El Nuevo Movimiento Campesino: El Campo No Aguanta Más

A finales de 2002, doce organizaciones campesinas50 que aglutinaban desde campesinos pobres hasta grandes centrales campesinas y agrícolas, emprendieron movilizaciones con una resonancia importante. El Campo No Aguanta Más (MECNAM) fue el nombre de la organización sombrilla que las agrupaba. Adicionalmente se sumaron, a título propio El Barzón, El Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. El movimiento adquirió su nombre del manifiesto inicial que se emitió en la prensa, con el encabezado ¡El campo no aguanta más!51, poniendo en el centro del debate demandas fundamentales para la defensa del maíz y de la soberanía alimentaria: renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, reorientación de la política hacia el agro bajo principios de soberanía alimentaria y revisión del artículo 27 constitucional. La mega-marcha campesina del 31 de enero del 2003 que, además de ser la más grande en la historia del movimiento campesino en México (Rubio, 2004), obtuvo el apoyo de amplios sectores de la sociedad urbana mexicana, consiguió abrir con el gobierno de Vicente Fox mesas de debate que concluyeron el 8 de marzo sin acuerdos básicos entre el gobierno y los productores rurales (Sánchez, 2004).

El 24 de marzo los bloques campesinos presentaron una propuesta de Acuerdo Nacional, donde plantearon la renegociación del TLCAN, la soberanía alimentaria como principio rector y eje de toda la política agroalimentaria y comercial, presupuestos multianuales, reforma estructural de las políticas hacia el

50 _{Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Asociación Nacional de} Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (CEPCO), Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH), Frente nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

51 Sus principales demandas fueron: una moratoria al apartado agropecuario del TLCAN para iniciar un proceso de renegociación del mismo; la asignación presupuestal de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003; una política de inocuidad y calidad agroalimentaria para regular la importación y distribución de alimentos dañinos, transgénicos, contaminados y de desecho; la aprobación de programas de corto y mediano plazo para reactivar la producción agrícola, junto con una reforma financiera rural, y el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios asentados en los Acuerdos de San Andrés (La Jornada, 2 de noviembre de 2002).

campo, cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, defensa y valoración de los patrimonios territoriales de ejidos comunidades y pueblos indios y el fin del rezago agrario (Sánchez, 2004).

Es importante notar que este movimiento, no obtuvo el apoyo del EZLN ni del CNI a pesar de haberlo solicitado y de haber incorporado las reivindicaciones del movimiento indígena dentro de sus peticiones. La negativa se debió, por un lado, a las recientes traiciones del gobierno en torno a la elaboración y firma de la ley COCOPA (Grammont y Mackinlay, 2008); pero no solo esto: para las organizaciones campesinas, indígenas y el EZLN que convergían ahora bajo el nuevo movimiento indígena de México, la participación con el conjunto de dirigencias campesinas oficialistas (CNC y CAP principalmente) fue evaluada negativamente, considerando que la negociación no podía trascender las viejas formas de cooptación que solían preceder a los aumentos de montos presupuestales de manera clientelar, continuando con la tradición de este tipo de organizaciones corporativas (Serna, Valera y Díaz, 2010). Por otro lado vieron de manera negativa que tuvieran que pasar ocho años de haberse firmado el TLCAN para que las organizaciones campesinas reaccionaran intentando renegociar el capítulo agropecuario, lo cual era evidentemente una tarea difícil, si no imposible, de lograr (Serna, Valera y Díaz, 2010), esto se contraponía con la emergencia inmediata del EZLN y la reactivación del movimiento indígena el primer día de vigencia del tratado, en 1994.

Las intensas movilizaciones tanto en la capital como en las principales ciudades del interior, junto con la difusión en la prensa nacional de noticias, reportajes y entrevistas, realzaron momentáneamente la imagen de la sociedad rural frente a la sociedad urbana, que pocas noticias tenía de la problemática campesina, de manera similar a como había sucedido con la marcha del EZLN “del color de la tierra” (Bartra, 2004). El gobierno se vio obligado a escuchar las reivindicaciones provenientes del campo.

