de las
violaciones no
tienen motivos
para temer
que se les
lleve ante la
justicia para
que rindan
cuentas de sus
actos.
en valores humanos fundamentales, pero carece de la suficiente voluntad política y está fallando a los niños en lo más esencial. El planteamiento de la investigación y el procesamiento de las violaciones deben re- forzarse con carácter de urgencia. Entre las medidas propuestas figuran las siguientes:
• reforzar los procesos judiciales na- cionales;
• apoyar en mayor medida los meca- nismos de investigación internacio- nales y dotarlos con recursos; • integrar conocimientos especiali-
zados en la investigación y proce- samiento de los delitos contra la niñez como un grupo específico que requiere una protección especial; • ejecutar de forma más dinámica
las sanciones selectivas contra los responsables de los delitos;
• apoyar en mayor medida los me- canismos judiciales internacionales, ya sea la Corte Penal Internacional, los juzgados ad hoc o imponer una mayor frecuencia en la aplica- ción del principio de Jurisdicción Universal.
En tercer lugar, en la práctica, no se es-
tán tomando las medidas suficientes para proteger a los niños y las niñas y favorecer su recuperación. Los parti-
cipantes en los conflictos no están haciendo lo suficiente para proteger a la niñez o para permitir que otros les brinden asistencia. Los esfuerzos de la comunidad mundial para garantizar el papel central de la protección en la prestación de asistencia humanitaria se ven a menudo cuestionados debido a que apenas se exigen responsabilidades sobre problemas cruciales de protección, particu- larmente en las crisis prolongadas. Es más, las intervenciones vitales que podrían pro- teger a la niñez en los conflictos armados carecen de fondos y no son prioritarias. En 2017, UNICEF informó de que 2,8 millones de niños y niñas habían recibido algún tipo de ayuda humanitaria para contribuir a la protección de la niñez,91 pero represen-
taba una ínfima parte de las necesidades.
UNICEF calcula que unos 48 millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria en 51 países de todo el mundo.92 Entre 2010
y 2018, la brecha entre los criterios que se establecen en los planes de respuesta humanitaria para todas las labores de pro- tección humanitaria, no solo para la niñez, y los fondos que realmente se reciben se amplió considerablemente, pasando de un decepcionante 42 % en 2010 a tan solo un 37 % en 2018.93 El porcentaje medio de la
ayuda humanitaria total que se asignó a la protección de amplio alcance durante el pe- ríodo entre 2010 y 2018 fue de solo el 2,5 % y el porcentaje medio que se destinó espe- cíficamente a la protección de la niñez du- rante ese mismo período fue únicamente del 0,5 %.94 Además, una ínfima parte de esta
inversión se ha asignado a lo largo de varios años, a pesar de que, para que las labores de protección más habituales tengan éxito, suelen exigir inversiones a largo plazo.95
La educación de los niños y las niñas afecta- dos por los conflictos también sufre la falta de recursos y los planteamientos a corto plazo, como sufren otras medidas prácticas de protección, como la formación sobre el riesgo que suponen las minas y la garantía de una capacidad adecuada para proteger a los civiles en las misiones de mantenimien- to de la paz. También es necesario ampliar las medidas que apoyan la recuperación de los niños y las niñas que han resultado heri- dos a causa de los conflictos. En la mayoría de las ocasiones, la asistencia para la salud mental y psicosocial es insuficiente. Por lo general, las iniciativas de reconstrucción no se centran lo suficiente en la inversión en la niñez a través de la educación, de los siste- mas de salud, del apoyo a la salud mental y a la rehabilitación física ni en el desarrollo profesional de las personas que trabajan en estos servicios.
Los casos prácticos que se exponen a con- tinuación reflejan estas tres dimensiones. Cada caso ofrece un ejemplo de los in- cumplimientos que se comentan en las tres dimensiones: las normas de conducta, la exigencia de responsabilidades y las medi- das prácticas, y cada uno se centra en una dimensión en concreto.
1. Incumplimiento de las normas en situaciones de conflicto: la guerra en Yemen
Los niños y las niñas de Yemen se ven atra- pados actualmente en la mayor crisis hu- manitaria del mundo. Yemen se encuentra devastado por un conflicto que se intensi- ficó hace casi cuatro años cuando Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y sus aliados, con el apoyo diplomático y militar de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países occidentales, lanzaron una ofensiva militar contra los Houthis, un gru- po armado no estatal que conquistó zonas clave del país en oposición al Gobierno ye- mení liderado por el presidente Abdrabbuh Mansour Hadi. Casi el 80 % de la población, 24 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria,96 de las cuales al menos 11,3
millones son niños y niñas.97 De los 18 millo-
nes de personas en todo el país que padecen inseguridad alimentaria, 8,4 millones sufren hambre extrema.98 El sistema de salud está
doblegado, con más de la mitad de las ins- talaciones médicas devastadas o cerradas,99
lo que crea nuevas barreras para el pueblo
yemení que lucha contra la crisis económi- ca nacional, la desnutrición generalizada y la grave amenaza que suponen el cólera y otras enfermedades que ponen en peligro sus vidas.
Naciones Unidas ha documentado pruebas sólidas que indican que todas
las partes han cometido vio- laciones del derecho interna- cional, entre ellas violaciones graves contra los niños y las niñas y violaciones y abusos que podrían constituir críme- nes de guerra.100 Por ejemplo,
todas las partes han sido responsables de restringir el acceso a la ayuda humanita-
ria, lo que ha exacerbado el sufrimiento de la niñez yemení.
En noviembre de 2017, la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (SELC, por sus siglas en inglés) impuso un bloqueo total de un mes de duración, du- rante el que se cortó el acceso a los puertos marítimos más importantes y al aeropuerto de Sana’a. Aunque los puertos se abrieron