Participación de las mujeres rurales e indígenas en programas

Aunque a nivel general las mujeres mexicanas en los últimos treinta y cinco años han alcanzado mejoras en su calidad de vida, tanto en la posición social y familiar, como en su condición individual; en el caso de las mujeres rurales, siguen existiendo rezagos en su calidad de vida, porque socialmente se siguen presentando desigualdades consideradas naturales, de acuerdo al sexo de las personas. Y estas desigualdades de género afectan en particular a las mujeres, por su condición y posición subordinada a un sistema patriarcal, como mencionan Martínez y Díaz (2005).

Los problemas de desigualdad de género no pueden ser resueltos satisfaciendo solamente las necesidades prácticas de las mujeres, si no que es necesario trabajar con las necesidades estratégicas. Por esta razón es preciso crear políticas sensibles al género que logren un desarrollo más justo.

Como ya se ha dicho, la participación de las mujeres en los programas de desarrollo se ha visto reflejadas en dos modelos, uno que las ve solamente como agentes de desarrollo (MED), el cual busca satisfacer sus necesidades

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prácticas, y otro modelo de desarrollo que trata de poner las bases para su empoderamiento (GED), es decir pretende resolver las necesidades estratégicas de género.

Aunque los primeros proyectos de desarrollo para las mujeres estuvieron dirigidos a enfatizar su papel de madres y amas de casa, y de alguna manera tuvieron sus limitantes; también se consiguieron resolver algunos aspectos de la problemática cotidiana de las mujeres, como su participación en actividades grupales, revaloración del papel activo de las mujeres en sus comunidades, posibilidad de organizarse a través de proyectos colectivos y acceso a la capacitación técnica. En 1956 surge el programa de “mejoramiento del hogar rural” que continuó hasta 1982; sin embargo, este programa sólo se enfocó en el papel que tenían las mujeres para poder mejorar sus hogares, en los aspectos de higiene, alimentación, saneamiento y manualidades, sin tomar en cuenta el papel que tienen las mujeres como productoras agrícolas (Jiménez, 1985).

Es hasta la década de los setenta cuando surge la Reforma Agraria que sustituye al Código Agrario de 1942, donde se legisla la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (UAIM), la cual se inserta en el programa de la Secretaría de la Reforma Agraria. En la UAIM se asigna una parcela de tierra para un mínimo de 15 mujeres no ejidatarias, sin que existiera un máximo de socias en los grupos por parcela, la cual debía estar ubicada en las mejores tierras y tener la extensión de las parcelas de los ejidatarios, esto obligaba de cierta forma a que todo ejido formado y por formarse destinara una parcela para la UAIM. Las UAIM se crearon con el fin estratégico de que las mujeres campesinas organizadas tuvieran acceso a recursos financieros y crediticios, así como a la capacitación y asistencia técnica a partir de la posesión legal de una parcela colectiva en el desarrollo de actividades productivas (Suárez y Bonfil, 1996).

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A pesar de que la creación de las UAIM fue un gran logro, surgieron múltiples problemas que tuvieron que enfrentar; entre los que se destacan: la negación de los ejidatarios varones para otorgar las parcelas, la falta de asesoría técnica y administrativa a las socias para la elaboración de proyectos viables, corrupción de diversas instituciones públicas involucradas en la instrumentación de las unidades, las estructuras de poder al interior y exterior de las unidades agrarias, y la falta de una gestión efectiva por parte de las mujeres involucradas en los proyectos (Velázquez, 1992). Finalmente con los cambios al Artículo 27 Constitucional se detuvo el reparto de nuevas unidades, y solamente el 8.6% del total de ejidos (28,000) contaban con estas unidades, además de que muchas no estaban en operación (Barrón y Zapata, 1993)

En 1980 se creó el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), que operó solamente en Guanajuato, el cual buscaba insertar a las mujeres en la producción de alimentos básicos en el país, y mejorar el nivel nutricional (Ávila, 2006). En 1983 surge el Programa de Acción para la Participación de la Mujer en Consecución del Desarrollo Rural (PROMUDER), aunque solamente sirvió de apoyo a actividades de las UAIM.