Para disminuir la presión, durante el mes de febrero la Secretaría de Agricultura organizó las mesas de Diálogo por una política de Estado y un acuerdo nacional para el campo52. El proceso culminó el 28 de abril con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). Entre otras cuestiones se pactó, en un texto por lo demás confuso e impreciso, la realización de una “evaluación integral de los

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En estas mesas se presentaron más de 2 000 ponencias de organizaciones rurales de diversa índole, funcionarios públicos, académicos e individuos interesados.

impactos” del TLCAN, con objeto de justificar una posible puesta en marcha de mecanismos de defensa para prevenir la competencia desleal (dumping) y una eventual revisión del capítulo agropecuario del tratado; la promulgación de una Ley Federal de Planeación Agropecuaria con una “planeación, programación y presupuestación multianual”, que también promoviera la soberanía y seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y estableciera “un sistema de ingresos objetivo para los productos considerados como básicos y estratégicos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”; suspender la asignación de cupos de importación de maíz blanco53 por un periodo de cuatro años; iniciar una investigación contra prácticas desleales en el caso del frijol; un sistema de “inversiones estructurales, productivas y sociales para regiones atrasadas”; una reforma estructural de las instituciones y programas públicos relacionados con el sector rural, modificando las reglas de operación de los programas gubernamentales para hacerlos más accesibles a los campesinos y minimizar su atención en los grupos empresariales más privilegiados, y aumentar el presupuesto destinado al sector (Concheiro, Tarrío y Grajales, 2007; Grammont y Mackinlay, 2008).

Aunque todas las organizaciones destacaron las limitaciones de lo pactado en tanto que fueron sólo los elementos mínimos que se habían exigido para guiar el proceso de revisión y renegociación del capítulo agropecuario (que en los hechos tampoco se operacionalizaron), algunas organizaciones firmaron el acuerdo con el gobierno y otras decidieron no hacerlo, basadas en consultas internas y con asesores de confianza, tanto académicos como ONGs. Partiendo de la consideración de que se había alcanzado lo máximo que se podía lograr, por parte del MECNAM firmaron la CNPA, CIOAC, CNOC, Red Mocaf, ANEC, AMUCSS, CEPCO Y CODUC, y también las tres organizaciones que se sumaron al movimiento: El Barzón, la CNC y el CAP. No firmaron UNORCA, FDCh Y UNOFOC.

Posterior a la firma, todas las organizaciones participantes acordaron que la postura frente a la firma no debía afectar la unidad del movimiento; dicha unidad se vio mermada apenas seis meses después, ya que en octubre la CNC y el CAP aceptaron que se disolviera la Comisión de Seguimiento del ANC, donde tenían más representación las organizaciones rurales, para transferirse la supervisión al Consejo

53 _{En cursiva porque la demanda era impedir la entrada de maíz. El gobierno sólo accedió a establecer} la restricción con maíz blanco de una variedad particular, lo que ocasionó gran descontento para organizaciones como UNORCA y el FDCCh (De Ita, comunicación personal).

Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable, derivado de la LDRS, donde el poder de decisión de la Secretaría de Agricultura es mayor (Barkin, 2003).

Después de meses de desgaste el MECNAM se disolvió, pero algunos de sus dirigentes aprovecharon las elecciones federales de 2003 para renovar parte de la Cámara de Diputados, con objeto de postular a una diputación y apoyar las demandas campesinas desde el legislativo (Grammont y Mackinlay, 2008), entre ellos el dirigente de la ANEC, en una acción que fue considerada como reprobable por las organizaciones no firmantes del Acuerdo, así como por las ONGs que formaban parte de la Red y que habían estado interactuando de manera directa o indirecta con las organizaciones campesinas durante el MECNAM. Este fue un segundo punto importante de ruptura en las relaciones de los integrantes de los movimientos, pues pese a que la Red no se sumó al MECNAM, existían relaciones entre las personas de las organizaciones en ambos lados.

