El Estado y los Municipios se coordinarán dentro del Sistema Estatal, a través de las instancias competentes de ambos órdenes de gobierno y del Consejo Estatal, para:

I. Determinar las políticas de seguridad pública aplicables en su ámbito, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta Ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de sus instituciones y corporaciones de seguridad pública, así como para la formación y capacitación de sus miembros;

III. Definir características de equipamiento, uniformes, insignias, así como establecer mecanismos de comunicación e intercambio de información en todo el Estado;

IV. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información del Sistema Estatal;

V. Hacer propuestas para la formulación del Plan Estatal así como para participar en su seguimiento y evaluación;

VI. Contribuir a la formulación de programas municipales de seguridad pública, así como a su seguimiento y evaluación, y

VII. Ejercer en forma coordinada sus atribuciones en materia de seguridad pública...

Si bien se ha ventilado en medios de comunicación la supuesta existencia de “anteproyectos”, e incluso de algunos supuestos planes de seguridad para el Estado y sus regiones más violentas e inseguras, lo cierto es que no hay información clara, ni proyectos que se hayan dado a conocer de forma precisa y transparente a la ciudadanía y a este Honorable Congreso.

Un plan de seguridad pública no es un conjunto de unas cuantas ocurrencias de momento, o el hacer reformas a las leyes que luego no servirán de nada por la apatía institucional y la corrupción gubernamental.

Se necesitan reformas legales eficaces, que vayan acompañadas de drásticas medidas anticorrupción; de programas institucionales que permitan la vigilancia de la ciudadanía hacia las autoridades y la debida valoración del quehacer de las corporaciones y dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas.

Los coahuilenses ya no queremos “experimentos” como la Fiscalía General del Estado, institución a la que este Grupo Parlamentario le auguró un fracaso total desde el día de su creación; y hoy lo hemos comprobado.

La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado (publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2009) fue otro fracaso total; pues a la fecha ha quedado en claro que ninguna de sus “innovadoras” disposiciones sirvió de nada. La corrupción en los cuerpos de policía municipal sigue a la alza, y no se ha cumplido con los objetivos de este ordenamiento, ni siquiera un intento podemos constatar.

Los coahuilenses ya no queremos planes que solo existen en el discurso político, como el llamado “Plan de Seguridad para la Laguna”, del cual nunca conocimos sus bases, indicadores de gestión, recursos asignados, y, mucho menos, pudimos apreciar su impacto.

No queremos el mismo discurso trillado con soluciones mágicas e inútiles.

El día domingo, según reportes de los medios de comunicación, un convoy de escoltas del gobernador Moreira fue atacado por un grupo armado. Si eso le pasó a él, qué le espera a la ciudadanía, a los que no pueden costear un grupo guardaespaldas y autos blindados.

Estamos dispuestos como oposición a trabajar unidos en la creación de un plan de seguridad, y a participar en las reformas legales necesarias, pero, siempre y cuando se trate de acciones incluyentes, abiertas y que puedan medirse, criticarse, y en su caso, darles marcha atrás sino se obtiene el impacto esperado.

Por las razones expuestas, presentamos a esta Soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo:

Que por las características del caso, solicitamos que sea resuelta en la vía de Urgente y Obvia Resolución.

Único.- Que esta Soberanía envíe una atenta solicitud al Gobernador del Estado, para que informe a este Honorable Congreso cuáles serán las acciones y políticas en materia de seguridad pública que planea implementar en la entidad durante su administración.

Fundamos esta petición en los artículos 48, Fracción V, 49 Fracción IV, 207, 208, 209 y 211 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS” GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA” DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Saltillo, Coahuila, a 27 de diciembre de 2011.

DIP. CARLOS ULISES ORTA CANALES

DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS DIP. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO

DIP. RODRIGO RIVAS URBINA DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA.

Es cuanto, Diputado Presidente.

Diputado Vicepresidente Jesús Contreras Pacheco: Gracias Diputado.

Respecto a esta proposición, se ha solicitado que se considere de urgente y obvia resolución.

Conforme a lo que se dispone en el artículo 173 de la Ley Orgánica, esta Presidencia someterá a votación dicha solicitud para resolver si se aprueba o desecha, por lo que se les pide que mediante el sistema electrónico emitan su voto a favor o en contra, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria Esther Quintana Salinas, que tome nota e informe sobre el resultado de la votación.

Se abre el sistema. ¿Falta alguien de votar? Se cierra el sistema.

Diputada Secretaria Esther Quintana Salinas:

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor; 15 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputado Vicepresidente Jesús Contreras Pacheco:

Conforme al resultado de la votación, se rechaza por mayoría la solicitud para que la proposición que se dio a conocer sea considerada como de urgente y obvia resolución, por lo que, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se dispone que la misma sea turnada a la Comisión de Seguridad Pública para los efectos procedentes.

A continuación, se concede el uso de la palabra al Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una proposición con Punto de Acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Esther Quintana Salinas, Mario Alberto Dávila Delgado, Carlos Ulises Orta Canales y José Miguel Batarse Silva, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta Soberanía solicite al Gobernador del Estado Rubén Moreira , la inmediata publicación del registro único de obligaciones y empréstitos del estado y conforme a la transparencia y rendición de cuentas que prometió en su toma de protesta”.

Diputado Rodrigo Rivas Urbina: Con su permiso, Diputado Presidente.

La Ley de Deuda para el Estado de Coahuila, dispone en sus artículos 13, 92, 96 y 97, lo siguiente:

Artículo 92.- En el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado se inscribirán, para efectos

declarativos, a solicitud de las entidades, los financiamientos que constituyan deuda pública, directa o contingente, contraídos por las mismas conforme a lo establecido en esta Ley.

La inscripción en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, es independiente de aquella que las entidades deban realizar, conforme a la legislación aplicable, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las inscripciones en los registros que de acuerdo a lo previsto en esta Ley, lleven cada una de las entidades.

Artículo 96.- En la inscripción al registro se anotará lo siguiente: