EL PPP es un megaproyecto integracionista de colaboración entre transnacionales y gobiernos de ocho países de la región: Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras Panamá, Belice y México, oficializado en 2001.
En México compromete las regiones del sur, sureste de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Puebla y Oaxaca, este último el estado con mayor concentración indígena de la región del sur de México.
Según Eduardo Sandoval, de la organización Insumisos Latinoamericanos, “el PPP sirve de puente entre el TLCAN y la consolidación del ALCA”34. Es un
megaproyecto de inversión que recoge dos planes establecidos por el Banco Mundial, el “plan nuevos horizontes” en materia de seguridad regional y el “corredor biológico mesoamericano”, donde se busca fortalecer formas innovadoras para manejar la biodiversidad de la región incluyendo su explotación con fines económicos, manteniendo una continuidad funcional entre ecosistemas del sureste México-Guatemala, integrado en un corredor biológico.
Para Emmanuel Gómez, el objetivo del PPP es construir infraestructura que permita la libre circulación de capitales, y constituye, por tanto, un proyecto económico con repercusiones ecológicas –explotación, despojo y saqueo de los recursos naturales, contaminación y monocultivos–, económicas –por la libre circulación de productos que perjudicarían los propios– y, desde luego, sociales, por el efecto en la región y la población que allí habita35.
El PPP también busca invertir en infraestructura vial, sembrado e instalación de fibra óptica, ampliación de puertos y aeropuertos, la instalación oleoductos y gasoductos, y particularmente en Oaxaca, la construcción de una carretera
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turística Oaxaca-Huatulco, plantas forestales de eucalipto y granjas industriales camaronícolas, lo que implica, entre otras cosas, el reordenamiento territorial y demográfico en la región, así como la transformación de la agricultura de subsistencia.
Al implementarse todas estas políticas, algunas todavía en proceso de consecución, desalojan, en primer lugar, a las comunidades indígenas que habitan en el Istmo y la selva de Chimalapas, y ponen las tierras en manos de empresas privadas mediante permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incentivando, a su vez, la siembra de eucalipto, supuestamente como proceso de reforestación, pero también propenden por la protección de manglares, de acuerdo a la incursión de compañías industrializadas como las asiáticas, que buscan la privatización de los mismos36.
De acuerdo con Jorge Lora, de la organización Insumisos Latinoamericanos, las comunidades son el principal obstáculo para la consecución de este megaproyecto, por eso, en primer lugar, se planea convertir a los campesinos indígenas del sur-sureste mexicano en trabajadores asalariados súper explotados de fábricas maquiladoras, en función de la industria norteamericana. En segundo lugar, se afianza la acción de las transnacionales –como el del grupo Pulsar Internacional y Savia que se dedica a la producción de transgénicos–, además de las que ya funcionan, mediante la privatización de los recursos naturales existentes allí, con el antecedente de lo ocurrido con el TLCAN, dentro de los cuales se ve con gran preocupación al agua.
Esta nueva geopolítica de intereses económicos por parte de EEUU favorece principalmente sus intereses, lo que pone en evidencia una falta de postura estatal con respecto al proyecto, lo que constituye un hecho preocupante, porque una vez en marcha el megaproyecto no existen políticas estatales que puedan regular las acciones de las transnacionales, ni responsables por la
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contaminación, la exploración y explotación de los abundantes recursos naturales existentes en la zona, ni proteger a las 10 comunidades étnicas que habitan sólo en el Istmo, y en últimas el territorio nacional dejaría de serlo instantáneamente.
En 2007 el PPP vuelve a priorizarse en la agenda del gobierno mexicano, como una opción de desarrollo regional para Mesoamérica. Según Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI):
(El PPP) sólo pretende asegurar los negocios de alta tecnología en telecomunicaciones de fibra óptica e inversión petrolera del Grupo Carso, y proyectos de energía eléctrica de grupos económicos transnacionales como Iberdrola, con la complicidad el Banco Mundial…37.
2.3 Resistencia indígena en Oaxaca
La resistencia indígena en el sur de México tiene sus raíces en la Revolución mexicana, pero la conformación de movimientos indígenas surge en la década de los años setenta, cuestionando el corporativismo y el monopolio de Estado. Jorge Hernández afirma que en ese contexto se forma la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), en 1974, que se asegura fue la primera organización indígena pionera del actual movimiento. Dentro de sus principales logros están las primeras destituciones de autoridades agrarias en su región por la corrupción en el ejercicio de sus funciones y el agrupamiento en su coalición de líderes indígenas de las etnias más representativas.
