Los planes de colonización

Frente al magro resultado de la colonización dirigida por particulares y conjuntamente con los proyectos de ley sobre recuperación de las tierras públicas, el batllismo iniciará

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Para un mayor desarrollo sobre el tema de las tierras fiscales se puede consultar Frega- Maronna-Trochon (1983), Tomo II, p. 33 y ss.

ensayos de colonización impulsada por el Estado. En 1912 se aprobó la ley de expropiaciones, que establecía que el precio que el Estado pagaría por las tierras que expropiaba no podía ser mayor al valor del aforo para el pago de la Contribución Inmobiliaria, más un 50% en el caso de estar ubicadas en el interior del país. Esta disposición fue derogada en 191918.

En 1913 se aprueba la ley empréstito de colonización, que establecía un empréstito de $500.000 para la compra y fraccionamiento de tierras que serían vendidas en plazos de hasta treinta años a los colonos. No se llevó a la práctica por falta de recursos debido al fracaso del préstamo de Ethelburga.

Ante la mala situación de los agricultores y la reducción del área agrícola en los años de la guerra, una ley de 1921 autorizaba al Banco Hipotecario a otorgar préstamos que podían llegar hasta el 85% del valor de las chacras que se destinaban a colonización. Estas tendrían una extensión máxima de 75 ha y se daría prefe rencia a los uruguayos sobre los inmigrantes. Se otorgaba también un pequeño préstamo a los colonos para la adquisición de implementos de labranza.

En 1923 se creó la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario con un capital de 3 millones que podría ser extendido a 5 millones. La ampliación se efectuó en 1929, disponiéndose, además, que el préstamo cubriría el 100% del precio de la tierra. Los resultados fueron muy pobres, en 1945 aún obraban en poder de la Sección Rural $1.706.50019.

En 1929, durante el nuevo impulso reformista del batllismo, se presentaron dos nuevos proyectos vinculados al fomento de la agricultura que contemplaban soluciones de tipo enfitéutico. El primero planteaba la creación del Banco de Colonización e Industrial del Estado, cuyos cometidos incluían la expropiación de tierras que se venderían a plazos de hasta 30 años o se arrendarían por un plazo de 90 años, el otorgamiento de adelantos sobre la cosecha y de préstamos para la compra de semillas e implementos. El segundo fue el proyecto presentado por Baltasar Brum ante el Consejo Nacional de Administración, llamado “Tierras para el pueblo”, cuyo objetivo era erradicar los rancheríos y alentar la colonización. Se expropiarían 20.000 ha, las que se fraccionarían en quintas y chacras que el Estado arrendaría a los inmigrantes y al pobrerío rural por no menos de 30 años. Con lo obtenido se comprarían más tierras para continuar el proceso de colonización. Ninguno de ellos fue discutido.

Se puede concluir que los ensayos de colonización impulsados por el Estado no fueron un estímulo significativo para la expansión de la agricultura. Se instalaron doce colonias sobre 4.000 ha, con una población de 3.500 habitantes, la mayoría en los departamentos de Río Negro y Paysandú. Las colonias vivieron una situación difícil durante estos años y algunas de ellas terminaron disolviéndose. La única opción para los sin tierra, fueran inmigrantes o gente del país, siguió siendo la condición de arrendatario, con todas las penurias que comportaba.

La raíz de la debilidad de la colonización estuvo en el fracaso de la política de recuperación de las tierras públicas, con las que se habría podido extender la colonización más allá de los niveles del ensayo. Por otra parte, ante el fracaso de los

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Registro Nacional de Leyes y Decretos, 28 de marzo de 1912 y 27 de octubre de 1919.

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planes de impuesto progresivo sobre la tierra, el Estado careció de fondos para financiar la compra en cantidad significativa de tierras a repartir y suministrar a los agricultores los recursos necesarios para iniciar la explotación. Además, la forma como se fijaba el precio de la tierra a expropiar, a partir de que en 1919 se lo desvincula de su valor de aforo, lo elevaba en forma considerable. La potencialidad reformista de la estructura social y productiva del agro que significaba el cumplimiento de las tres medidas programáticas (impuesto progresivo a la tierra, recuperación de tierras públicas y colonización), era demasiado fuerte para que pudiera haberse llevado a cabo por los sectores que conformaban el bloque en el poder durante el período estudiado. Lo que llama la atención no es tanto el fracaso, sino la extrema debilidad con que se impulsaron algunas medidas parciales.

El batllismo también fracasó en su intento de crear una base social de apoyo a las reformas en el campo. En 1915 el gobierno creó la Comisión Nacional de Fomento Rural, integrada por pequeños y medianos productores rurales, a la que intentó oponer a la Federación Rural, dominada por los grandes estancieros. Esta y el conjunto de los sectores conservadores acusaron a la Comisión de ser un instrumento electoral del batllismo.

Por otra parte, los movimientos de resistencia de los agricultores fueron escasos y aislados. En 1912, luego del Grito de Alcorta en Argentina, se inició una huelga de agricultores en protesta contra las condiciones de los arrendamientos, que se desarticula rápidamente. En 1928, 4.000 agricultores de Canelones y San José marcharon sobre Montevideo reclamando soluciones para la colocación de la abundante cosecha de maíz de ese año (fue llamada por L. A. de Herrera “la marcha del choclo”). Sólo lograron que el Estado comprara una parte de la cosecha para su comercialización. Dos años más tarde, los colonos de San Javier intentaron, sin éxito, la formación de un sindicato agrícola.