Los proyectos

Conforme a lo anterior, los proyectos se constituyen en la manera en que, las comunidades beneficiadas, pueden participar y solicitar financiación para resolver necesidades particulares con los recursos del SGR. Según el DNP (2016), estos se constituyen en “la unidad básica de planificación que busca resolver problemas o necesidades sentidas en la comunidad por medio de resultados concretos que permitan ampliar o mejorar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado” (p. 18). Estos proyectos, según el DNP (2017) deben tener las siguientes características: 1. Pertinencia, referenciando que cada proyecto debe ser particular y atender de manera directa, la necesidad identificada por la comunidad; 2. Sostenibilidad, referenciando que los recursos del SGR no pueden ser permanentes para el sostenimiento y desarrollo del proyecto, por lo que este, debe alcanzar los resultados esperados en un tiempo definido. Los gastos permanentes que el proyecto genere a futuro pueden ser cubiertos con recursos propios de las entidades territoriales; 3. Viabilidad, referenciando que los proyectos deben cumplir requisitos de tipo jurídico, financiero, ambiental, técnico y social, según el Acuerdo 12 del 2012; 4. Impacto, referenciando que los resultados de los proyectos deben ser cuantificables y estar en armonía con los objetivos locales, sectoriales y regionales; 5. Articulación, referenciando que los proyectos deben responder a los planes de etnodesarrollo así como a los planes de vida de las comunidades que se beneficien de los mismos.

Ahora bien, en el marco del SGR, los proyectos cuentan con un ciclo de vida general que inicia con la pre inversión, que hace referencia al proceso de formulación, diseño, estructuración y registro de estos ante el BPIN. Luego viene la inversión o ejecución del que se busca el diseño definitivo del proyecto. Paralelo a esto, hay un seguimiento y monitoreo a la ejecución del mismo (a nivel financiero y técnico). De manera posterior, viene la etapa de la operación, que hace referencia al “cierre, mantenimiento y operación en sus aspectos físico, financiero y administrativo” (DNP, 2017, p. 21). Finalmente, la etapa de evaluación expost en el que se evalúa el impacto del mismo.

2.2. Asignación de Regalías para las comunidades indígenas

Dentro de los objetivos y fines generales de la política pública del SGR, entre otros, se propuso para estas comunidades diferenciadas, propiciar su inclusión, equidad, participación y desarrollo integral, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes de vida respectivos (Ley 1530, 2012)23. En materia de recursos y a diferencia del régimen anterior, las comunidades indígenas participan individualmente y comparten a su vez, un espacio de enfoque diferencial con el resto de comunidades étnicas24 en dos subsistemas de inversión: en recursos del FCR y las asignaciones directas. Este proceso es la herramienta principal mediante la cual, las comunidades étnicas pueden participar en la apropiación de recursos del SGR para generar un desarrollo que se encuentre acorde con sus planes de vida o etnodesarrollo (Acuerdo N. 45, 2017)25.

La participación es compartida en las Asignaciones o Regalías Directas (Ley 1530, 2012)26 tanto en Municipios y Departamentos con ingresos superiores a 2.000 smlmv27 _{recibidos el año} anterior y con asentamiento en sus territorios de comunidades indígenas y comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente acreditadas por la autoridad competente; deberán destinar para proyectos de inversión con enfoque diferencial en esa población, Municipios al menos el 3% y Departamentos al menos el 1% en aquellos municipios no beneficiarios de asignaciones directas o con ingresos menores a los que se refiere este inciso.

La participación no compartida en el Fondo de Compensación Regional (FCR) (Ley 1530, 2012)28, según la Ley 1530 del 2012, quedó definida en de la siguiente manera:

[…] Del total de los recursos para financiar proyectos de impacto local <en los municipios más pobres del país y que corresponden al 30% de total de los recursos del FCR> se destinará hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas,

23 _{Artículo 2.}

24 _{El enfoque diferencial focaliza las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, e}

Indígenas registradas en el Ministerio del Interior.

25 _{Anexo A.} 26 _{Artículo 40.}

27 _{Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.} 28 _{Artículo 34.}

Raizales y Palenqueras, y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades indígenas (Ley 1530 del 2012).