Según Armando Bartra, en la década de los años ochenta éstos movimientos sociales mixtos incorporaron en su causa la “lucha por la apropiación del proceso productivo”38, abriendo paso a la creación de movimientos indígenas. Éstas eran comunidades indígenas productoras de café en su mayoría, que exigían una producción basada en la organización autogestionada y autónoma.
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En Tehuantepec, durante el año 1983, en ese espacio y contexto, surgió la Unión de Comunidades de la Región del Istmo (UCIRI), vigente en la actualidad, y la antes mencionada UCIZONI, en 1985, reivindicando sus sistemas tradicionales del trabajo de la tierra.
El proceso anterior resultó de la lucha social de los promotores bilingües y campesinos, la cual estuvo en un principio constituida inicialmente por 11 autoridades de distintos pueblos de la región selvática de Oaxaca, quienes han participado activamente en la defensa de la selva tropical de Chimalapas, intentando detener la devastación de las grandes compañías madereras39. La insurrección de Chiapas en 1994, la marcha al Zócalo, y la conformación del EZLN, sirvieron como un hito de sensibilización para los movimientos constituidos, por el respeto de los derechos territoriales y culturales, ante un gobierno despótico y fue crucial para la conformación y la reestructuración de otras formas de resistencia ante las políticas neoliberales especialmente frente al TLCAN. Jorge Hernández Díaz plantea al respecto, que a partir de esa manifestación, la noción de visibilidad indígena cambia para construir una nueva ideología para mantener la diversidad y de esa manera “ser reconocidos como unidades políticas constituyentes40.
Desde esa base, las demandas de la tierra surgieron como producto de reivindicaciones que tienen un significado cultural, histórico y simbólico, además del redistributivo, lo que hace diferente esa lucha con respecto a las anteriores, recordando a lo planteado por Víctor Toledo y las diversas significaciones de territorio que tienen para los pueblos indígenas.
Sobre esa nueva noción de movimiento indígena que surge en la década de los noventa, brotan, de igual modo, nuevos movimientos en la zona: el Consejo de Organizaciones Indígenas, las Organizaciones Indígenas Oaxaqueñas, el Consejo Nacional Indígena, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
donde convergen miembros de las diferentes etnias del Estado de Oaxaca, porque entendieron la importancia de las alianzas para ejercer resistencia. Fueron creados también distintos centros de investigación étnica (CIES) conformados por intelectuales indígenas, y distintos escenarios indígenas – como el Foro de Organismos Civiles de Oaxaca (FOCO), que en 2006 agrupaba 209 organismos, según Jorge Hernández.
Estos movimientos demandan conjuntamente respeto por los recursos naturales, prohibición de la explotación forestal a compañías privadas particulares, construcción de redes de comunicación y suministro de servicios públicos, instalación de tiendas de abasto y, lo más importante, respeto y restitución de territorios ancestrales, así como condiciones materiales y legales para mantener técnicas de producción ancestrales.
Para lograr estos objetivos impulsaron la creación de un marco jurídico que sirviese como garantía del cumplimiento de sus demandas culturales y del respeto de la tierra. Esto como una forma de ejercer autodeterminación al interior del Estado mexicano, tanto de la autonomía territorial, como jurídica y política.
Otras formas de resistencia se han manifestado en marchas, bloqueos, plantones como manifestaciones de acción colectiva, así como también documentos que han redactado dirigidos a las autoridades locales, en cuestionamiento del efecto de barbaries como la del maíz Starlink, mencionado con anterioridad, que amenaza la seguridad alimentaria y pública, y la permisividad ante este hecho, por parte del entonces gobernador del Estado Ulises Ruiz.
La UCIZONI agrupa 84 comunidades y colonias mixes zapotecas, zoques, chinantecas, barreñas, mixtecas y mestizas de 9 municipios del Estado de Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec, con sede en el municipio de
San Juan Guichicovi41. UCIZONI también ha participado activamente en el cuestionamiento de las estructuras y decisiones de las instituciones políticas estatales, a nivel local y regional. Desde 1992, la asociación ha apoyado al Partido de Revolución Democrática, y en alianza con otras organizaciones, ha funcionado como base en la lucha contra la estructura caciquil que ha primado en la región y el gobierno despótico del PRI, hasta la actualidad, en la que el PRD tiene la presidencia del municipio.
