política ecuatoriana(MELO, 2006).

Las estrategias utilizadas por parte de las compañías petroleras fueron el debilitamiento y la división de las organizaciones indígenas ante la oposición de la ampliación de las operaciones en zonas no intervenidas. Como solución a la resistencia se plantea como alternativa la negociación/mediación. Las empresas petroleras a través de la persuasión y cooptación atraen a las

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poblaciones locales con propagandas de los beneficios que recibirán si permiten la continuación de sus actividades. Éstas ofrecen atención a necesidades básicas, generación de empleo, proyectos de desarrollo comunitario, compensación por los daños ambientales, etc. Este tipo de ofrecimientos fueron una señal de progreso para comunidades que tradicionalmente han sido marginados por parte del Estado(LÓPEZ, 2004).

A cambio de los beneficios que recibirían las comunidades locales por el negocio extractivista, éstos deben renunciar a sus derechos fundamentales y dar consentimiento para la exploración y explotación de crudo en sus territorios. Compran la conciencia de los dirigentes locales para conseguir la autorización fragmentando la unidad de las organizaciones indígenas. En muchos casos los ofrecimientos no se concretaron, una vez que se habían firmado los contratos y la maquinaria estaba operando en los nuevos territorios adjudicados, las empresas petroleras hacen caso omiso de los acuerdos establecidos. Esto propició a que haya una disputa permanente entre la población, las petroleras, el Estado y la fuerza pública(LÓPEZ, 2004).

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo constituye un Instrumento de Derecho Internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El Ecuador ratificó este convenio en mayo de 1999. Una de las obligaciones que adquirió el gobierno es la consulta previa a la población en lo que respecta a las actividades de desarrollo. La consulta tiene como propósito recabar la opinión de los pueblos indígenas para que los gobiernos tengan presente su apreciación antes de tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos(MELO, 2006).

La industria petrolera modificó ambientalmente los territorios de los pueblos indígenas e indirectamente presionó su cultura a tal punto que trasformó su estilo de vida de manera irreversible. Los conflictos por la tierra, la deforestación, la pobreza, la violencia y el genocidio se convirtieron en la realidad socio ecológica de la Amazonía.

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