Conforme al proceso de recolección de información realizado por esta investigación, a continuación, se presentan los principales elementos que caracterizan la participación de las comunidades indígenas en el SGR: el camino de la participación inicia con la identificación de los recaudos de recursos de regalías y el establecimiento del presupuesto de inversión para estas comunidades por parte del secretario técnico del OCAD; actor que dentro de sus funciones deberá en la primera sesión del año del OCAD Municipal o Departamental, informar al cuerpo colegiado, las comunidades étnicas asentadas en la entidad territorial, establecer el valor a invertir en el año y/o bienio cuando se trate de recursos de las asignaciones directas o de recursos del Fondo de Compensación Regional (40%), respectivamente (Acuerdo N. 45, 2017)29. Por tanto, en esta etapa la normativa no tiene prevista la participación de las comunidades, apenas es un ejercicio de planificación y focalización inicial que realizan las autoridades locales y miembros de los OCAD al inicio del bienio presupuestal de regalías; hasta acá no se ha aprobado proyecto alguno.

Sesionado el OCAD y suscrita el acta de la reunión, el secretario técnico del OCAD dentro de los tres (3) días hábiles siguientes deberá comunicar esta información a los representantes legales de esas comunidades indígenas asentadas en el territorio. Posteriormente en las sesiones del OCAD la secretaría técnica comunicará a los miembros los saldos a invertir en proyectos con enfoque diferencial, su estado en las diferentes tapas del ciclo de proyectos y el resultado de la verificación de requisitos de los mismos.

Ahora bien, a partir de esa notificación es cuando realmente inicia la etapa de participación de las comunidades y se activan las primeras interacciones con el Secretario Técnico del OCAD para agotar la etapa de formulación y presentación de los proyectos; proceso que producto de la investigación de campo, identificamos puede iniciar por iniciativa de dos actores. El primero de

ellos, es las comunidades indígenas, cuando solicitan a la Dirección del Sistema General de Regalías del DNP o a la Entidad Territorial o a la Secretaría Técnica del OCAD apoyo y acompañamiento en la estructuración de los proyectos y el segundo cuando por iniciativa de la Secretaria Técnica del OCAD contactan estas comunidades para agotar los ejercicios de priorización de las inversiones y formulación de los proyectos.

Como resultado de ello, estas dos interacciones de diferentes actores convergen en un único momento y espacio establecido en la norma, correspondiente a las mesas de trabajo o “mesas técnicas” definidas así por las reglas informales de los actores que participan en ellas. Estos espacios fueron reconocidos por los entrevistados e identificados en la información suministrada, cuyo propósito normativo no era más que para “discutir y preparar los diferentes temas que se presenten a consideración y decisión de los miembros del órgano colegiado (Acuerdo N. 45, 2017)30_{” y terminaron traspasándolo, convirtiéndose de manera informal en los espacios} principales y porque no decirlo únicos, de gran incidencia dentro de la política; donde liderados por el Secretario Técnico del OCAD, delegados de los niveles de gobierno y representantes de las comunidades indígenas, socializan las iniciativas, revisan la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, articulación e impacto de los proyectos, antes de su aprobación por parte del OCAD.

Finalmente, estas “mesas técnicas” son realizadas varias veces en virtud de un cronograma liderado por el Secretario Técnico del OCAD, hasta concluir con la firma o establecimiento de un “acuerdo” de voluntades entre las entidades territoriales y la comunidad presente, procedimiento recomendado por el DNP a los territorios según respuestas entregadas, en razón a que materializa la cooperación mutua de las partes en el proceso de viabilización del proyecto; pero que no hace parte de la normativa de la política y se convierten en la materialización del “acuerdo” final de una arena de acción desarrollada de manera informal por los actores.

Surtida la etapa de estructuración de los proyectos, las iniciativas agotarán para su posterior viabilización, la revisión previa del cumplimiento de requisitos ante la Secretaria Técnica del OCAD, rol que en muchos Municipios y Departamentos es ejercida por la Secretaría de Planeación, quien tratándose de proyectos de enfoque diferencial debe expedir certificado “el cual conste que el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales (Acuerdo N. 45, 2017)31”. Adicionalmente la norma establece que “Cuando el proyecto se localice en resguardos indígenas o territorios colectivos, o sea presentado por el representante de las comunidades Indígenas, (…), debe presentarse certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica debidamente registrada ante el Ministerio del Interior en el que conste que el proyecto presentado está acorde con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida (Acuerdo N. 45, 2017)32”.

