EL PAPEL DE LA MUJER EN ESCENARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DESARROLLO

durante el post-conflicto

Para dimensionar la importancia de las intervenciones de política pública de género en contextos de conflicto y post-conflicto como el que se analiza en esta investigación, se revisa a continuación un estudio que ilustra acerca del impacto de las intervenciones de política pública orientadas hacia las mujeres.

Según evidencia empírica, las mujeres tienen un rol protagónico en procesos de construcción de paz y desarrollo en escenarios de post-conflicto. Por ejemplo, el estudio Returning

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Home: Women in Post-Conflict Societes (Naomi Cahn, 2010), examina la situación de las mujeres que retornan a sus países luego del conflicto, destacando la necesidad de que la asistencia que en principio fue de carácter humanitario, se transforme en intervenciones de largo plazo orientadas hacia el desarrollo mediante la implementación de un modelo de justicia de servicios sociales como respuesta a las necesidades inmediatas de la población luego del conflicto, lo cual abarca necesidades como medios de subsistencia, salud y educación.

Las metas establecidas luego de conflictos no pueden implementarse cuando la población está muriendo de hambre, no tiene vivienda o carece de acceso a servicios básicos otorgados por el gobierno. En estas condiciones, se destaca la importancia de la mujer en los procesos de estabilización socio-económica, de manera que la inclusión de las necesidades de la gran proporción de mujeres refugiadas es fundamental en los procesos de reconstrucción (Naomi Cahn, 2010).

Considerando lo establecido por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), en cuanto al desarrollo definido no sólo como crecimiento económico sino como fortalecimiento de las capacidades humanas y de las condiciones socioeconómicas de un país, el mencionado estudio sostiene que las mujeres juegan un rol fundamental en los procesos de desarrollo. Por ejemplo, se ha encontrado que tener más niñas registradas en los colegios no sólo mejora el bienestar de ellas sino también de sus familias y de la comunidad en general:

Investigaciones han demostrado que mujeres con apenas algunos años de educación primaria tienen mejores prospectos económicos, tienen menos hijos y más saludables y es más probable que aseguren que sus propios hijos vayan a la escuela. Las madres que han recibido educación vacunan sus hijos 50 % más que las madres no educadas y la tasa de supervivencia de hijos de madres que han recibido educación es 50% más alta. Los hijos cuyas madres no han recibido educación son dos veces más propensos a no recibir educación primaria que aquellos cuyas madres atendieron la educación primaria, y las mujeres que reciben educación mejoran las tasas de supervivencia de sus hijos, así como su estatus nutricional (Naomi Cahn, 2010, pág. 15).

Adicionalmente se ha encontrado que aumentar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el mercado de trabajo, está directamente ligado a la reducción de la

35 pobreza, mejorando no solamente las condiciones de las mujeres individualmente sino las de la sociedad en conjunto (Naomi Cahn, 2010).

Frente la inminencia de atender las necesidades de las mujeres en procesos de transición luego de conflictos, el modelo de justicia de servicios sociales reconoce que las necesidades de las mujeres no necesariamente se satisfacen con procesos de responsabilidad criminal aplicados a victimarios, sino que se requiere asignar recursos económicos para responder a dichas necesidades. Por ejemplo, en casos de violencia sexual infligida a las mujeres, se ha encontrado que ellas estarían más interesadas en contar con apoyo y herramientas para garantizar el cuidado de su salud en el largo plazo que en el castigo criminal de sus agresores. En este sentido, la atención abarca, por ejemplo, facilitar tratamientos de VIH/SIDA o el acceso a centros de educación en comunidades duramente golpeadas por el conflicto (Naomi Cahn, 2010).

De esta manera, la justicia de servicios sociales se orienta a remediar en alguna medida los efectos negativos ocasionados por el conflicto más que únicamente a castigar la responsabilidad criminal, bajo la premisa de que las sociedades seguras y estables permiten a todas las personas, incluyendo por supuesto a las mujeres, acceder a los servicios básicos que les permiten restaurar sus vidas después del conflicto. En este mismo sentido, la justicia transicional tiene que estar integrada con una amplia transición social, política y económica para proveer las necesidades básicas23 _{con miras al desarrollo (Naomi Cahn, 2010).}

El modelo de justicia de servicios sociales pareciera entonces traspasar los instrumentos de justicia transicional en los procesos de post-conflicto, avanzando desde la asistencia

23 _{“En un estudio efectuado en Congo Oriental para determinar las necesidades y prioridades de los locales en el proceso de}

transición, más de 2600 personas (la mitad de ellas mujeres) estableció que sus prioridades individuales más altas eran paz, seguridad y sustento, en términos de dinero, educación, alimentación y salud” (Naomi Cahn, 2010, pág. 350). “Una encuesta similar en Uganda, efectuada poco después de que el acuerdo de paz fue firmado allí, encontró que las prioridades más altas de los participantes encuestados fueron salud (45%), paz, educación, y asuntos de sustento como alimentación y tierras, con justicia en un 3%, como una prioridad muy baja” (Naomi Cahn, 2010, pág. 350).

36 humanitaria otorgada durante el conflicto hacia procesos de desarrollo de largo plazo, mediante la garantía de los servicios sociales fundamentales con miras a fortalecer las capacidades de las personas. Específicamente, se busca garantizar un crecimiento del capital social enfocado en las necesidades de la mujer, dados los mayores riesgos a los que está expuesta, incluso en procesos de transición durante el post-conflicto, y dada su influencia en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus familias y en general de la sociedad.

Aunque el modelo presentado se enfoca en las situaciones que enfrentan principalmente las mujeres refugiadas retornando a sus lugares de origen. Esto representa particularidades distintas para algunos ámbitos locales en los que el fenómeno del desplazamiento ha sido prolongado y el retorno no es necesariamente la opción más deseada por las comunidades desplazadas. Sin embargo, los planteamientos del modelo podrían integrarse a intervenciones frente a la situación de las mujeres desplazadas en Colombia, en lo que respecta a la urgencia de avanzar hacia soluciones de desarrollo de largo plazo al desplazamiento forzado.

La necesidad de complementar los procesos de justicia transicional con lo que las victimas consideran como soluciones prioritarias de largo plazo que remedien en alguna medida las vulneraciones que les originó el conflicto, podría significar un aporte importante en el proceso de reparación a víctimas que adelanta el Estado colombiano en el marco de las soluciones frente al desplazamiento forzado.