MONTE ADENTRO HISTORIAS DE GUERRA Y CORAJE.

Un primer momento se abriría con los contactos iníciales establecidos con los europeos a principios del siglo XVI, extendiéndose hasta el último cuarto del siglo XIX. Durante este período los indígenas del Gran Chaco lograron mantener la frontera con los blancos, con quienes establecieron contactos intermitentes y restringidos a aspectos militares, acuerdos políticos y/o incursiones misionales. Es en este período que se generalizó entre los indígenas de la zona el uso del caballo, algo de suma importancia para el mantenimiento de las fronteras así como para acceder a elementos sumamente valorados que habían sido adoptados junto a dicho animal. Ante el despojo los indígenas utilizaron una táctica de resistencia para mantener a resguardo sus territorios que se conoció como “malón”, vocablo de origen araucano (Fuscaldo 1985).

A mediados del siglo XVIII los guaycurúes debieron organizar un movimiento de retirada hacia el chaco central, pues las expediciones militares organizadas por las distintas gobernaciones comenzaron a infligir derrotas parciales sobre sus fuerzas, empujándolos hacia el interior del territorio chaqueño y deteniendo su avance hacia el sur. Campañas militares que constituyeron la primera expropiación de que fueron objeto las tribus guaycurúes (Fuscaldo op.cit.). Como señala Enrique de Gandía (1929:178):

“…el Chaco… fue constantemente el imán de los conquistadores y de los colonos. Baste anotar que desde 1617 hasta la Independencia (1816), salieron del Paraguay 77 expediciones al Chaco. Sin embargo, tantos esfuerzos casi no dejaron huella, y no faltó quien, ignorando los secretos de los archivos, creyese al Chaco eternamente envuelto en las sombras de su salvaje y tenebrosa virginidad.” (Citado en Memorias del Gran Chaco, 1992-4:15).

La economía colonial basada en la extracción y en la acumulación no necesitaba de una expansión colonizadora (Bartolomé 2004:2). La estructura colonial del Río de La Plata organizada como puerto de intercambio con los dominios del Alto Perú, controló durante los tres siglos que conforman este primer momento, un territorio en forma de arco que se extendió desde Buenos Aires hacia las actuales fronteras con Chile y Bolivia, dejando como

“tierra de indios” las extensas regiones conocidas actualmente como Patagonia y Gran Chaco.

Los primeros misioneros que llegaron al Chaco fueron los jesuitas, quienes ejercieron su obra evangelizadora desde 1585 hasta 1767, aunque, su actuación no habría ejercido una influencia directa sobre el pueblo qom que “se mostró hostil y rebelde, rechazando toda forma de sometimiento y control”28 (Miller 1979:80).

De este modo, al iniciarse el movimiento emancipador en 1810, la corona española dejaba pendiente el “problema del Gran Chaco”. En palabras del referente Tranquilino Miranda:

“Un día apareció desde arriba una polvareda de tierra: había sido la tropa de los ejércitos. Pero ya tenemos un lugar donde todas las mujeres, niños y ancianos se refugiaron: en los grandes montes. Sólo quedaron los grandes guerreros. Por suerte los ejércitos no avanzaron más allá, también por falta de balas. Entonces tuvieron que retroceder. A la vez había muerto el capitán que dirigía la tropa de esos ejércitos.” (Memorias del Gran Chaco, 1993 5-a: 53).

Entre los revolucionarios de Mayo, había quienes consideraban como necesidad mejorar la condición de los “indios”. En palabras de Feliciano Chiclana emitidas en LA GACETA del 5/10/1811: “[Los criollos y los indios] somos vástagos de un mismo tronco… Amigos, compatriotas y hermanos, unámonos para construir una sola familia” (II, p. 793-794. Registro Nacional, citado en Memorias del Gran Chaco, 1992-4:16). Esta posición se mantuvo en la Asamblea General Constituyente el 12 de marzo de 1813, cuando se declaró como voluntad de la misma que: “se tenga a todos los mencionados indios de todas la Provincias Unidas por hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan” (citado en Memorias del Gran Chaco, 1992-4:17). Algo que también resaltó la Constitución de 1819 en su capítulo II, sección V, cuando en la Declaración de Derechos, versaba: “Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas

28 _{A los misioneros jesuitas les siguieron los franciscanos, quienes desarrollaron su obra hasta 1936 (Miller} op.cit.).

leyes…” e imponía al Legislativo el deber de “promover eficazmente el bien de los naturales por leyes que mejoraren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado”.

Sin embargo, a medida que la soberanía estatal se expandía sobre los territorios indígenas, esta visión fue tanto revisada como debatida. Con la ruptura del régimen colonial y el avance del proceso organizacional de la naciente Argentina, el propósito de formar una nación homogénea y un Estado unificado se hizo explícito en la emergencia de su orden jurídico. Se desplegó entonces un corpus legislativo orientado a realizar demarcaciones territoriales y administrativas que se superpusieron a los pueblos indígenas que habían logrado mantener cierta independencia frente a las políticas y el derecho coloniales, así como a establecer condiciones de ciudadanía que excluían en sí mismas a estas poblaciones. La Constitución de 1853 los colocó claramente fuera del territorio nacional, al declarar en su capítulo IV, artículo 67, inciso 15, que: “Son atribuciones del Congreso: … Proveer la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Así, tras un breve período comprendido entre la Revolución de Mayo (1810) y el Movimiento Independentista (1816-1821) de Argentina Chile y Perú, donde se puedo observar -al menos en lo discursivo- una suerte de “fiebre indigenista”, durante el siglo XIX los pueblos indígenas fueron considerados “extranjeros” y sus territorios valorados en tanto “fronteras exteriores” de la República (Martínez Sarasola 1992, Ibáñez Caselli 2007)29.

En el año 1862, al asumir Bartolomé Mitre como presidente de la República Argentina, la división política de la misma comprendía las históricas 14 provincias quedando los “territorios indígenas” del norte y del sur fuera de sus límites. Sin embargo se inició entonces, un período de unificación política y consolidación institucional que se vería reflejado -entre otras cosas- en un creciente poder para concretar el dominio sobre estos

29 _{De allí que su atención y tratamiento estuviera bajo la jurisdicción del Ministerio de Guerra (Slavsky 1992)}

y que las leyes referidas al tema indígena sancionadas en el período 1853/1884, “se dirigieran a regular las acciones a emprender en la frontera (defensa, avance, ocupación) haciendo visible la intención de construir un modelo de país que se proyecta a partir del avance territorial como condición necesaria para lograr la expansión económica” (DIP, 1991: 12-3, citado por Carrasco y Briones 1996:13)

territorios (De Jong 2007). Sin embargo, ante las exigencias internacionales - específicamente la Guerra del Paraguay-, dicho dominio se dio a través de tratados de paz desplegados en las fronteras, antes que por un ataque militar directo; y la Constitución Nacional abordó la afirmación soberana sobre estos territorios no provinciales, estableciendo en el inciso 14 del artículo 67, entre otras atribuciones del Congreso Nacional la de: "… determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias" (sic.). En virtud de esa cláusula constitucional, el Congreso de la Nación sancionó, el 13 de octubre de 1862, la Ley 28 de nacionalización de los territorios fuera de los límites o posesiones de las provincias, que fuera promulgada el día 17.

Miller (1989) hace notar la “extensa interacción confrontacional” de los pueblos indígenas con diferentes agentes e instituciones del incipiente Estado-nación; señalando la profunda desilusión de los qom, generada por los fracasos de los acuerdos celebrados con diferentes gobernantes en cuanto a sus derechos territoriales:

“… empezando con el convenio histórico entre Ferré y los tobas de 1864 y continuando con otros subsiguientes durante el período de colonización que resultaron en una gran pérdida de terreno y autonomía, produjo, también, escepticismo y desconfianza por parte de los toba…” (5)

Domingo F. Sarmiento, asumió la presidencia de la Nación en 1868. Entonces, a medida que se liberaban tropas del Paraguay, éstas fueron enviadas a negociar con caciques, dando continuidad al desarrollo de los tratados celebrados por el gobierno anterior.

“Desde mediados del siglo XIX en la frontera oeste del Chaco y desde 1870 aproximadamente en el este y el sur, sucesivas campañas militares fueron sometiendo y asalariando las porciones de población indígena necesarias para cubrir los requerimientos de fuerza de trabajo de los ingenios azucareros y obrajes madereros, que se instalaban en las fronteras del Chaco, primero, y en su interior, después” (Iñigo Carrera y Podestá 1991: 24-25) Si bien, hacia 1870 sólo una pequeña porción de la población indígena chaqueña trabajaba en obrajes madereros, en agricultura o en pequeñas industrias de la región. A

éstos y a quienes vivían en “reducciones” se los llamaba “indios mansos”, mientras que a los que permanecían luchando, les decían “indios salvajes”. Se calcula que en 1878, cuando se funda la ciudad de Resistencia, había unos 15 obrajes, desprendimientos de la actividad maderera de Santa Fe, que ocupaban casi 1.000 indios. Para esa época la población total de Chaco se calcula en 3.250 habitantes; entre ellos 2.500 indios “mansos” que convivían y trabajaban con los criollos (Hermitte y equipo 1995).

Cuando se fundó la ciudad de Formosa, en el año 1879, se acrecentaron en la frontera norte los ataques mutuos. En este contexto histórico, desde una perspectiva blanca, las operaciones militares fueron vistas como la única solución para correr la frontera económica y política. En 1874 asumió como presidente Nicolás Avellaneda y para octubre de 1878 firmó junto a Julio Argentino Roca la Ley nacional 947 “LÍNEA DE FRONTERA CONTRA LOS INDIOS SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DE LOS RÍOS NEGRO Y NEUQUÉN” (R. N. 1878/31, p. 57), que proveía los fondos para llevar adelante la ocupación del desierto del sur, “[…] previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros […]” (Art.1).