El neoliberalismo de los 90´s en el plano nacional y local

El modelo de apertura económica que inicia en los noventa en el país va a establecer las condiciones para que el gobierno refuerce la conformación de alianzas público-privadas y el financiamiento extranjero. Las alianzas, se van a traducir en contratos establecidos entre una entidad pública y un privado, constituyéndose en un instrumento de vinculación de capital privado con la finalidad de brindar un activo o servicio público. En el país estas asociaciones se conforman por disposición del Decreto 222 del año 1983 que reglamenta los contratos que la nación y las entidades descentralizadas establecen con particulares (privados) mediante mecanismos de concesión. Este proceso será apoyado posteriormente con la Constitución de 1991 y por el modelo de apertura económica que para ese año inicia su andar por todo el territorio colombiano.

En los noventa a nivel local, la dirigencia caleña decide incentivar las actividades de liderazgo y participación empresarial no solo como respuesta a la coyuntura de apertura comercial del país, sino también como medida para continuar fortaleciendo un linaje familiar de base político-

empresarial. Este tipo de inserción emprendedora en el ámbito del gobierno local y en el ejercicio de la gestión urbana en Cali va a representar un cambio de enfoque gestor en la ciudad, por un tipo de gestión-acción competitiva y empresarialista que como dice Harvey (1989) significa mayor productividad e inversión para los gobiernos locales. Con relación al tema del capital extranjero y demás alcances del modelo económico aperturista en el país, un artículo de prensa local menciona lo siguiente:

El presidente Virgilio Barco sancionó la ley que orientará la inversión extranjera en el sistema financiero colombiano, la cual permite la constitución de nuevos barrios en nuestro país con capital cien por ciento foráneo. De paso también aprobó la constitución del “Fondo Colombia”, un mecanismo a través del cual se permitirá a los inversionistas extranjeros participar en el mercado de valores del país. La ley es la 74 del 21 de diciembre, donde se da vía libre a la inyección de capital de otras naciones financieras, compañías de seguros, sociedades de capitalización, compañías de financiamiento comercial. (…) la inversión directa por un 100 por ciento se hará

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cuando el Departamento Nacional de Planeación vea que la inyección del capital contribuirá al robustecimiento del sistema financiero colombiano, a través de la importación de tecnología y la capacidad de competencia (Diario El País 1990, 7).

Este artículo de prensa ilustra los primeros acercamientos formales que el gobierno colombiano va a tener con el capital extranjero para el fortalecimiento del sector bancario nacional. En un intento por prepararse a los cambios que traería el modelo de apertura económica de los noventa, el gobierno del presidente Virgilio Barco a finales de su mandato en los ochenta sanciona Ley 74 de 1989 que establece las normas sobre la inversión extranjera en el sector financiero.

Estas primeras muestras aperturistas del gobierno hacia el capital extranjero pronosticaban grandes cambios para las empresas estatales y para el papel que venía ejerciendo el Estado como administrador y garante de los servicios públicos en las ciudades. Uno de los efectos que tuvo la dinámica extranjera sobre el funcionamiento estatal se vio reflejado en el modelo portuario del país que hasta antes de los años noventa había sido administrado por el Estado. Con la Ley 1ra de 1991 el gobierno le había abierto las puertas a un nuevo esquema portuario al decretar la

liquidación de la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) que desde 1959 se había

caracterizado por ser una empresa nacional. Con el discurso de modernizar en infraestructura los terminales marítimos del país y mejorar la ineficiencia que esto suponía para el desarrollo económico portuario, el gobierno decide entregar en concesión el sistema portuario a los particulares.

Durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo, entre los años 1990-1994, se considera necesario derribar el proteccionismo y control que el Estado tenía sobre el sistema portuario del país. Según el gobierno, este significaba una barrera que limitaba el crecimiento productivo bajo el modelo de apertura que iniciaba su marcha; los tiempos comerciales que se avecinaban con la apertura económica presionaron para que el proceso de privatización de Colpuertos se llevara a cabo. Este proceso representó para el sistema portuario una mayor competitividad y eficiencia que benefició a un puñado de empresarios, concesionarios y agentes externos que vieron reactivar su capital, en cambio el sector obrero se vio afectado por el despido de cientos de trabajadores tras la liquidación de esta empresa estatal el 31 de diciembre de 1993.

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Las operaciones privadas de las terminales marítimas demandaron gran inversión extranjera que favorecieron el comercio exterior y las exportaciones en país, sin embargo, tuvo un costo alto para el sector público que presenció la llegada de una ola de privatizaciones para varias empresas estatales. Otro sector que sufrió el rigor de la privatización fue el de las telecomunicaciones que se vio expuesto a las políticas de privatización y liberalización promovidas por el gobierno. El ingreso de nuevas compañías operadoras, privadas y de carácter trasnacional que entraron a competir con las empresas estatales de este sector debilitó su funcionamiento. En el año 2006 la empresa estatal Telecom-Cotel inicia su proceso de privatización al ser adjudicada por subasta pública a la empresa española Telefónica, la cual capitalizó más del 50% de la empresa

convirtiéndose en el socio estratégico (Matías, 2007).