En realidad, las posiciones en torno a la firma del ANC generaron un debate entre organizaciones y personas de sociedad civil, posiciones que hasta el momento habían sido relativamente unánimes se dividieron también entre intelectuales que apoyaban. Algunos consideraban que la firma constituía un avance, un paso más en la lucha por la dignificación de los productores, mientras que otros consideraban que las organizaciones habían traicionado sus objetivos (Rubio, 2004). Quienes no firmaron señalaron que las demandas centrales habían sido dejadas de lado: no se aceptó renegociar el TLCAN, la moratoria a la entrada de transgénicos ni se logró la firma de los acuerdos de San Andrés, y las medidas propuestas por el gobierno se redujeron a apoyos productivos, créditos y promesas de infraestructura; ninguna reforma en lineamientos políticos (leyes, reglamentos o revisión a los mismos) se logró.

Para Rubio (2001), posterior a la firma del ANC, el movimiento atravesó por dos etapas principales: una centrada en una tortuosa labor de cabildeo con el gobierno para exigir el cumplimento de lo pactado y la segunda caracterizada por un endurecimiento del gobierno, que benefició solamente a los productores eficientes, excluyendo a los campesinos de subsistencia, prolongó los periodos de cumplimiento de acuerdos, metiendo a muchos líderes que no negociaron “por debajo de la mesa” en dinámicas burocráticas interminables, e inició campañas de deslegitimación de las organizaciones campesinas logrando dividirlas, en resumen: el gobierno no cumplió los acuerdos, pero logró con el tiempo dividir al movimiento y diluirlo, de tal forma

que los logros políticos fueron mínimos pero los costos sociales elevados (Sánchez, 2004).

3.4.3.1. Cancún y la Cumbre contra la OMC

La quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún septiembre del 2003, marcó diferencias importantes entre firmantes y no firmantes, que serían relevantes para la continuidad y escisión del movimiento. La quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún septiembre del 2003, sirvió como escenario para que convergieran organizaciones internacionales, manifestándose contra el orden global, las corporaciones transnacionales y las medidas económicas coercitivas de la OMC para obligar a retirar subsidios al campo en los países “subdesarrollados” (De la Cueva, 2003).

Del 8 al 12 se organizó el Foro Internacional Campesino e Indígena, en sitios adyacentes a la cumbre “oficial” en donde representantes campesinos e indígenas, mujeres y representantes de ONGs expusieron sus puntos de vista en torno a sus problemas y demandas, el foro fue convocado principal y originalmente por UNORCA, aliado con la Vía Campesina, un movimiento campesino internacional, pluralista y autónomo que fue el primero en definir el término soberanía alimentaria e incluirlo como parte esencial de las demandas campesinas ante los gobiernos (Rosset y Martínez, 2004). Al foro asistieron representantes de Corea del Sur, África e India, junto con algunas organizaciones no firmantes del ANC en México: la UNORCA, organizadora del evento, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, y la CIOAC (firmante). A este Foro llegó el mensaje grabado de los dirigentes el Ejército Zapatista de liberación Nacional, apoyando la lucha de la Vía Campesina contra el orden neoliberal y la firma de mayores acuerdos de libre comercio en materia agrícola y biotecnología (Carlsen, 2004); llegaron también representantes de pueblos indios integrantes del Congreso Nacional Indígena (Hernández, 2004). En este foro participaron ONGs internacionales que eran aliadas estratégicas o asesores de algunas organizaciones campesinas, como el grupo de Acción contra la Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), y el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, que participaban activamente en la

Red por la Defensa del Maíz, realizando pruebas de contaminación transgénica en comunidades y ejidos indígenas.

Por otro lado, la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio fue co- organizadora del Foro de los Pueblos, que si bien fungió como cumbre paraguas para múltiples eventos de organizaciones y movimientos en resistencia contra el libre comercio, funcionó de manera separada con un foro campesino que no se identificó con el mencionado anteriormente, y en el cual participaron las demás organizaciones del MECNAM (Sánchez, 2004; De la Cueva, 2003), junto con ONGs como Greenpeace y Oxfam International (que además financió una parte importante de las actividades).