Un pacto fiscal con más reciprocidad mediante la igualdad

Finalmente, frente a la reciprocidad asimétrica que surge como efecto de poderes de veto, dictaduras de minorías o Estados capturados, se vuelve fundamental favorecer la igualdad. En este sentido, pueden identificarse tres orientaciones estratégicas de un acuerdo sobre la política fiscal.

La primera es implementar efectivamente la igualdad ante la ley, y en ella merece especial atención el desafío de aplicar el Estado de derecho al ámbito fiscal. Una verdadera justicia fiscal significa sanciones efectivas contra los evasores, incluidos los más grandes, así como el castigo a la corrupción por el lado del gasto. Requiere fortalecer la capacidad del poder judicial para implementar la política fiscal. Por eso un pacto o contrato social fiscal debiera incluir acuerdos no solo entre el poder ejecutivo y el legislativo, sino también con el poder judicial.

La segunda orientación estratégica es impulsar la equidad horizontal. En encuestas realizadas a contribuyentes de América Latina se identifica la ausencia de equidad horizontal como una de las principales fuentes de malestar y de erosión de la voluntad de pagar impuestos. Esta orientación implica no solo fortalecer la administración tributaria sino también eliminar privilegios fiscales, incluidos subsidios, y terminar con la serie de agujeros fiscales y de regímenes especiales que tanto dañan los sistemas tributarios no solo de países en desarrollo o emergentes sino también de países desarrollados. Tomando en cuenta la resistencia que generalmente ocasionan cambios como estos entre grupos poderosos, se vuelve fundamental incluir este tipo de compromiso de manera explícita y transparente en un pacto político amplio, como sería un pacto fiscal.

La tercera orientación es favorecer la equidad vertical. Como se mostró antes, en la región la tributación no tiene aún impactos determinantes y favorables sobre la igualdad, a pesar de avances recientes logrados con el fortalecimiento del impuesto sobre la renta y la captación de rentas generadas por la explotación de recursos naturales. En países tan desiguales como los de América Latina, no puede confiarse únicamente en el gasto público para reducir la desigualdad sino que también es preciso asegurar una contribución de los impuestos para hacerlo. Además, se vuelve fundamental fortalecer el impuesto sobre la renta no solo como un instrumento que favorece la igualdad sino como un estabilizador automático de los ciclos económicos3_.

La renovación de un pacto fiscal implica afectar intereses, en especial de ciertos grupos de élite que favorecen una cobertura muy limitada de bienes públicos, quienes probablemente se opondrían a iniciativas de reformas tributarias dirigidas a financiar más o mejores bienes públicos que podrían ser demandados por la mayoría de los ciudadanos. El hecho de que se haya encontrado una relación positiva entre ciertos indicadores de libertades políticas y la importancia de la tributación directa (Dioda, 2012) sugiere que en condiciones en que se limita la expresión de intereses mayoritarios se fortalece la reciprocidad asimétrica y estos grupos pueden tener una mayor incidencia negativa sobre la tributación directa en particular. También pueden esperarse otras diferencias en cualquier proceso de reforma. En este contexto, acordar un contrato social sobre la política fiscal implica asegurar una visión política de largo plazo, compartida por la mayoría, con una implementación y construcción gradual, sujeta a negociaciones en el camino, pero sin perder su sentido estratégico e incluyente, y asegurando una amplia y continua reciprocidad —basada en la igualdad— entre los ciudadanos y el Estado.

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