En el caso de investigación, estas etapas de formulación y estructuración de los proyectos, presentan dificultades en las comunidades indígenas de Uribia y Jambaló, por cuanto coincidieron en que no cuentan con el personal técnico y las capacidades suficientes para hacer este ejercicio, en este sentido terminan por depender de las administraciones locales. En el caso de Jambaló se observaron procesos consolidados de concertación y de articulación con la alcaldía, entidad que amparada en la normatividad no cuenta con OCAD propio y decidió adherirse al OCAD departamental para la gestión de los proyectos, ante esto el departamento del Cauca ha tenido que apalancar la mayor parte del trabajo técnico de apoyo a esta comunidades para la formulación de las iniciativas; contrario a lo que sucede en Uribia, donde la comunidad presenta un desconocimiento generalizado en el funcionamiento del sistema de regalías y quienes ratificaron que los procesos de concertación son escasos y terminan decidiéndose en el seno de las voluntades políticas al interior de la administración municipal y en las reuniones del OCAD.

En esa misa vía, la siguiente etapa de presentación de los proyectos, está determinada por el requisito normativo de que todas las iniciativas con enfoque diferencial deben ser presentadas

31 _{Artículo 4.1.2.1.1. Requisitos generales. Numeral 4.} 32 _{Artículo 4.1.2.1.1. Requisitos generales. Numeral 5.}

ante el OCAD para su priorización, viabilización y aprobación, a través de los representantes de las comunidades indígenas (Ley 1530, 2012)33. El cumplimiento de este requisito no pudo ser verificado en las visitas de campo a los Municipio de Uribia y Jambaló, pero fue confirmado a partir de la información suministrada por el DNP, quien señalo “(…) al revisar el SUIFP SGR no se identificaron proyectos que hayan sido presentados por las comunidades de su interés, a través de este mecanismo”; resultados que reflejan el nivel de participación e interacción que tienen las comunidades, a través del aplicativo que opera la ventanilla única SUIFP SGR para la presentación de los proyectos.

Ahora bien, en materia de proyectos aprobados, a partir de la información suministrada por el DNP, en el periodo de análisis de la investigación 2012-2018 (a febrero), fueron aprobados con estos recursos 12.336 proyectos por valor de $29.3 billones, de los cuales 350 por valor de $604 mil millones, tienen enfoque diferencial hacia comunidades indígenas, lo que representa una participación en proyectos del 2,8% y en materia de recursos del 2.08%. Para los Municipios de Uribia y Jambaló, fueron aprobados 78 y 7 proyectos respectivamente, de los cuales mantuvieron enfoque diferencial 43 y 6 en cada uno de esos territorios.

Conforme a lo anterior, encontramos la última etapa del proceso de participación, la cuales está relacionada con las convocatorias a las sesiones de los OCAD, donde las comunidades indígenas conforme a la normativa no son miembros activos de los OCAD y su participación se limita al rol de invitados permanentes, cuyas deliberaciones no son vinculantes para el ejercicio mismo de la aprobación de los proyectos; en ese sentido no tienen poder de decisión sobre sus inversiones. En el caso de las sesiones de los OCAD desarrolladas en los Municipios de Uribia y Jambaló, no fue posible la entrega por parte de esas entidades de la totalidad de las actas de reunión de las sesiones donde se aprobaron los 49 proyectos con enfoque diferencial; aun así, las actas que fueron analizadas, reflejaron una escasa participación e interacción de las comunidades

indígenas, en muchas de ellas no quedaron consignadas las posturas u objeciones sobre los proyectos.

Esta situación puede ser el reflejo del protagonismo que ha tenido los ejercicios previos a la sesión del OCAD, relacionados con lo que finalmente se discute, se trata y se logra en las mesas de trabajo o “mesas técnicas” preparatorias; en el sentido que seguramente las secretarias técnicas de los OCAD terminan por priorizar que no es necesaria la invitación de las comunidades indígenas a la sesiones de los OCAD cuando previamente ya hicieron un ejercicio con ellos y llegaron a un “acuerdo”. En los casos que participaron en las sesiones del OCAD, estas fueron convocadas por las Secretarías Técnicas de los OCAD.