A nivel local, la apertura económica había generado que muchas empresas de la región perdieran competitividad, lo cual obligó a importar tecnologías que desplazaron mano de obra por capital, esto se vio reflejado en la disminución de la oferta de empleo en la ciudad. La crisis del

desempleo en la región había iniciado en el período posterior a la apertura por cuenta de la

tendencia a reevaluar la moneda. Esto afectaría notablemente la economía caleña que dependía de actividades comerciales, manufacturera y agroindustriales (Camacho, 2006). Uno de los síntomas que anunciaban una tendencia a la privatización de empresas estatales en la ciudad se presentó con la figura de la concesión de ciertos servicios a agentes privados.

La idea del Estado proveedor de los años setenta y ochenta había cambiado a la de un Estado regulador de las prestaciones de los servicios. Este cambio queda explícito con la nueva

Constitución de 1991, cuyo artículo 365 hace referencia a la finalidad social del Estado y de los servicios públicos, los cuales podrían ser prestados por entidades nacionales o particulares.

En el caso Cali, por ejemplo, algunas empresas del municipio sintieron los efectos de la oleada de privatizaciones producto de la entrada del modelo neoliberal al país, empresas como Emsirva encargada de la recolección de basuras y el aseo general de la ciudad, al igual que Emcali

encargada de suministrar los servicios públicos domiciliario fueron total y parcialmente afectadas -respectivamente- por este modelo. La empresa de aseo Emsirva que operaba en la ciudad desde 1967 pasó a manos de particulares en el año 2009 por causa de una crisis financiera, generada por

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los altos costos laborales y operativos que le crearon millonarias deudas para el pago de

pensiones y salarios a sus empleados, situación que fue aprovechada por el gobierno para ordenar su intervención y posterior liquidación en dicho año (Diario El País, 2009). De esta manera los servicios de disposición final de basuras, de recolección y barrido quedaron a cargo de agentes privados.

Por su parte, la empresa de servicios públicos Emcali inicia en el año 1993 un proceso de

reestructuración administrativa y operativa debido a endeudamientos financieros que poco a poco iba debilitando la viabilidad empresarial y calidad en la prestación de los servicios de agua, energía, alcantarillado y teléfono. Sumado a lo anterior, la politización de las decisiones internas sacó a relucir los malos manejos que se habían estado efectuando lo que llevó a la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de servicios. Esta situación puso a la empresa al borde de la fragmentación del sector de telecomunicaciones, uno de los más comprometidos y tendiente a ser entregado a privados con el objetivo de sanear las deudas y logar una

modernización de su sistema operativo.

En esta época, algunos lineamientos de desarrollo y prioridades de los gobiernos de turno se socializaron a través de los planes de gobierno de las diferentes alcaldías que sucedieron el poder. La alcaldía de German Villegas del 1990-1992 tuvo como base los siguientes lineamientos: la equidad social inspirada en principios de justicia, eficiencia y diversificación económica; protección del medio ambiente; el mejoramiento de la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios. Para otro período que va de 1994 a 1997, liderado por el alcalde Mauricio Guzmán Cuevas, su plan de gobierno se centraba en la gestión de un modelo de desarrollo

integral para el municipio en armonía con el medio ambiente, donde primara el bien común sobre el particular. Además, este modelo de desarrollo estaría basado en los principios de justicia, equidad, igualdad y respecto de la Ley, solidaridad social y económica.

Finalmente, en el último período del siglo entre 1998-2000 el alcalde Ricardo Cobo Lloreda formuló el plan de gobierno haciendo mención de la necesidad de trabajar por la modernización democrática del funcionamiento político-administrativo de municipio, con el objetivo de afrontar

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y liderar los desafíos competitivos y de la globalización en condiciones de equidad, tolerancia, seguridad y participación.

Una lectura rápida realizada a estos programas de gobiernos de las diferentes alcaldías para período de los noventa, evidencian una constante que tiene que ver con “el desarrollo integral de la ciudad” y su medio ambiente, exaltando siempre el rostro humano, en aras de garantizar una mejor calidad de vida a la población. Generalmente, suele suceder que estos objetivos de

gobierno funcionen como una simple retórica y un requisito más que debe cumplir el gabinete del alcalde. Pareciera que el uso de la palabra “desarrollo integral sostenible” se hiciera con el fin de estar a tono con las corrientes modernas del desarrollo, justo en la época en que el país

experimentaba un modelo de apertura económica. Al final, muchas de estas metas que proponen las alcaldías quedan sólo plasmadas en el papel.

Tratando de encontrar puntos de convergencia entre el discurso que ofrecen los diferentes planes de gobierno y la cuestión del espacio público en la ciudad, identificamos algunas divergencias al respecto. Por un parte, está la perorata del gobierno municipal por la eficiencia de los bienes y servicios, la prioridad del bien común sobre el particular y calidad de vida como aspectos que se incorporan en la visión de desarrollo integral para la ciudad. Mientras que, por otra parte, la realidad que enfrentan los espacios colectivos y bienes de uso público de la ciudad dejan en entredicho los discursos, objetivos y prioridades reales de los gobiernos locales. Esto evidencia en la práctica un distanciamiento y desinterés por gestionar espacios públicos e infraestructura colectiva en un contexto de mercado donde son mayormente valorizadas las estructuras y formas urbanas que posibilitan condiciones para la acumulación de capital, como los centros

comerciales, las locaciones financieras, hoteles, club, etc.