Carlos Beas Torres, coordinador de la UCIZONI, organización que ha liderado gran parte de las formas de resistencia en los últimos años, con respecto a la situación de la zona en 2006 expresaba lo siguiente:
Con una agricultura de subsistencia y la caída brutal de los precios internacionales del café, agudizada por la apertura comercial, son las remesas que envían los trabajadores que migraron al norte las que, en buena medida, le dan vida a Oaxaca. Por concepto de ingresos turísticos también se produce un importante derrame económico, que se concentra entre los grupos propietarios42
La UCIZONI traza programas alternativos para dar un uso más eficiente a los recursos con los que se cuenta, hace capacitación en materia de derechos humanos, programas de salud y prevención, programas de reforestación, y gestión y desarrollo de obras de tipo comunitario, en infraestructura y provisión de servicios básicos, cultivos orgánicos, utilización de estufas ahorradoras de leña principalmente
.Para los proyectos productivos, la UCIZONI cuenta con el apoyo de organizaciones civiles y organizaciones extranjeras. De Canadá y Holanda
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“Desarrollo y paz”, “Public Wellcell”, y en menor escala, el apoyo estatal y regional. La veeduría del desempeño de sus miembros también la coordinan organismos de cooperación internacional.
Según Eduardo Sandoval, frente al PPP, la UCIZONI, organización de mayoría étnica mixe, lideró la creación de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas del Istmo-mixes, chontales, zapotecas, zoques, junto a la Red “todos los derechos para todos” en 2002. Frente al PPP, donde la problemática se acentúa en el Istmo de Tehuantepec mediante la construcción de embalses, la UCIZONI, fomenta la coalición de organismos opositores al proyecto, llamando la atención de los enormes intereses económicos que yacen sobre el recurso. También en la región se llevan a cabo proyectos que generen alternativas a la invasión de importaciones de EEUU, y la manipulación genética. En este campo la UCIRI, ha sido protagonista.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) que tiene como base a campesinos caficultores, ha implementado programas que les permite la comercialización de su producto ante la incursión de empresas privadas explotadoras de madera que pagan muy bajo el precio del café. Para ello han buscado otros mercados alternativos con los cuales pueden exportar directamente como Holanda y Alemania, empezando a consolidar un “mercado alternativo”43.
Como complemento, empiezan a recolectar otros productos: maíz, fríjol, verduras, así como zarzamora y maracuyá; el mejoramiento de la salud mediante la aplicación de la medicina tradicional y las “hierbas sanas” mediante la “milpa campesina”. También el mantenimiento de la “cultura y sabiduría” por medio de las reivindicación de las múltiples lenguas que se hablan al interior de la organización. La UCIRI tiene una estructura política propia fundada en el ejido, como espacio territorial conformado desde la familia hasta las asambleas generales que tienen la tarea de dirigir los proyectos de la organización.
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En la actualidad, existen ocho proyectos que cubren los aspectos fundamentales que demanda la comunidad, dentro de los más importantes está la creación de un centro de educación campesina (CEC) creado en 1985, donde se pretende que los jóvenes de la organización se capaciten de acuerdo con las necesidades de los otros proyectos como el orgánico en cada comunidad; entonces el conocimiento adquirido se especializa en cultivos orgánicos, combate de plagas sin venenos químicos y nocivos, optimización de recursos naturales, y en otros casos, capacitación en técnicas para aprender a inspeccionar el café que se produce44.
Otro proyecto vital es el de café orgánico y la planta de procesamiento de frutas, como garantía para la seguridad alimentaria y el comercio. En estos proyectos se busca reivindicar el cultivo y producto orgánicos, mediante técnicas tradicionales desde la aplicación de la composta o abono, producto de la fermentación de material orgánico; el deshierbe de aquellas plantas que sean sólo perjudiciales, la poda, recepe y deshije de cafetos, la renovación de plantas, el abonado, la construcción de terrazas, y la regulación de las sombras, son medidas que se aplican al café de manera que se pueda garantizar su calidad de orgánico.
Por ello fueron certificados por Naturland de Alemania e IMO-control Suiza, para su legalización oficial por parte de la Unión Europea desde 1993; más tarde crearon su propia certificadora en la ciudad de Oaxaca recientemente acreditada por ISO 65, que es por lo tanto una estrategia de comercialización y a su vez de subsistencia.
El proyecto de la planta de procesamiento de frutas existe para crear mermeladas, jugos y concentrados de fruta, de manera industrial y artesanal, para el autoabastecimiento de la comunidad, pero también para la comercialización. Por eso encontraron que principalmente la zarzamora y el maracayá, son las frutas que más permiten ese comercio, así que aunque el proyecto no es muy ambicioso todavía, se están ampliando las áreas de producción e incentivando la demanda internacional.