De la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), surge en 1984 el Programa de Desarrollo Comunitario con la Participación de la Mujer (PINMUDE), que en el año 2001 forma parte del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (FONAES), cuyos objetivos eran desarrollar actividades y destrezas de las usuarias.

Aunque a nivel nacional e internacional con el movimiento feminista se impulsaron proyectos participativos que promovían el empoderamiento de las mujeres, en los programas impulsados en la década de los ochenta el papel de las mujeres se limitó a ser beneficiarias receptoras, orientado principalmente a

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actividades tradicionales, sin que las mujeres pudieran participar en el diseño y en la instrumentación de los mismos (Ávila, 2006).

En la década de los noventa, debido a las demandas planteadas en la Conferencia de Beijing se integra en materia política una propuesta de reformulación del concepto de desarrollo, revalorando el espacio de lo privado, lo íntimo, lo cotidiano y además de que se reconoce la capacidad personal de las mujeres para utilizar los recursos materiales, sociales y culturales para beneficio personal, como protagonistas sociales (Nazar y Zapata; 2000: 84). Surgen programas como el Programa Mujeres en Solidaridad (MUSOL), del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL); Impulso Productivo de la Mujer (IPM) del Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad (FONAES); el Programa Mujeres en el Desarrollo Rural (MDR), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el programa CONVIVE, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); el Programa Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otros. Algunos de estos programas, como el MUSOL, sólo buscaban satisfacer las necesidades prácticas de las mujeres (MED), pero otros, como el MDR buscaban hacer transversal la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural implementados por la SAGARPA de ese período (Martínez y Díaz (2005). Con frecuencia los programas que surgen han partido del enfoque MED, orientándose a resolver las necesidades prácticas de las mujeres, y aunque muchos se quedan en éste enfoque, de manera paulatina se han incorporando programas con un enfoque GED, que apuntan a considerar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la ciudadanía y la justicia social, aunque con muchas limitantes, estos programas pretenden favorecer el ejercicio de los derechos sociales y económicos de las mujeres.

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Para 1997 la Comisión Nacional de la Mujer (CONAMUR), integrada a la Secretaría de Gobernación, declara que es necesario dirigir los esfuerzos a las mujeres y sus necesidades hacia la diferencia y las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres, por lo que se hace indispensable la inclusión de la categoría de género en las acciones para el desarrollo (PRONAM; 1999: 7).

Aún hoy en día, a pesar de que se haya incorporado la categoría de género, a nivel de discurso, no necesariamente implica que se estén concretando en la práctica los contenidos de las propuestas teóricas, que incluyen transformaciones estructurales y de largo alcance. El funcionamiento del aparato público en México ha frenado de cierta forma el proceso para integrar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la capacitación, influenciado por la voluntad, entendimiento y preferencia de quienes diseñan y ejecutan estas políticas (Martínez y Díaz, 2005).

Esta es la razón por la que los hacedores de políticas tienen como reto el aumentar el acceso a las mujeres a una variedad de recursos, pero también asegurar que se les dé un mayor valor social a sus contribuciones. Sin dejar de lado el papel de los hombres, ya que es necesaria su alianza para poder encaminarse a una equidad de género más real; sin embargo este es un desafío muy grande, ya que implica renunciar a una serie de privilegios, que particularmente están ligados a un sentido central de identidad y no parece traer consigo una ventaja inmediata (Kabeer, 2006).

Las subjetividades juegan un papel muy importante en la conformación de nuevas relaciones de género, es por esto que el concepto de identidad es trascendental en el desarrollo de la presente investigación. Por lo que en el siguiente capítulo se explica el concepto de identidad e identidad de género.

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