Se debe subrayar que el centralismo ha sido un componente fundamental del poder político en México y de la vida institucional, y la pérdida de esa centralidad, una vez que se produjo la alternancia del régimen político, apenas abrió una nueva etapa en el
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federalismo que aún apela, con sesgada orientación, a la figura del poder presidencial para deslindar ámbitos de responsabilidad y competencia cuando se trata de explicar las insuficiencias propias de cada entidad federativa, sobre todo en aquellas donde prevalece la presencia de gobernadores priistas.
Las formas inéditas en que se expresa esta descentralización política se traducen en confusión y parálisis operativa, realidad que corresponde a lo que se puede considerar como una especie de “federalismo primitivo” (Woldenberg, 2011), donde no existen condiciones consensadas para resolver los conflictos de intereses bajo criterios ejecutivos que atañen a la relación entre los estados y la federación, conflictos que, por lo demás, se transfieren al campo político sin argumentos consistentes –en ambos polos− en términos jurídicos y técnicos. De este modo, los gobernadores de la oposición se constituyen en cajas de resonancia de las fallas de las políticas públicas nacionales, sin que ellos se asuman como protagonistas eficientes en la toma de decisiones regionales. Es así como existe una falta de consistencia al definir las políticas económica, fiscal, social y de seguridad en las esferas regionales, situación que supera el argumento simplificador de la dependencia de los recursos y los programas federales.
Más allá de las disputas políticas, habría que considerar la importancia que adquiere el marco de las finanzas públicas estatales, pues basta referir ciertas relaciones relevantes a partir de las cuales se podría sintetizar las condiciones de la economía veracruzana y su relación con la esfera estatal. Un análisis sobre finanzas públicas revela que entre 1989 y 2008, la autonomía fiscal del estado (ingresos propios/ingresos totales) se encuentra en casi todo el periodo por debajo de la media nacional. A partir de 1993 la proporción fiscal es inferior al 10% y desciende a la par que la media, siendo ésta del 8% en 2008, y del 3% para Veracruz, en el mismo año.
Entre otras consideraciones, las insuficiencias de los esquemas fiscales de las entidades federativas obligan a acudir a endeudamiento y al sobre-ejercicio en el presupuesto estatal. En el 2008, el estado de Veracruz tuvo un sobre-ejercicio presupuestal correspondiente al 26% del presupuesto programado, al pasar de 63,490 millones de pesos a un monto de 80,599 millones en el mismo año. En el periodo corto
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de 2006 a 2008 existe un sobre-ejercicio acumulado del 20%. Frente a esto, cabe subrayar que los criterios ortodoxos de disciplina fiscal que se desprenden del llamado Consenso de Washington, se diluyen en los contextos regionales dando pie a endeudamientos discrecionales que resultan prácticamente difíciles de fiscalizar, sobre todo cuando los órganos correspondientes se encuentran bajo el control político de los gobernadores en turno.
Por esta razón, en el estado de Veracruz, a partir del año 2000 se proyecta una tendencia ascendente en el saldo de la deuda estatal, que corresponde a los sexenios de los gobernadores Miguel Alemán y Fidel Herrera, de tal manera que a partir del 2006 la deuda rebasa la tendencia media nacional, por lo cual en el 2009 el saldo alcanza 9,664 millones de pesos, a precios de 2010. En el mismo sentido, como resultado de esta tendencia al endeudamiento, la relación entre la deuda y el PIBE, entre 1993 y 2010, se encontraba por debajo de la media nacional hasta alcanzar un nivel mínimo en el 2000; sin embargo, a partir del 2001 comienza a presentarse un crecimiento sostenido que representa el 1.8% del PIBE en 2010, frente al 1.9% de la media nacional en ese mismo año. Igualmente relevante resulta considerar que la estructura de la deuda estatal implica compromisos con la banca de desarrollo que representan el 12% de la deuda; en tanto que el esquema de endeudamiento restante (88%) se basó en emisiones bursátiles. Considerada en conjunto, la deuda contraída por el gobierno estatal implica años de vencimiento superiores a la media a partir de 2007, situándose en 24 años en el 2009 afectando con ello las distintas calificaciones crediticia del estado efectuadas por las agencias acreditadas (S&P, Fitch, Moody’s y HR Ratings), disminuyendo pronunciadamente desde 2006.
La situación acumulada del endeudamiento público del estado ha llevado a considerar que este desequilibrio en las finanzas representa en el 2012 una erogación de 3 mil millones 749 millones 924 mil 820 pesos, de acuerdo con lo autorizado en el presupuesto de egresos en el presente ejercicio fiscal. Dicho monto supera el presupuesto programado para diversas áreas del gobierno, como el del Poder Judicial (mil 400 millones 400 mil pesos); la Secretaría de Desarrollo Social (172 millones 900
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mil pesos); la Secretaría del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (138 millones 200 mil pesos).
Según el senador por Veracruz, Juan Bueno Torio, si bien el gobierno del estado ejercerá un presupuesto de 86 mil millones 675 mil 800 pesos, que representa un incremento del 5.7% en relación al 2011, el monto de los compromisos de la deuda ha crecido en un 135% respecto a lo destinado en el periodo anterior, de tal manera que en ese año dicho pago representó el 87% de las participaciones federales presupuestadas para Veracruz y el 67% de los ingresos totales, llegando a alcanzar en el primer semestre de 2011 una deuda de 22 mil 900