No hay mal, que por bien no venga

Partiendo de las nociones expuestas en el apartado anterior, las dificultades y experiencias atravesadas, estos generan de forma imprescindible la participación e intervención del servicio público por parte de los usuarios y ciudadanos afectados. Es por este motivo que se manifiesta -fundamentalmente a partir de la privatización de DIPOS (1994/95) y los efectos ocasionados desde dicho desenlace-, un proceso de organización y cooperación de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, políticos y académicos, en la demanda y lucha por los derechos sobre el bien agua y la salud19.

Desde los años ’70 con la dictadura militar, se crea un desprecio a todo tipo de participación, movilización u opinión de los ciudadanos y la población en general en asuntos de índole pública, que los vuelve un sector completamente impotente frente a diferentes reclamos. A pesar de esta tendencia prolongada por varios años, en momentos previos a la privatización de DIPOS, se registraron las primeras movilizaciones y protestas

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Entendemos el concepto de “Salud” según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, celebrada en 1946: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Disponible: (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2006)

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contra el proceso de privatización en los años ’90. Empero, no se tuvieron en cuenta ni la visión de los usuarios ni las peticiones de las autoridades municipales de las 15 ciudades afectadas, así como tampoco se evaluó la posibilidad de reestructurar y modernizar la compañía provincial. Sin duda, fueron movilizaciones pioneras, todavía incipientes y tímidas, donde la mayor parte de la población tenía formada una opinión devaluada de las empresas públicas, asociadas a una insuficiente calidad en la prestación del servicio, que afectó el apoyo y colaboración de la gran mayoría.

Llegado el nuevo milenio y con las numerosas irregularidades generadas por la concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe SA (APSF SA), comienza un nuevo periodo atravesado por la mayor crisis de representatividad sufrida en nuestro país (2001), que le otorga un importante impulso al trabajo que venían realizando diferentes organizaciones, vecinos, militantes y asociaciones a lo largo de la provincia, buscando construir una nueva forma de participación, de reclamo, de lucha y constancia. Como expone la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua20:

“Los años 2000 y 2001 fueron caracterizados por la organización de diferentes espacios en las distintas ciudades que aunaban los esfuerzos de los múltiples afectados por el accionar de la empresa con reuniones en clubes, audiencias públicas en los concejos municipales, manifestaciones y múltiples apariciones en los medios masivos, destacándose la lucha de los barrios de Villa Gobernador Gálvez y Reconquista en los que se les había cortado el agua a todo el barrio y en que la empresa fue obligada a reconectar el servicio mediante la presión pública, en esta época también muchos barrios empezaron a organizarse para parar a las cuadrillas de corte del servicio o quitar los cepos”. (Muñoz, Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, 2006, pág. 2)

En virtud de lo mencionado, queda claro que la gobernanza hídrica fallaba desde sus bases. Esto estimula y da origen a un despertar de la población de empoderamiento sobre sus propios derechos, haciendo del reclamo una herramienta para el fomento del desarrollo de nuevas formas de gestión del agua.

20 _{Asamblea creada por diferentes organizaciones civiles de defensa del consumidor y derechos sociales,}

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Posterior a la creación de la Asamblea Provincial del Agua, en el año 2002 se lleva adelante el “Plebiscito por el agua” a lo largo de siete días en toda provincia. El mismo da como resultado la votación voluntaria de más de 250 mil personas, donde sólo 430 votantes apoyaron la permanencia de la concesión privada. “El resultado: 7.000 militantes

movilizados por el derecho al agua, 976 urnas y 256.236 votos en las 15 ciudades concesionadas” (Muñoz & Vaccaro, 2006, pág. 5). Más allá de que el referéndum no tiene fuerza legal, logra un gran consenso y presión política, con el objetivo de la rescisión del contrato con la empresa y la implementación de un modelo público con control y participación ciudadana.

Con todo este trasfondo llega el año 2006, luego de más de una década del modelo de gestión privada y a 3 años del plebiscito provincial, comienzan a salir en escena propuestas y alternativas para reemplazar a la ya perecedera empresa del grupo Suez. El 13 de enero de ese año, se reúnen accionistas de la APSF S.A y resuelven su disolución, dejando el camino allanado para la conformación de la actual Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). Se busca a partir de esa fecha, una gobernanza hídrica con participación y compromiso social, en busca de un servicio que considere al agua como un bien común, como un alimento y no como una mercancía.

“La cuestión social en los servicios públicos en términos amplios, y los servicios sanitarios en particular, no se resuelven con posiciones dogmáticas estatistas o privatistas a ultranzas. Es por medio de la participación vinculante y relevante de los usuarios, que se irá mejorando la prestación en todo sentido a favor del ciudadano” (Faccendini A. I., 2007, pág. 81).

Todo el proceso significó una transformación y evolución de la valoración del agua y el saneamiento por parte de los habitantes de la provincia, que sienta las bases para establecer un análisis transversal y multidisciplinario, a través de un nuevo paradigma, en referencia al agua como un bien y derecho humano esencial.