Por lo tanto, la resistencia en el caso oaxaqueño tiene múltiples dimensiones, que van desde la acción colectiva popular como las marchas, plantones e interlocuciones con autoridades regionales hasta la resistencia que se crea a partir de las organizaciones propias, mediante una estructura política y la creación de proyectos que les permite el bienestar autónomo, partiendo desde sus propias cosmovisiones y métodos ancestrales.
La dinámica del movimiento indígena oaxaqueño es igualmente diversa y numerosa, ya que existen diferentes organizaciones indígenas cuyas actividades procuran estar en consonancia con el apoyo a otras organizaciones, en particular con aquellas que se identifican con el cuidado de los recursos naturales que ofrece el Istmo de Tehuantepec.
Capítulo tercero: El sur de Colombia
Con la Constitución de 1991 se da una mayor visibilidad a las comunidades nativas destacando la diversidad cultural de nuestro país; esas diferencias fueron consagradas en la Carta, donde se contemplan garantías para los pueblos indígenas, reafirmando la diversidad étnica y cultural de la nación. Al mismo tiempo que ocurría lo anterior se implementaron progresivamente las políticas de ajuste estructural y de garantía de la inversión extranjera, por parte del Estado.
Las manifestaciones del neoliberalismo en Colombia, que afectan a las comunidades indígenas del Cauca son prácticamente las mismas que se presentan en el caso mexicano, pero con algunas connotaciones particulares.
El Cauca colombiano: de la Ley Páez, al CRC, como desafíos neoliberales
Según el Censo Nacional efectuado por el DANE en 2005, el país cuenta con 42’090.502 de habitantes, 1’378.884 pertenecen a diversas comunidades indígenas (3.28 por ciento del total de la población) y tienen presencia en 27 departamentos y 228 municipios, en 710 resguardos titulados, que ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas, o sea 29,8 por ciento del territorio nacional45.
El departamento del Cauca está ubicado en la parte sur-occidental de Colombia, la extensión de su territorio representa el 2.7% del territorio nacional. Está conformado por 41 municipios y cuenta con una población total que asciende a 1´200.000 personas, de las que 245.486, pertenecen a diferentes
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pueblos indígenas, entre ellos los pueblos Nasa (Páez), Guambiano, Yanacona, Kokonuco, Totoroes, Inga, y Eperara Siapidara46, organizados en 77 resguardos indígenas. Los Nasa (Páez) hacen parte es la etnia más representativa de la región con una población de 167.207 individuos (Hernández, 2004) que se extienden por todo el departamento, incluso a otros como los del Huila y Putumayo
La principal amenaza que ha aparecido en los últimos años para la comunidad, han sido la flexibilidad de las políticas estatales en la protección de intereses particulares debido a la implementación de programas en el marco de la Ley Páez que se encuentra dentro de ese marco. Esta ley fue creada en 1996 y hace parte de una estrategia estatal, que surgió como política pública en ayuda a las comunidades que fueron víctimas del terremoto y posterior avalancha de Tierradentro en 1994.
El Centro de Investigación en Economía y Finanzas CIENFI de la Universidad ICESI (2004) afirma al respecto:
La Ley 218 de 1996 (más conocida como la Ley Páez) es tal vez el hito más importante de finales de siglo en la vida económica y social del departamento del Cauca y en especial del norte del Cauca. Es innegable la importancia de esta ley de incentivos tributarios en la transformación del aparato productivo caucano y en la atracción de inversión al departamento47.
A partir de la Ley Páez quedan exentas del impuesto de renta e impuestos complementarios las nuevas empresas del sector agrícola y ganadero, microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, y las compañías exportadoras y mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos. Para obtener dichos privilegios, las empresas debían instalarse efectivamente en la zona antes de 1994 y demostrar
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incrementos sustanciales en la generación de empleo. Esta política tuvo una duración de exención que rigió por un período de diez años.
Como resultado, la agroindustria de la caña se ha favorecido, no sólo por la producción de azúcar, sino por el auge del alcohol carburante, que generalmente exige grandes cantidades de tierra en primer lugar, y arroja un gran gasto ecológico, porque la quema de la caña mata los microorganismos y por lo tanto la vida de la tierra, mientras que la contaminación no disminuye, por el contrario, se consume más agua y por lo tanto se reseca la tierra.
La generación de empleo no tuvo el alcance que se esperaba con la Ley para la población indígena, por el contrario, Germán Campo, coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, afirma que a los “corteros” de la caña, que generalmente son indígenas, se les ofrece unas condiciones de trabajo precarias, volviendo a lo que se puede llamar una “nueva esclavitud”, mientras las estructuras familiares se separan, por lo tanto más allá de un problema netamente económico-ambiental, es un problema social.
(…) en últimas el beneficio lo obtienen los ingenios, el que gana no es